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No hay un proceso en su contra, pero tampoco buscan poner paños fríos a la polémica que se ha generado en torno a la liberación de Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala. Desde la Procuraduría General del Estado se aclaró que no hay ninguna denuncia u orden de aprehensión en contra de la jueza Ximena Mendizábal, que ordenó la liberación del activista tras no encontrar pruebas contundentes en su contra.

Sin embargo, el procurador Wilfredo Chávez sostuvo que si bien no hay una denuncia en contra de la jueza, "si su conciencia le pesa, es otra cosa".

La postura de la Procuraduría se da después de que la jueza denunciara que se estaba preparando un proceso en su contra, para hacer con ella lo mismo que está ocurriendo en la ola de denuncias impulsada desde el Gobierno de turno contra ex autoridades y ex funcionarios del Estado.

"Me parece una barbaridad que el Ministerio Público se esté prestando a este tipo de situaciones, para eso tiene el derecho de impugnación", dijo Mendizábal, algo que fue negado por Chávez.

Días antes, el ministro Iván Lima había anunciado una revisión de las actuaciones de la jueza Mendizábal y advirtió con asumir “las acciones que le competen de acuerdo con la ley” y “agotar todas las acciones judiciales y constitucionales necesarias”.

Los mandó a estudiar y a respetar al Poder Judicial

En su calidad de autoridad, Mendizábal ayer pidió a los abogados del Ministerio de Justicia “estudiar Derecho” respetar la independencia de los jueces, tras los anuncios de estos posibles procesos.

​​“Que estudien Derecho y sepan que los jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones, eso lo dice la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales; los jueces somos independientes, para eso existe el sistema de impugnación. Si no están conformes con mi decisión, hay gente que puede revocar esa decisión, mis superiores en grado pueden hacerlo”, manifestó la jueza.

Apoyo para Mendizábal

Desde el Colegio de Abogados de Chuquisaca expresaron su respaldo a favor de la autoridad judicial, aduciendo que el Estado de derecho es un proceso de conquista histórica de los derechos fundamentales de las personas, por lo que transmitieron su solidaridad hacia Mendizábal y todas las autoridades jurisdiccionales que ejercitan sus labores de manera independiente y que dejan de lado las presiones políticas.

"Solicitamos a las autoridades jerárquicas del Órgano Judicial que asuman su investidura como órgano independiente y actúen en defensa de los intereses de la Justicia, haciendo respetar las decisiones autónomas de todas las autoridades que lo componen. Instamos al Ministerio Público a cumplir con sus funciones de forma objetiva y apartados de cualquier presión política", remarcaron los juristas.

Del mismo modo, el Comité pro Santa Cruz también se pronunció al respecto al exponer que harán "una férrea defensa de los perseguidos por la Fiscalía, siempre apegados a la normativa y a la Constitución Política del Estado".

Lamentaron que por emitir un fallo independiente y justo haya una intimidación y amenaza  del Gobierno, a quien acusan de ser responsable de la persecución y atropello que sufre la jueza Mendizábal. Además, anunciaron que el equipo jurídico del Comité está a entera disposición de la jurista.

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