Una guía y un protocolo deben poner en marcha la Ley 1390, aprobada en agosto de 2021

23 de abril de 2022, 19:17 PM
23 de abril de 2022, 19:17 PM

El MAS aprovechó el tratamiento del proyecto de ley de agravamiento de penas para jueces prevaricadores introduciendo cambios en otras normas como la 1390, sobre el arrepentimiento eficaz y la justicia restaurativa, según el documento aprobado en la Cámara de Diputados.


“El Ministerio Público, dentro de los 45 días a la publicación de la presente ley, elaborará y aprobará la ‘Guía de Actuación para la Aplicación de la Colaboración Eficaz’- Aprobada la misma, el Fiscal General del Estado deberá emitir la correspondiente instrucción que disponga su cumplimiento por todas y todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público”, señala la disposición adicional segunda del proyecto aprobado el jueves en Diputados.


El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, explicó que esta parte del proyecto tiene dos disposiciones transitorias que deberían ser asumidas por el Órgano Judicial y no por el Ministerio de Justicia, como estaba planteado en el proyecto original.


Precisamente, la disposición adicional tercera señalaba que sea este despacho el que elabore el Programa de Justicia Restaurativa para Casos de Corrupción y que debía aprobar su correspondiente protocolo de actuación. Las bancadas se opusieron a esta abierta injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial y modificaron el texto del proyecto. Ahora, ese programa y su protocolo, debe ser elaborado por el Consejo de la Magistratura.


La Ley 1390


Tanto la “Guía de Actuación para la Aplicación de la Colaboración Eficaz” como el “Programa de Justicia Restaurativa para Casos de Corrupción”, están contemplados en la ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción vigente desde agosto del pasado año.


En el caso del ‘colaborador eficaz’, la Ley 1390 establece que aquellas personas que hubieran sido descubiertas en hechos de corrupción o encarceladas por participar en alguna banda delictiva pueden acogerse a este programa y reducir sus penas o salir librados de las mismas.


Dependiendo de la información que puede brindar el acusado a los fiscales para coadyuvar en el proceso o  en la desarticulación de un determinado grupo. La información que brinde será confidencial y si es valedera puede pasar al segundo programa.


Esa segunda parte es la denominada ‘justicia restaurativa’ que consiste en el acuerdo mutuo de las dos partes en conflicto y de ese modo se pueda extinguir un proceso. Según el proyecto aprobado, en 45 días deben estar listos los dos protocolos para su puesta en vigencia.