Procurador sobre el informe de la CIDH: “No es una sentencia ni una opinión consultiva”
Wilfredo Chávez sostiene que las conclusiones que serán entregadas este viernes al Gobierno permitirán encaminar las investigaciones judiciales. El documento recién será público en agosto
El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este viernes que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es una sentencia y tampoco tiene carácter vinculante.
“Efectivamente, no es una sentencia ni una opinión consultiva, pero es un informe que va a tener importantes acápites que vincularán al Estado, como la reparación integral y la búsqueda de justicia”, sostuvo la autoridad.
Asimismo, la autoridad manifestó que la entrega del documento, prevista para esta jornada, se realizará a través de los “conductos regulares”, Cancillería y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, sus detalles recién serán hechos públicos la primera semana de agosto.
“Lo que hay que hacer es llegar a la justicia, por los conductos que establecen las leyes. Hay gente que ha autorizado, ha masacrado al pueblo, han utilizado a las Fuerzas Armadas y se ha seguido un plan de mentira a través de medios de comunicación y mecanismos que utilizaban para amedrentar”, acotó en entrevista con Bolivia Tv.
Chávez dijo que existe mucho interés por parte del Gobierno de conocer los resultados del trabajo de los expertos, porque permitirá reencaminar los procesos judiciales que existen contra las exautoridades del Gobierno de Jeanine Áñez.
“Este informe permitirá conocer cuatro posiciones que tiene el GIEI sobre los hechos de 2019: el análisis técnico; el rol de la Policía y de la Fiscalía; después habrá recomendaciones para dar rumbo a algunas líneas de investigación; y finalmente habrá un análisis técnico para encarar planes de reparación a las víctimas. Eso ayudará a la investigación que tenemos en el país”, precisó.
Se adelanta que el documento incluirá una serie de recomendaciones orientadas al procesamiento judicial, en el ámbito penal, administrativo y civil, contra las personas que pudieron tener responsabilidad en el desenlace de esos acontecimientos, entre ellos las llamadas masacres de Senkata y Sacaba donde murieron 37 civiles tras la intervención de militares y policías a mediados de noviembre de 2019.
La labor del GIEI abarca investigaciones sobre los hechos registrados entre septiembre y diciembre de esa gestión, cuando existió una crisis política que ocasionó la anulación de las elecciones y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
