Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó que la justicia hubiera respetado el calendario electoral pese a casi 50 acciones y admitió fallas como el caso de San Ignacio, pero atribuyó parte de la crisis y las críticas al incumplimiento de normas por parte de organizaciones políticas.
Ávila, conversó ayer con el programa Qué Semana, de EL DEBER, que conduce Juan Manuel Ijurko. En ese contexto dijo que existen todas las condiciones para una segunda vuelta segura y advirtió que obstaculizar la votación es un delito. Planteó como desafíos urgentes, tras el cierre de este proceso electoral, la reforma de la ley electoral y actualizar el padrón de acuerdo a estándares de alcance internacional.
¿Cómo evalúa el proceso electoral que culmina este domingo con el balotaje?
Ha sido un proceso complejo, con tensiones y judicialización, pero también con avances importantes. Hoy podemos decir que la democracia ha avanzado: antes las ánforas se enviaban cerradas y el conteo se hacía a puerta cerrada; ahora el conteo se realiza en cada mesa, con transparencia. Ese es un cambio estructural.
¿Qué factores marcaron este proceso?
Principalmente, la cantidad de organizaciones políticas y candidatos. Hemos tenido cerca de 300 organizaciones entre partidos y agrupaciones, lo que generó una elección altamente competitiva, pero también con problemas derivados de la falta de cumplimiento de la ley por parte de algunos actores.
El caso de San Ignacio marcó la agenda. ¿Qué pasó realmente?
En San Ignacio confluyeron tres problemas distintos: papeletas equivocadas, un partido inhabilitado que apareció en la boleta y un candidato también inhabilitado. El tema de las papeletas fue un error que ya está siendo investigado, pero los otros dos casos responden a incumplimientos de las organizaciones políticas.
¿Ese episodio afectó la credibilidad del proceso?
Generó un impacto, sin duda, pero también obligó a reaccionar. Como Órgano Electoral asumimos responsabilidad institucional y decidimos acompañar el proceso en Santa Cruz para garantizar que la segunda vuelta se desarrolle correctamente.
El TSE enfrentó múltiples recursos judiciales. ¿Qué balance hace?
Hemos sido citados cerca de 48 veces ante jueces en este proceso. Sin embargo, a diferencia de otros años, la justicia respetó el principio de preclusión y no alteró el calendario electoral. Aun hay tres casos que están pendientes. Eso es un avance que hay que reconocer.
¿Hubo presiones o amenazas en este proceso electoral?
Sí, incluso amenazas públicas de actores políticos. Pero no vamos a actuar fuera de la ley. Si lo hiciéramos, seríamos nosotros los procesados.
¿Qué garantías existen ahora para el balotaje?
Tenemos planes logísticos y de seguridad. Lo importante es que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Además, es clave que los jurados estén desde las seis de la mañana para evitar errores como los registrados anteriormente.
¿Qué pasa si alguien intenta impedir la votación?
Ese es un delito penal. Obstaculizar un proceso electoral implica cárcel. Eso debe quedar claro.
¿Qué le deja este proceso al sistema electoral?
Nos deja dos tareas urgentes. Por una parte, actualizar la ley electoral y renovar el padrón. La normativa actual está desfasada y permite distorsiones, como la proliferación de organizaciones sin respaldo real.
¿Hay voluntad política para esos cambios?
Percibo mayor apertura en la nueva Asamblea. Hay que aprovechar este momento; sería irresponsable llegar a un nuevo proceso con las mismas reglas.
¿Qué viene después del balotaje de este domingo?
El 28 de abril se entregarán las credenciales a los candidatos que hayan resultado ganadores y se cerrará oficialmente el proceso. A partir de ahí, debemos concentrarnos en fortalecer el sistema electoral.
¿Con qué mensaje cierra este ciclo?
Que la democracia se ha fortalecido. Ha sido un proceso exigente, con errores y tensiones, pero también con avances. Lo importante es que el domingo Bolivia vote y el resultado se respete.