Procuraduría indaga compra de gases que costaron $us 9 millones

La Procuraduría General del Estado pone bajo la lupa la compra de gases por $us 9 millones que realizó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a Cóndor, la misma empresa que los vendió con supuesto sobreprecio a las gestiones de los exministros Arturo Murillo, encarcelado en EEUU por ese tema, y supuestamente también a la de Carlos Romero.

Altas fuentes de la institución, que dirige Wilfredo Chávez, informaron que hay molestia; se indaga y se hace seguimiento a la última compra de gases lacrimógenos que hizo el ministerio de Gobierno. Hay mucha molestia, porque la elegida fue Cóndor, la misma empresa que vendió agentes químicos a Murillo, por un monto menor.

El diputado del ala ‘evista’ Daniel Rojas dijo: “No podemos permitir, pareciera que tenemos un segundo Arturo Murillo o un Murillo parte II en esta gestión”.

La fuente de la Procuraduría dijo que el procurador, en persona, hizo seguimiento a todo el proceso del juicio contra Murillo, que terminó condenado en una cárcel de Miami a 70 meses de prisión por haber participado en el delito de sobornos recibidos a cambio de ayudar a la empresa estadounidense que medió para contratar a Cóndor. Ahora, en la gestión de Luis Arce, la empresa vuelve a aparecer en escena.

La oficina de Comunicación de la Procuraduría respondió a la consulta de este medio, y señaló que no hay nada oficial sobre indagación o seguimiento, pero si se confirma prometió hacerlo público de forma inmediata.

La compañía brasileña, como ocurrió en 2019, es la que finalmente se adjudicó la provisión. Esa firma también fabricó los gases solicitados por la gestión de Jeanine Áñez. Del Castillo hizo notar que el entonces ministro Murillo gestionó la adquisición de los agentes químicos de la empresa brasileña, pero a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por $us 5,6 millones.

El ministro aclaró que él hizo la compra de forma directa, sin intermediarios, y denunció que Carlos Romero, el último ministro de Gobierno de la era de Evo Morales, apeló también a los mismos terciarios.

“La administración del señor Arturo Murillo no fue la única que contrató intermediarios para adquirir gases lacrimógenos. Claro ejemplo es el contrato 626/2018, a través del cual se adquirieron gases en la época del señor Carlos Romero para comprar a los proveedores esos gases lacrimógenos. No sabemos qué pasó entonces. Vamos a instruir auditorías no solo a las gestiones de Arturo Murillo, sino a gestiones pasadas”, declaró Del Castillo, en una conferencia de prensa en la que aseguró transparencia en esta operación.

Ayer, a través de Facebook, Romero le respondió: “Al señor Del Castillo que sugiere realizar una auditoría a los procesos de adquisición de material de represión policial en mi gestión, le sugerimos que dicha auditoría la realice con pulcritud y que la haga él mismo para que aprenda cómo se realiza una adquisición transparente con dinero del pueblo Boliviano”.

Manifestó que los procesos de adjudicación que realizó distan en transparencia en relación a los que hizo el ministro. También le sugirió que extienda la auditoría “a su fortuna y bienes recientemente adquiridos con ayuda de su entorno”.

Del Castillo precisó que el trámite para adquirir estos productos no letales se cumplió en el marco de la aplicación de la Ley 400. “No tenemos la cantidad, pero son bastantes lotes. Se está reponiendo stock”, afirmó.

Indicó que se solicitaron cotizaciones a dos empresas de Colombia, una de México, otra de Perú, tres bolivianas, a una firma de España, además de dos entidades de EEUU y a la compañía brasileña Cóndor que es la que finalmente se adjudicó. “La única empresa del exterior que nos respondió fue Cóndor Industria Química SA y lo hizo el 22 de diciembre”, aseveró Del Castillo, quien confirmó que había otras dos cotizaciones, por Bs 92 y Bs 87 millones, provistos por empresas locales. Con los Bs 64 millones que pidió Cóndor, se cerró el trato con el Gobierno.