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La presidenta Jeanine Áñez remitió a consulta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas, que es considerada como una norma de “arraigo”, porque obliga a extitulares a quedarse al menos tres meses en el país, después de dejar sus cargos.

El ministro Yerko Núñez informó sobre la remisión del texto, promovido por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, señalando que “esa es una propuesta política y revanchista” y reiterando sus críticas al bloqueo de los créditos por parte de diputados y senadores.

La disposición establece la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses luego de haber cesado el mandato o ser destituido la o el presidente, vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, las directivas y oficialías mayores de la Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

Tuit del ministro:

La ley indica que, en esos tres meses de permanencia obligatoria, los extitulares deben “rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado” y advierte que “las autoridades salientes que incumplan la presente ley serán pasibles penalmente”.

En su momento la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) consideró que la norma transgrede estándares internacionales, instando a que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso y la presunción de inocencia.