Escucha esta nota aquí

La Procuraduría General del Estado (PGE) halló 308 indicios y exigió a la Fiscalía General que presente imputación por fraude electoral y otros delitos contra el expresidente Evo Morales Ayma, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana y de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.

Los diputados Sonia Brito y David Ramos, del MAS, recibieron la noticia mientras sesionaban en la Asamblea Legislativa que, por más de dos tercios de voto, resolvió objetar la designación de Alberto Javier Morales Vargas, quien reemplazó a José María Cabrera, por no cumplir con los requisitos para el cargo de Procurador General del Estado. El pleno lo conminó a cesar inmediatamente de sus funciones. Ante eso, Brito y Ramos prefirieron no comentar el caso de Evo Morales.

En contrapartida, la diputada Lourdes Millares (UD), consideró que la determinación de la Procuraduría es un aporte a la democracia. Acotó que este hecho “incomodó muchísimo al MAS” y por ese motivo emitió una resolución camaral que impugna la designación de Morales Vargas, supuestamente por ser abogado de una empresa en un juicio tributario en contra del Estado en 2003. “Nada más tomado de los cabellos, el MAS aprovecha sus últimos días de dos tercios con abusos como este”.

Por su parte, el vocero de la campaña del MAS, Sebastián Michel, aseguró que es simplemente un tema de campaña que pretende tapar el debate de fondo, que el país se encuentra en medio de una crisis económica y de desempleo. “Lo que más importa es ver cómo salimos de eso. A ellos no les interesa, porque son los responsables”.

La petición de la Procuraduría se hizo con un memorial que contiene los 308 indicios donde fundamenta “las operaciones delictivas que llevaron a la comisión del fraude electoral, durante las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”.

El director departamental de la Procuraduría de La Paz, Fabio Joffré Calasich, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Evo Morales y otros por delitos de alteración y ocultación de resultados electorales, además de manipulación informática en procesos electorales, exigió a los fiscales anticorrupción que habiliten los medios para realizar la imputación formal en contra de las exautoridades.

“La PGE participó en todo el proceso de recopilación de elementos investigativos que establecen los suficientes indicios sobre la participación de los imputados como coautores y autores mediatos”, señala un comunicado de la institución.

Este es un proceso independiente del primer proceso penal que sigue la Fiscalía en contra de los ex vocales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En éste investigan a las ex altas autoridades del Órgano Ejecutivo que se constituyeron en autores intelectuales, financiadores y conductores del fraude a través de los exvocales, funcionarios, técnicos y empresas nacionales e internacionales que ejecutaron los delitos.

En este segundo proceso, “se llegó a la conclusión de que hay indicios y pruebas fehacientes que sustentan los graves delitos que afectaron al proceso electoral que terminó en un fraude electoral, tal como lo verificó la misión especial de la OEA y las posteriores investigaciones llevadas a cabo sobre este caso”, recalca.

El Gobierno de Evo Morales llevó adelante un “gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular, evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) y en perjuicio del resto de candidatos de los demás partidos y alianzas”, indica el escrito.

Estas acciones criminales lesionaron bienes jurídicos trascendentales para la democracia, tales como la integridad, legitimidad y transparencia de los procesos eleccionarios, fuentes esenciales de cualquier Estado Constitucional de Derecho”, afirma el documento elaborado por la PGE.

Uno de los elementos centrales de prueba, según la Procuraduría, es el “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia” realizado por la misión especial de la OEA. Los delitos no pudieron cometerse sino en función de la acción de “una compleja estructura de poder montada por los acusados para perfeccionar y dejar en la impunidad atentados contra la democracia y el derecho al sufragio de la población”.

Sin embargo, los indicios y pruebas encontradas en las investigaciones señalan que, por encima de ellos, existió una estructura de poder encabezada por los imputados Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta, principales autores que ejercieron el dominio de las operaciones de fraude electoral detectadas en dichas elecciones.

El escrito de la Procuraduría destaca, además, que el Estado ha ejecutado recursos por valor de Bs 138,9 millones. “Un gasto vano y desperdiciado en unas elecciones fraudulentas”, afirma el escrito presentado ante la Fiscalía.

Entre las pruebas presentadas están la manipulación y adulteración de sistemas informáticos, documentación, datos y resultados fundamentales del proceso electoral que llevaron a la comisión de graves delitos que todavía están en la impunidad.

Según el memorial elaborado por la PGE, la Fiscalía debe emitir imputación formal contra las mencionadas exautoridades por los delitos de manipulación informática en procesos electorales, alteración y ocultación de resultados electorales, falsedad material e ideológica y uso indebido de influencias.