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La audiencia cautelar que debía llevarse a cabo este viernes contra el gobernador Óscar Montes; el alcalde Johnny Torres; el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila; y el secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte, Gabriel Pérez, se suspendió para el 2 de febrero.

El aplazamiento se debe a que Pérez y un grupo de jóvenes activistas interpusieron un incidente de nulidad contra la imputación dictada por la Fiscalía Departamental.

"Asistimos a la audiencia, pero el señor Pérez y los jóvenes presentaron un incidente de nulidad, motivo por el cual el juez informó la postergación hasta el 2 de febrero", confirmó el presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Ávila.

El líder cívico junto al gobernador Óscar Montes, el alcalde Jhonny Torres y el dirigente del autotransporte, Gabriel Pérez, fueron imputados por los delitos de separatismo e instigación pública a delinquir por su participación en el paro cÍvico de noviembre de 2021 para exigir la abrogación de la Ley 1386 y otras leyes.

La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, afirmó que con este caso, "el gobierno del MAS pretende arremeter contra las autoridades electas y dos dirigentes que encabezaron en la lucha cívica a finales del pasado año".

"La persecución política del partido oficialista no tiene límite y se les imputa por delitos absurdos. Al presidente Luis Arce le pedimos que termine con este abuso de poder", expresó Campero.

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