Procurador a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso de gases lacrimógenos

El Procurador General del Estado, José María Cabrera, sería removido de su cargo este viernes, impulsado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Su oposición a la privatización de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) que anunció la propia Presidenta Jeanine Áñez durante el aniversario de Cochabamba y las investigaciones por supuesta corrupción en la compra de gases lacrimógenos de parte del Ministerio de Gobierno, serían las principales causas.

“El ministro Murillo está haciendo gestiones para que la Presidenta Áñez remueva al Procurador, por haber efectuado estas dos actuaciones que lo comprometerían y habrían desencadenado la furia del ministro”, denunció Cabrera a EL DEBER.

Se intentó hablar con el ministro Murillo. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota periodística, no contestó.

Privatización de acciones

El lunes pasado, la Jefa de Estado dijo que la dictadura masista confiscó a 120 mil familias las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC). “Yo me comprometí a devolverlas y hoy, un 14 de septiembre, día de Cochabamba, cumplo mi promesa y devuelvo estas acciones a sus verdaderos dueños”, anunció.

Pero para el Procurador, esto es una “directa privatización de la empresa estratégica estatal” y patrimonio de todos los bolivianos. Con esa visión, la semana pasada en reunión con el Consejo Nacional de Políticas Económicas (Conape), instancia previa a las reuniones de gabinete de ministros, Cabrera formuló sus observaciones y objeciones por la ilegalidad de pretender atentar contra el patrimonio de ENDE y ante la inexistencia de los procedimientos adecuados.

Mediante el decreto supremo 0494 del 1 de mayo de 2010, el Gobierno Nacional, dispuso la recuperación para el Estado Boliviano, las acciones suficientes y necesarias en ELFEC SA.

“Se estaba tramitando un procedimiento rápido para aprobar un decreto supremo. El promotor de la idea era el Ministerio de Gobierno que no es el titular del ramo, sino el Ministerio de Energía. Pero sin tener incumbencia para ello, saltándose muchos procedimientos, sin contar con informes jurídicos y técnicos de los ministerios que tienen tuición sobre Ende, este Ministerio estaba propugnando la iniciativa”, refirió el Procurador.

Ante esa particularidad, la Procuraduría denunció que esa decisión era atentatoria a los intereses de Estado porque afectaría a una empresa nacional estratégica.

“Se estaría cometiendo un gravísimo daño económico al Estado porque se está afectando el patrimonio de todos los bolivianos. Si desean privatizar nuevamente Ende, tienen que declararlo de manera transparente al pueblo de Bolivia y no buscar artilugios y eufemismos para no llamar lo que en derecho es la privatización de ENDE y la afectación de las acciones de todos los bolivianos en esa empresa nacional estratégica”, declaró Cabrera.

Gases lacrimógenos

Por otra parte, el Procurador explicó que la segunda razón para su destitución es la investigación que realiza, por la presunta compra con sobreprecio, de material no letal y gases lacrimógenos para la Policía Boliviana.

En noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno habría adquirido de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), con base en Miami, EEUU, el material policial con un supuesto sobreprecio de $us 2,1 millones.

La Procuraduría intervino y solicitó informes del proceso de contratación y adquisición de dicha compra. Pero hasta ahora, solo el Ministerio de Defensa, involucrado también en las pesquisas, colaboró con la investigación.

“Pero a diferencia del ministro de Defensa, Fernando López, el Ministerio de Gobierno desde el 24 de junio de 2020 hasta la fecha, no ha dado contestación al requerimiento procuradurial. El martes, se le ha presentado un segundo requerimiento para que coopere con la investigación de este caso de corrupción”, señaló Cabrera.

Actuación legal

El Procurador General, José María Cabrera, aseguró que ambas actuaciones las realizó conforme a ley, alejado de todo interés político.

“El día de mi posesión, el 3 de diciembre de 2019, afirmé que eran dos ejes que iban a conducir mi gestión: independencia de los intereses políticos partidarios y transparencia. Ahora no es la excepción. Por esa razón, estoy afirmando estas declaraciones para conocimiento de la opinión pública”, finalizó.