Postergan la entrega de informe del GIEI a las víctimas de Senkata y Sacaba
La fecha fue trasladada al 18 de agosto. Los expertos empezarán la entrega pública del informe el martes y luego se trasladarán a seis departamentos donde trabajaron
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que concluyó su trabajo sobre los sucesos de 2019 entregará su informe a las víctimas de Senkata el 18 de agosto, con una demora de dos días.
“El día 18 de agosto de 2021, a horas 10:00 en la Iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en la zona 25 de Julio de la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto, el GIEI-CIDH entregará públicamente a las víctimas el esperado informe final”, señala la convocatoria de la Asamblea de Derechos Humanos de esa ciudad.
El presidente de esta entidad de defensa de DDHH, David Inka, había manifestado que la entrega sería el mismo 16 de agosto, fecha prevista por el GIEI para hacer público el reporte que trabajó a lo largo de este tiempo, sin embargo, sufrirá un retraso de 48 horas.
El GIEI desplegó un equipo de seis personas e involucró a otro grupo más grande que trabajó a lo largo de ocho meses en contacto con las víctimas, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, testigos de los hechos de violencia y las distintas autoridades e instituciones, señala una publicación del responsable del GIEI, Jaime Vidal Melero.
El 23 de julio el grupo de especialistas entregó su informe al Gobierno boliviano que a su vez tenía un plazo de 10 días para realizar las observaciones que creyera pertinentes. Hasta el momento, no se conoció de alguna observación que hubiera realizado el Ejecutivo boliviano a ese trabajo.
Las víctimas resaltan el pre-informe del 10 de diciembre de 2019 de la CIDH, que afirma que durante el gobierno transitorio se cometieron juicios extrajudiciales, graves vulneraciones a los DDHH, asesinatos, masacres y torturas, infracciones cometidas en desmedro de la Convención Americana de Derechos Humanos y de las garantías constitucionales del Estado, por lo que demandan sanciones y reparaciones.
Asimismo, exigen que las conclusiones de este trabajo sean vinculantes para las autoridades, pues así estipula el acuerdo que suscribieron el Estado boliviano y la CIDH; aunque las autoridades nacionales afirmaron que tendrá un carácter “mixto”, es decir que algunas cuestiones serán vinculantes y otras serán recomendaciones de los expertos.
