El ministro de Gobierno señaló que el artículo 11 de la ley de Ascensos solamente consolida lo que dice la CPE. Ese artículo generó tal polémica que el oficialismo decidió posponer su tratamiento en el Senado

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24 de junio de 2021, 4:00 AM
24 de junio de 2021, 4:00 AM

La Policía Boliviana llega hoy a su 195 aniversario y en la Asamblea Legislativa Plurinacional está en debate un proyecto de ley en que se establece que el ministro o ministra de Gobierno estará por encima del comandante general en el Estado Mayor policial.

El proyecto de ley de Ascensos que fue aprobado el martes por la Cámara de Diputados modifica la estructura de la cúpula policial y ubica en primer lugar “a la ministra o ministro de Gobierno”.

Policías del servicio pasivo, y también activo, como la oposición, criticaron esa decisión aduciendo que un civil estará al mando de la Policía. Dentro del MAS, el debate fue intenso y, al final, la bancada de senadores decidió suspender el tratamiento del proyecto hasta julio.

La asambleísta Ana María Castillo (MAS), presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, FFAA y Policía, emitió un comunicado en el que confirmó que notificó a los asambleístas titulares y adscritos a la comisión para la XII sesión ordinaria que debía realizarse ayer a las 18:00 por vía virtual. El punto principal de esta reunión era el tratamiento de este proyecto antes de pasarlo al pleno.

Sin embargo, el texto del documento al que accedió este medio, advierte en su parte final que “se procede a suspender la sesión de comisión para su ulterior reprogramación hasta después del receso legislativo”, es decir, en el mes de julio. Más temprano, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez (MAS), adelantó que se revisaría la fecha para la aprobación de la ley.

“Lo que corresponde es que Diputados derive la norma 24 horas antes del tratamiento en sesión (de Senadores). Lo más probable es que lo tratemos en las próximas sesiones”, dijo Rodríguez.

El malestar causado por el artículo 11 generó protestas en la plaza Murillo. “Sabemos que hay malestar, y nosotros siempre vamos a exhortar que el Ministerio de Gobierno y los sectores que no están de acuerdo se sienten a debatir. Es importante resolver estas dudas o quejas, ya el ministro (del Castillo) declaró que no hay molestia en el Alto Mando ni en los subalternos, pero es importante sentarnos con quienes están movilizados”, manifestó

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por su parte, explicó a este medio que las observaciones son de quienes se oponen a la ley. “Es politiquería barata”.

El artículo 11contempla la dependencia orgánica del mando policial, y establece que las fuerzas de la Policía dependen del presidente o presidenta de Estado por intermedio del ministro o ministra de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el artículo 252 de la CPE. En el inciso II señala que el mando policial está conformado por el ministro o ministra de Gobierno, comandante general de la Policía, subcomandante y jefa o jefe del Estado Mayor y suboficial del Estado Mayor del Comando General de la Policía, en ese orden.

El texto de la norma presenta dos novedades, que el ministro sería el primero dentro de la organización policial, y se introduce un elemento nuevo, que un suboficial, que hasta ahora tenía exclusivamente un nivel subalterno, llegará a la máxima instancia de decisión policial.

Actualmente, la organización de la Policía tiene al comando general como la instancia superior, luego viene el subcomandante, y el inspector general.

Del Castillo explicó: “Es necesario contrarrestar los esfuerzos de algunos opositores de confundir a la población. Lo que se hace con ese artículo (11) es precisamente lo contrario. Es decir que la disposición replica lo que establece el artículo 252 de la CPE: que la Policía Boliviana depende del presidente por intermedio del ministro de Gobierno. Lo mismo se establece en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su artículo 19, con el ministro de Defensa”.

Opiniones

Un coronel en servicio activo de la Policía que pidió guardar su nombre en reserva, explicó que la institución no está en contra de una ley que plantea también la carrera del generalato y abre un nuevo abanico de posibilidades como darle decisión a un suboficial. “Estamos en contra de lo que se enmascara en esta ley. El artículo 252 habla de dependencia, en ningún caso de mando. Ahí está la picardía, al poner en función de mando al ministro que es un civil, se viola la Constitución Política del Estado, porque politiza a la institución que, según la Carta Magna, no puede deliberar”.

Recordó que los policías son funcionarios públicos, “que dependemos evidentemente de la cabeza del Ejecutivo, que es el presidente del Estado Plurinacional. Pero cada una de las instituciones, Policía, FFAA y todo el sector público, tiene una dependencia orgánica única en su mando. El nuestro es el comandante general, si esto se aprueba nuestro comandante será un civil, el ministro de Gobierno”, recalcó.

Para la senadora de Creemos Centa Rek lo que oculta esta ley “es una franca vulneración de la Ley Orgánica de la Policía, porque se configura un estado mayor que tendrá a la cabeza al ministro de Gobierno, no a un general de la Policía”.

La asambleísta Rek y el abogado constitucionalista Williams Bascopé coincidieron, por separado, en que esta figura sigue el modelo venezolano, nicaragüense e incluso cubano.

Bascopé manifestó que el ministro Del Castillo falta a la verdad o no está estudiando la Constitución. “La dependencia es la subordinación al mando de orden del presidente, pero en el aspecto administrativo, no en los ámbitos operativo, ejecutivo, táctico, técnico, logístico. Todo eso lo maneja y depende directamente del mando policial, obviamente escuchando al presidente, quien como civil, al igual de que su titular de Gobierno no tienen la formación necesaria para ver todos esos aspectos.

El coronel en retiro y abogado Rolando Fernández, que además fue comandante de la Policía de Santa Cruz, entrevistado por el programa Influyentes, que emite EL DEBER Radio, señaló que esta ley traerá “muchas complicaciones para la Policía Boliviana”.

Consideró que se rompe la estructura institucional de la Policía, se incluye “en una figura camuflada, burda, la figura del Ministerio de Gobierno como parte del Estado Mayor Policial. Esto significa que habría una fusión entre lo político y lo institucional.

“Naturalmente que la Policía pierde porque se consolida el sometimiento pleno al régimen político de turno”, aseveró.

La intencionalidad, coincidieron Fernández y Bascopé, es “politizar a la Policía, someterla plenamente al poder”.

Esta es una ley que busca, según los entrevistados, evitar que se repita un escenario de motín como el que se registró en 2019, en contra del gobierno del MAS.