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Los comunicados constituyen, como su nombre lo indica, una comunicación”, esa fue la explicación que ofreció este jueves el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, sobre el documento que permitió que Jeanine Áñez asuma transitoriamente la Presidencia en 2019.

Enredándose en algún momento en sus propias palabras, Franco evitó aclarar si dicho documento fue o no aprobado por la Sala Plena de esa instancia y dejó todo en manos de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre el caso de supuesto “golpe de Estado”.

“Hay comunicados que tienen distintas características, hay algunos internos que solamente son para suspender alguna actividad. Las conclusiones las sacará el Ministerio Público en el marco de la investigación que está llevando adelante, yo no soy el fiscal como para dar cuenta de cuál será la conclusión a la que puedan arribar”, agregó.

Esta semana se conoció un informe del TCP al Ministerio Público que indica que “no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”.

Sus declaraciones:


Consultado sobre si dicho comunicado avalaba o no la asunción de Áñez, Franco reiteró que “el comunicado fue una cuestión de orden informativa” y que eso se informó con el documento ampliamente difundido y entregado al Ministerio Público.

En ese pronunciamiento de noviembre de 2019, los magistrados del TCP reconocían que había un vacío de poder frente a las renuncias de las principales autoridades del Estado, los cuatro cargos, “considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro país y el vacío de autoridad que han dejado las renuncias a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, así como de las Presidencias de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

A juicio del Gobierno, el descargo del TCP confirma que se produjo un “golpe de Estado”, seguido de una autoproclamación a la primera magistratura del país. "Nunca hubo reconocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a la autoproclamación definida en reuniones fuera del Legislativo”, resaltó al respecto el ministro de Justicia Iván Lima.

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