Prórroga de magistrados pasa la barrera de los seis meses y sube la presión para sacarlos

Con más de seis meses cumplidos con la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tras la culminación de su mandato, sube la presión social para que el presidente Luis Arce promulgue la ley “anti prórroga” sancionada el 6 de junio por Andrónico Rodríguez, en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa. El hecho presenta tres escenarios.

Por un lado, a tiempo de insistir que la sesión que convocó Rodríguez fue declarada nula por el TCP, desde el Órgano Ejecutivo, ratifican que el jefe de Estado espera la respuesta de los magistrados a la consulta que envió el vicepresidente David Choquehuanca para saber si la sesión en la que se sancionó la norma fue legal o no.

De otro lado, desde la línea radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuentan los días y las horas y le recuerdan al presidente Arce que tiene hasta el jueves 20 de junio para promulgar la norma. Es más, los campesinos de Cochabamba, le dieron un plazo de 24 y 48 horas al jefe de Estado para que promulgue la ley “anti prórroga”. Si no lo hace, entre el miércoles 19 y jueves 20, empezarán las movilizaciones de protesta a nivel nacional.

Una tercera arista de este tema se vive en la Asamblea Legislativa donde el vicepresidente David Choquehuanca convocó para hoy a una “séptima sesión de la Asamblea Legislativa”, desconociendo la sesión realizada por el senador Rodríguez, las comisiones mixtas que tenían que retomar el proceso de entrevistas a los postulantes, se ven sin norte y sin “respaldo jurídico” para realizar su labor. La oposición se prepara para una dura jornada de debates en las sesiones de este martes.

Mientras, los dos bloques del MAS, se enfrascan en una “guerra fría”, porque los evistas exigen al presidente Arce que promulgue la ley 075 y los arcistas la desconocen, y buscan tratar el proyecto 073 de plazos procesales con modificaciones para “legalizar” la continuidad de los magistrados.

Presión evista
La tercera semana de junio empezó con un bloqueo en la carretera Cochabamba – Oruro, protesta que realizaron mineros cooperativistas en la región de Sayari para exigir al presidente Arce que promulgue las leyes sancionadas por Rodríguez hace casi dos semanas.

El bloqueo de la ruta troncal se levantó en horas de la tarde, pero con la advertencia de que en cualquier momento volverán a cortar la ruta para el tránsito de vehículos. Es más, aseguraron que levantaron el bloqueo por una cuestión de humanidad para dejar pasar a los viajeros, pero dieron a Arce un plazo de 48 horas.

“Este cuarto intermedio es humanitario, hay viajeros que están en el lugar y niños también; pero damos 48 horas de plazo al Gobierno para promulgar la ley y empiecen nuestro camino, ya está aprobado en el parlamento”, advirtió uno de los movilizados.

Los campesinos mineros exigen que el jefe de Estado promulgue la ley 079 referente al contrato de préstamo internacional para la construcción de la doble vía Caracollo – Confital - Bombeo – Colomi, además de la ley 075 de Cesación de funciones de las alta autoridades judiciales del TCP y del Órgano Judicial.

Pero el Gobierno está alerta ante cualquier medida de presión ya que envió al lugar un numeroso grupo de policía antimotines que estaban a punto de intervenir el bloqueo de los mineros y despejar la ruta.

En tanto, desde Cochabamba la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, del bloque evista del MAS, dio un plazo de 24 horas al presidente Arce para que hasta este martes 18 de junio promulgue las leyes sancionadas por el senador Rodríguez. En caso de no cumplir esa exigencia, desde las cero horas del miércoles, los campesinos comenzarán el bloqueo de caminos.

“Respaldando a nuestro presidente de la Asamblea (del Senado) que es Andrónico Rodríguez que ha convocado a una sesión (…) damos al Gobierno central un plazo de 24 horas para que promulgue el paquete de leyes 075, caso contrario estamos obligados a salir a las calles y avenidas y cerrar los caminos principales y departamentales desde las cero horas del miércoles”, advirtió ayer el dirigente de los campesinos de Cochabamba, Ricardo Cardozo.

Desde el Ejecutivo, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo que están a la espera del pronunciamiento del TCP sobre la consulta que envió Choquehuanca tras que Rodríguez sancionó las normas y las envió para su promulgación. No obstante la funcionaria de Estado de forma antelada, desahució la validez de la sesión porque el “Órgano Judicial ha admitido el recurso de nulidad” que presentó el diputado Juan Jáuregui,

“Eso implica que habiendo sido notificado, esa sesión debió detenerse, no sucedió, continuó adelante y se aprobaron estas normativas pese a ese recurso de nulidad”, dijo Prada y agregó que, al recibir las leyes sancionadas procedieron como “corresponde” para que el TCP se pronuncie. “Estamos a la espera del pronunciamiento”.

Legislativo conflictuado

En tanto, sin esperar la respuesta del TCP al pedido que envió el vicepresidente Choquehuanca sobre la sesión del 6 de junio, la misma autoridad volvió a convocar a la misma sesión – la séptima - con una agenda diferente.

“El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, jilata David Choquehuanca Céspedes, convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la séptima sesión ordinaria de la Asamblea, a realizarse el día martes 18 de junio, a horas 17:00”, se lee en el documento.

Esta convocatoria descolocó a los parlamentarios, especialmente de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural que ayer lunes ya se estaban organizando para proseguir el trabajo de la preselección de postulantes.

La senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que Choquehuanca al convocar a la séptima sesión del Legislativo, “claramente lo que están buscando es anular la séptima sesión” realizada el 6 de junio.

“Si ellos anularan la sesión que hubo en la Asamblea (el 6 de junio), nosotros no tenemos paraguas legal que nos permita avanzar en el proceso de preselección de altas autoridades judiciales. Se ha complicado mucho este tema, vamos a tener que dar una batalla mañana. Esto ha complejizado más las cosas en el Legislativo”, dijo Barrientos a EL DEBER.

Con todo, la Comisión Mixta de Constitución convocó a una sesión para las 10 de la mañana de este martes, el Senado convocó a sesionar a las 2 de la tarde y Choquehuanca a las 5. Se prevé una jornada de acalorados debates y tensión en el Legislativo.

ANALISIS

Las 2 facciones del MAS no son democráticas

Andrés Gómez Vela, abogado y periodista

En nuestro país, el Tribunal Constitucional no existe. ¿Por qué le siguen dando vida?, son muertos en vida, esas personas que aún están en el TCP son usurpadores. La Constitución dice claramente que deben cumplir seis años ya luego irse. Los usurpadores del TCP y del Órgano Judicial ya deberían ser procesaos penalmente.

Lo que está haciendo el Ejecutivo, en este caso el Vicepresidente (David Choquehuanca) que también es parte del Legislativo, es validar la violación de la Constitución. Eso ha generado una parálisis en el TCP.

Además los auto prorrogados y el Gobierno han sufrido una derrota moral, es decir que no tienen autoridad porque han usurpado el cargo, esas personas son ilegítimas, y obviamente ese hecho genera movimientos, críticas y desobediencia, pero no sé si al punto de generar un conflicto.

Pero sí se ha convertido en un espacio de pugna de dos facciones antidemocráticas, estamos hablando de arcistas y evistas, ambos bando del MAS han utilizado el Tribunal Constitucional, han prostituido esa instancia para utilizarla con fines partidarios, antidemocráticos e inconstitucionales, por tanto esa disputa no genera adhesiones de la sociedad.

Más bien yo creo que el conflicto que va unir a la gente es la crisis económica.

Lo que debería hacer el Legislativo es nominar cuanto antes a los candidatos para que haya elecciones, pero no creo que lo haga, el Gobierno no lo va a permitir, porque la única forma de quedarse o de sostenerse ante el conflicto que puede haber por la crisis económica es a través del Tribunal Constitucional. 

Van a legalizar persecuciones, van a legalizar represiones y van a utilizar a los usurpadores para dar la sensación de que legalmente están inhabilitando candidatos de la oposición, y al paso que van es muy probable que lo utilicen para prorrogarse como Gobierno.