Prensa de Potosí se declara en emergencia; temen persecución política
En un pronunciamiento, piden que se cumpla con el debido proceso judicial en todos los casos y condenan la movilización policial del jueves en la noche
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa en Potosí, a través de un pronunciamiento, expresó su preocupación por los últimos acontecimientos en ese departamento y el numeroso contingente policial desplegado la noche del pasado jueves, donde se procedió a la aprehensión del exlíder cívico Marco Antonio Pumari.
“Nos constituimos en estado de emergencia y alerta ante cualquier intento de persecución a los compañeros de la prensa. No permitiremos ningún tipo de atropello ni intención de amordazar a la prensa potosina”, dice parte del pronunciamiento.
"Advertimos a las autoridades nacionales que estamos en un estado de derecho, que es necesario garantizar el debido proceso bajo responsabilidad no solo administrativa sino también penal", señala la federación, y también pide a la población potosina resguardar los derechos constitucionales al acceso de la información de Comunicación y Prensa.
Asimismo, convocan a todos los trabajadores de la prensa del país a unificar esfuerzos ante las posibles arremetidas arbitrarias de censura y persecución política.
También instan a la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y organizaciones internacionales proteger acuerdos y tratados sobre el derecho de la libertad de expresión, de información y de prensa.
Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia también se manifiesta
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPD) expresó su apoyo a la prensa potosina y le recordó a las autoridades departamentales y nacionales que tienen la obligación de proteger la integridad física de los periodistas en cumplimiento de los convenios internacionales que el Estado boliviano suscribió y que son parte del bloque de constitucionalidad.
La ANPD también mencionó que el índice Chapultepec, que mide la libertad de expresión en los países del hemisferio americano, ubica a Bolivia en un escenario frágil para la libertad de expresión y prensa que bordea pasar de una parcial restricción a una alta restricción.
