‘Presos políticos’ denuncian peor trato de los que reciben personas con delitos mayores

Los “presos políticos” y sus familiares denuncian que en Bolivia hasta un asesino, un violador o un narcotraficante reciben más visitas y mejor trato que ellos. La expresidenta Jeanine Áñez, los abogados del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el caso del dirigente César Apaza describen la discriminación que enfrentan en los penales. Por su lado, las autoridades nacionales aseguran que no existen diferencias en la atención a los reclusos.

La expresidenta Jeanine Áñez padece problemas coronarios y de presión arterial, pero las autoridades penitenciarias impiden que sea internada fuera de la cárcel de Miraflores. A consecuencia de eso, tuvo que recibir tratamientos en su celda.

En el libro ‘A puño y letra’, escrito por la exmandataria desde la cárcel, dice que “dentro del penal, las últimas dos directoras, Maribel Barrenechea y Estefanía Cervantes han tomado mi estadía como algo personal, como si su rol fuera torturar, no solo a mí, sino también a mi hija, seguramente pensando que con esas actitudes ganaban puntos con el poder. Los abusos fueron recurrentes y, gracias a Dios, ya no dirigen más el penal. No me las quiero imaginar con más grado y en puestos de mayor jerarquía”. Relata, además, que sólo puede recibir visitas de personas que apellidan Áñez y de su hijo menor.

Carolina, su hija mayor, dice que su madre “es una presa política, y lo terrible de eso es que el Gobierno te tortura día a día de manera psicológica, emocional y física. Te mantienen aislado, no puedes tener comunicación con nadie, te prohíben las visitas, un derecho de cualquier ciudadano”, dijo.

Carolina la ve muy poco, la última vez fue “en mi cumpleaños”, el 1 de mayo. Espera verla la semana que viene, cuando Áñez cumplirá años “y poder estar con ella y mi hermano, pasar, aunque sea dos horas, que es lo que nos permiten”.

¿Qué le dicen las autoridades para no permitirle el ingreso?, se le preguntó: “‘Su madre es una presa política, hay órdenes superiores que indican que usted no puede ingresar’, así me dicen. Presumo que vienen del presidente Luis Arce, del ministro (de Gobierno Eduardo) Del Castillo, ellos son los abusivos que cometen estas ilegalidades”, relató en una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio.

En otro penal, en Chonchocoro, el dirigente cocalero de Yungas, César Apaza sufrió una embolia y tiene medio cuerpo paralizado, pero permanece encerrado.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, del 1 de junio, el dirigente yungueño sufrió trato cruel, degradante y lesiones por parte de policías cuando fue aprehendido en septiembre de 2022. También cuestionó al fiscal que investigó el caso, Carmelo Laura, por haber omitido acciones que podrían configurar una tortura.

En el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sus abogados denuncian que la autoridad cruceña sufre de una hipoglobulinemia variable del adulto: deficiencia selectiva de las inmunoglobulinas IgG, que lo obligan a recibir un tratamiento que debiera tener una regularidad fija. Pero, eso no se cumple y en el mes de abril ordenaron que suspendiera la administración de medicamentos para obligarlo a asistir a una audiencia judicial virtual. Camacho ha perdido más de 20 kilos de peso por una dieta que, él mismo señala, fue impuesta por los médicos del penal.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó en mayo que la familia de Camacho y sus abogados tienen irrestrictas las visitas al penal de Chonchocoro. Explicó que los días de visita habilitados para los privados de libertad en ese recinto carcelario son los jueves, sábado y domingos, de 9:30 a 16:30.

“Sus familiares, incluso, van otros días, porque hay una preocupación. No está previsto en la ley de que alguien pernocte con el privado de libertad todos los días. Lo hemos hecho precautelando el bien mayor, que es la salud. Lo hemos hecho para apoyar”, dijo el funcionario.

Sin embargo, el abogado Martín Camacho desmintió que eso sea así. Las visitas al gobernador son cada vez más restringidas. Denunció que en un proceso similar al de Áñez, el preso político ve cada vez menos a sus seres queridos y que se restringe su ingreso, incluso en los días de visita.

El 23 de mayo, la justicia volvió a negarle una acción de libertad. En esa aparición, con traje y la banda de gobernador, exclamó en la audiencia: “No abusen de mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme”. Fue una acción desesperada, pero de todas formas el resultado fue: “denegado”.

Peor suerte corrió el exdirector del Fondo Indígena en Bolivia y el principal denunciante de un millonario desfalco en esa entidad Marco Antonio Aramayo, que falleció el 19 de abril de 2022 luego de varios días en terapia intensiva y de estar siete años con detención preventiva por ese caso. Su salud nunca fue atendida, pese a los pedidos de sus abogados y familiares.

Las penurias que enfrentan los presos políticos del régimen de Luis Arce contrastan con otros casos. Felipe Edvaldo Menezes Iglesias (nombre apócrifo de André Luis Xavier da Rocha), un peligroso sicario brasileño integrante del cártel Primer Comando de la Capital (PCC), que guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

El 31 de enero de 2023, una orden del entonces director del penal de Chonchocoro, mayor Napoleón Espejo Candia, fue suficiente para que el reo brasileño sea trasladado del recinto hasta el Hospital de Clínicas en La Paz. La orden señala que la salida es de “emergencia” y no existía una orden judicial de por medio.

El recluso extranjero salió del penal con permiso especial, llegó al hospital, ubicado en Miraflores y se ganó la confianza de sus dos custodios, quienes confiaron en él y le quitaron las manillas para que fuera “al baño”. En ese momento aparecieron sus cómplices y él mismo les disparó a los dos policías y mató a uno de ellos. En la ocasión, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, prometió una investigación profunda cuando el reo fue recapturado.

La justicia también avanza lento en el caso de Misael Nallar, acusado del triple asesinato de policías, ocurrido el 21 de julio de 2022 en el municipio Porongo.

Nallar es el yerno de Jesús Einar Lima Lobo Dorado, considerado “pez gordo” del narcotráfico por la Policía boliviana, quien fue condenado a 14 años de cárcel por la justicia de Brasil por sus nexos con el PCC, en 2017 y en mayo de 2021 fue extraditado a Brasil, acusado de ser el jefe de un clan de narcos de Beni con vínculos en Brasil y Colombia.

Nallar fue detenido el 23 de junio de 2022 sindicado por los asesinatos de los sargentos Eustaquio Olano y Alfonzo Chávez Flores y el voluntario José David Candia.

Fuentes de la indagación confirmaron a este medio que Nallar es un reo que no tiene restricciones, e incluso está protegido dentro de la prisión. Hace dos semanas, los familiares de los policías fallecidos expresaron su voluntad de desistir del proceso en favor de Nallar.

“En calidad de víctimas presentamos de manera libre y voluntaria el desistimiento del presente proceso penal a favor de Misael Nallar Viveros”, refiere parte de la solicitud de las víctimas en este caso. Además, en el documento los familiares de los tres muertos explican que han tomado esta decisión porque consideran que no fueron escuchados ni recibieron las garantías necesarias durante el proceso. Expresan su falta de confianza en la administración de justicia en general.

Sólo entonces, el lunes de la semana pasada, la Fiscalía presentó la acusación formal para juicio oral contra Nallar Viveros y otros tres imputados por el triple asesinato de policías.