Policía dice que imputaron a Arias por el caso Bajo LLojeta; su defensa desconoce resolución

De acuerdo con las declaraciones del director nacional de la Felcc, coronel Walter Sosa, el alcalde Iván Arias fue imputado por dos delitos, incumplimiento de deberes y lesiones graves y gravísimas; sin embargo, la defensa del burgomaestre dijo que no fueron notificados con la resolución fiscal.

“El señor Arias ha sido imputado por lesiones graves y leves e incumplimiento de deberes”, dijo el jefe policial y añadió que también existe una orden de aprehensión contra el empresario Luis Iturralde Moreno cuya extradición está en curso ante el Perú.

Pese a la afirmación del jefe policial, la asesora del municipio, Amparo Morales, declaró desconocer la resolución que hay contra el burgomaestre paceño y recordó que el día que declaró (lunes 9 de diciembre), el fiscal no les manifestó que estuviera imputado.

“Nosotros no hemos sido notificados con ninguna resolución de imputación, en todo caso el Ministerio Público es el encargado de pronunciarse o de comunicar y emitir una imputación contra el alcalde”, dijo la abogada descalificando las declaraciones del coronel Sosa.

Los alcaldes de los municipios de Achocalla y La Paz, además de funcionarios públicos y empresarios de la constructora Kantutani son investigados por la Fiscalía como responsables de la mazamorra que sepultó unas 40 casas en la zona de Bajo Llojeta y mató a una menor de 5 años.

Por esta tragedia está detenido preventivamente el alcalde de Achocalla, Manuel Condori Quispe en el penal de Patacamaya y Arias declaró el lunes en calidad de investigado, aunque luego fue liberado por la fiscalía.

Audiencia

Mientras la empresa Kantutani hizo conocer que este miércoles se realizó la audiencia de acción popular que presentó el municipio paceño contra esta empresa por esos sucesos. Sin embargo, la justicia determinó que sea el municipio paceño quien debe intervenir de inmediato en el lugar.

“La resolución establece claramente que la Alcaldía es la única responsable legal de ejecutar los trabajos de mitigación y recuperación. No es cierto, y esto es plenamente verificable con el acta que emitirá la sala constitucional, que Kantutani deba ampliar su plan de contingencia a otras áreas afectadas por el fenómeno, como ha estado difundiendo públicamente el GAMLP”, señaló la empresa a través de un comunicado.

No corresponde que el municipio de La Paz delegue sus responsabilidades a instancias privadas, como había solicitado la dirección jurídica de la Alcaldía en su demanda de Acción Popular, señala otra parte del comunicado de la empresa.

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