Las principales autoridades municipales, originarias y representantes de organizaciones sociales de Pocoata, de la provincia de Chayanta (Potosí), rechazaron este fin de semana las versiones que atribuyen a la población local la responsabilidad del triple linchamiento de tres jóvenes acusados de robo de vehículo y exigieron el retorno inmediato de la Policía, la Fiscalía y el Juzgado, instituciones que abandonaron la región tras los violentos hechos registrados la madrugada del 29 de mayo.
Mediante un pronunciamiento público emitido en el Salón Rojo del municipio, las autoridades expresaron su respaldo a las investigaciones abiertas por el Ministerio Público para esclarecer la muerte de Félix C.P. (28), Eloy C.C. (24) y Riner M.F. (22), quienes fueron sacados por la fuerza de celdas policiales y posteriormente hallados calcinados en el Cementerio General de Pocoata.
“Creemos que se deben realizar las investigaciones pertinentes a los hechos sucedidos y, en su caso, sancionar a quienes corresponda”, señala el documento leído por representantes de las instituciones locales.
El pronunciamiento surge en medio de la conmoción nacional provocada por el caso, considerado uno de los episodios de justicia por mano propia más graves de los últimos años en el norte de Potosí.
Las autoridades locales insistieron en que los responsables del hecho no pertenecen a la población urbana de Pocoata, sino que serían personas provenientes de comunidades aledañas que llegaron al municipio tras conocer la aprehensión de los sospechosos por el presunto robo de un vehículo.
“Afirman de forma equivocada que los pobladores de Pocoata lincharon a tres personas, sin ser cierto”, sostuvieron durante la lectura del pronunciamiento, argumentando que el hecho ocurrió durante la noche, cuando la mayoría de los habitantes se encontraba en sus domicilios.
Representantes de juntas vecinales y del Comité Cívico reforzaron esa versión y señalaron que el municipio históricamente ha convivido con las instituciones estatales y ha recurrido a ellas para la resolución de conflictos.
“En Pocoata tenemos Fiscalía, Policía y Juzgado. Siempre hemos respetado esas instancias”, afirmó uno de los dirigentes, quien lamentó que el hecho haya derivado en el retiro de funcionarios públicos de la región.
La preocupación de los pobladores se profundizó después de que la Policía Boliviana confirmara el repliegue total de sus efectivos y del personal del Ministerio Público.
El comandante regional del norte de Potosí, coronel Luis Alejandro Meneses, informó que la decisión fue asumida tras los ataques sufridos por las instalaciones policiales y ante la necesidad de contar con garantías de seguridad para el retorno de los funcionarios.
“Todos los activos en cuanto a infraestructura y vehículos fueron entregados al personal de la Alcaldía Municipal. Hemos retirado al personal policial del lugar. El Ministerio Público también se ha retirado”, declaró la autoridad policial.
Piden retorno de la Policía
Meneses explicó que cerca de 200 personas irrumpieron en las dependencias policiales de Pocoata, violentaron candados, destruyeron bienes estatales y sacaron a los tres detenidos que permanecían bajo custodia.
Según el jefe policial, los sospechosos fueron trasladados inicialmente a la plaza principal y posteriormente al cementerio, donde fueron amarrados y quemados vivos.
La autoridad sostuvo que la Policía intentó movilizar un contingente de refuerzo desde otras regiones del norte potosino, pero los bloqueos instalados en las carreteras impidieron el ingreso oportuno de los efectivos.
“Mandamos un contingente de treinta personas para brindar apoyo; sin embargo, por los bloqueos no hemos podido pasar. Había amenazas incluso de dinamitar sectores por donde debíamos ingresar”, explicó.
Pese a ello, las organizaciones sociales de Pocoata consideran que el repliegue institucional agrava la situación y deja al municipio en una condición de vulnerabilidad.
“No merecemos ni permitiremos que nuestro municipio se convierta en un pueblo sin autoridades ni leyes. Retirar a las instituciones no solucionará lo sucedido”, señala el pronunciamiento.
En ese sentido, las autoridades locales se comprometieron públicamente a brindar protección y garantías a policías, fiscales, jueces y demás servidores públicos para que puedan retomar sus funciones.
Mientras tanto, una comisión de fiscales continúa con las investigaciones por el delito de asesinato para identificar a los autores materiales e intelectuales del triple crimen. El Ministerio Público busca determinar quiénes participaron en el asalto al módulo policial, quiénes promovieron la movilización y quiénes ejecutaron la muerte de los tres jóvenes.
El caso ha reabierto el debate nacional sobre los límites de la justicia por mano propia, la presencia estatal en regiones alejadas y la capacidad de las instituciones para prevenir episodios de violencia colectiva que terminan desafiando la autoridad del Estado.