El proyecto para la abrogación de la Ley 1720 ingresó a la Cámara de Diputados el 26 de abril. La diputada cruceña del PDC Helen Patricia Patiño fue quien presentó la propuesta. Días después Gobierno y dirigencia de la Csutcb consideraron la revisión y reformulación de esa misma ley como parte de los acuerdos suscritos para la desmovilización.
“Dada la relevancia estratégica y la necesidad de adecuación normativa que plantea esta propuesta, solicito a su autoridad se sirva disponer el registro oficial y el tratamiento correspondiente, con la celeridad que el caso amerita, para su tratamiento por dispensación de trámite”, señala la carta que fue presentada por la diputada Patiño.
La marcha indígena y campesina que partió desde Pando, arribó a las afueras de la ciudad de La Paz el 2 de mayo. Los marchistas se quedaron en Urujara en espera de la atención a sus demandas por parte del Ejecutivo.
El miércoles, el máximo ejecutivo de la Csutcb, Víctor Hugo Roca, había manifestado que alcanzó un acuerdo con el Gobierno para “gestionar” la abrogación, pero lo cierto es que el documento ya estaba presentado en la Asamblea e, incluso, habría ya un informe de comisión en curso.
Se trata de una ley corta de cuatro artículos que abrogar la ley 1720 que fue promulgada hace menos de un mes. “Se abroga en su totalidad la Ley N° 1720 de 10 de abril de 2026”, señala el artículo 3 de la propuesta.
La noche de este jueves, los diputados no alcanzaron los votos necesarios para dispensar y alterar el orden del día y tratar el informe de la comisión de Medio Ambiente, que ya había elaborado su informe y entregado a los legisladores.
De ese modo, la directiva de la Cámara a cargo de la diputada Daniela Cabrera (Unidad) dispuso que la misma sea tratada este viernes a las 09:00. Por tanto, habrá que esperar a esa sesión para conocer la posición de los legisladores que se debaten entre la abrogación o la modificación de la misma.
El senador cruceño, Branko Marinkovic explicó en el programa ON-Otra Noche con Sissi, que se emite por EL DEBER, su predisposición a abrir la ley que el mismo planteó. Considera que los reclamos manifestados por los marchistas no son fundados, puesto que la norma habla de la voluntariedad para la conversión de las tierras y, aseguró, que las tierras comunarias e indígenas no están consideraras en la ley. Aun así, propone que la ley sea aplicada de manera diferente por los departamentos.