Policía va tras los pasos de tercer implicado en el caso UPRE
Pese a que la Fiscalía y Policía manejan el informe de 14 establecimientos en Cochabamba, la firma del proyecto se realizó para 12 escuelas
Édgar I.P.G. planteó una acción de libertad en contra de la Fiscalía luego que lo involucraran en el caso del robo de propiedad intelectual ocurrido en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), finalmente la justicia en La Paz decidió no otorgar la tutela en favor del demandante y el mandamiento de aprehensión sigue vigente.
De acuerdo con los informes Édgar I.P.G. tenía una orden de aprehensión junto con Luis A.M.B. y Lucy R.M., su paradero era desconocido y se activó la orden de búsqueda; sin embargo, presentó una acción de libertad aduciendo que nunca fue notificado sobre la investigación. Curiosamente la audiencia se realizó de manera virtual.
La Fiscalía investiga los delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contra seis personas, dos de ellas están aprehendidas, el encargado de proyectos de la UPRE en Oruro, Luis A.M.B. y la exfuncionaria de esa entidad, Lucy R.M.; la tercera persona que debe ser aprehendida es Édgar I.P.G., cuya audiencia se realizó la tarde de este martes.
Las autoridades investigan un caso que data de septiembre de 2019, cuando se firmó un acuerdo para la construcción de 12 establecimientos escolares en Cochabamba. El proyecto de edificación fue elaborado por la empresa “consultora constructora Hugo Araníbar Estructuras y Proyectos S.R.L.”, con sede en Oruro.
Pese a que la Policía y la Fiscalía informaron que son 14 establecimientos, en la firma del contrato entre el programa “Bolivia cambia Evo cumple” y las empresas solo figuran 12 establecimientos que debían ser edificados.
Hugo Araníbar elaboró todo el proyecto con los planos respectivos a condición de que sea el ejecutor del mismo; sin embargo, su proyecto habría sido hurtado por los acusados y entregados los documentos a 12 distintas empresas de Cochabamba para su ejecución por un monto de Bs 52,8 millones, ese es el delito.
EL DEBER logró contactar a los abogados de los acusados, Rolando Llanos Martínez es abogado de los dos primeros acusados y dijo no tener información por el momento, pese a que la audiencia de acción de libertad fue la tarde de este martes y ellos estaban presentes. El otro abogado es Frank Campero quien patrocina a Édgar I.P.G.
