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Un informe elaborado por la Procuraduría General del Estado (PGE), establece que hay un juicio de responsabilidades y cinco juicios ordinarios pendientes en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete. Este informe recuerda que es una recomendación de la anterior legislatura que formó una comisión y dejó las conclusiones.


El juicio de responsabilidades es solo contra a la expresidenta, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada.


Entre los juicios ordinarios figuran uno contra Jeanine Áñez y sus exministros Alvaro Coimbra, Karen Longaric, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis Femando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzman, Yerko Núñez, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez Castillo y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.


Otro juicio ordinario aplica contra Arturo Murillo Prijic y Luis Femando López, por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.


El tercer juicio ordinario es contra Jaime Zurita Trujillo (Comandante de la Policía Departamental de Cochabamba y Alfredo Cuéllar (Comandante de Guarnición Militar Cochabamba) por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, privación de libertad y desaparición forzada de personas.


El cuarto juicio ordinario es contra el fugado coronel Iván Rojas del Carpio, ex director nacional de la FELCC y Franko Orlando Suárez Gonzales, Comandante de Acción Conjunta, por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, privación de libertad y desaparición forzada de personas.


El quinto y último proceso ordinario es contra Williams Kaliman Romero, ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas por autorizar la salida de las FFAA en los hechos de Ovejuyo, Zona Sur y el municipio de Betanzos, en Potosí.


El informe no señala si estos procesos están en curso o se iniciará la demanda correspondiente ante las autoridades del Ministerio Público.


El documento de la PGE también señala que durante el gobierno de Áñez se iniciaron casi un centenar de juicios contra los dirigentes del MAS, los mismos que habrían sido rechazados por falta de pruebas. El documento señala que esa es la constatación de que hubo una persecución política contra los dirigentes del masismo.


“La Fiscalía General del Estado inició investigaciones de oficio y a instancia de parte, se registran 61 procesos por los conflictos sociales; 88 procesos relacionados a los ataques a viviendas de exautoridades, periodistas y otros; 3 procesos por ataques a la Defensoría del Pueblo; 9 procesos investigativos contra exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales y 9 procesos iniciados contra miembros de la ‘Resistencia Juvenil Cochala’”, señala el párrafo 84 del informe.


Asimismo, indica que Áñez emitió un decreto presidencial de amnistía que impedía a los aprehendidos vinculados al gobierno de Evo Morales acogerse a ese beneficio; luego, en el párrafo 88 señala que por esa razón se expidió otro decreto presidencial, esta vez a cargo de Luis Arce, favorable a los funcionarios y militantes masistas que fueron privados de libertad durante los conflictos de 2019.


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