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Son 13 cambios a la Ley del Órgano Judicial, dos modificaciones a la Ley del Ejercicio de la Abogacía y un artículo del Código Penal lo que plantea el anteproyecto de Ley denominado “Acceso y Administración de Justicia Pronta, Oportuna, Gratuita y Transparente con Independencia y Autonomía”. El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), hizo la denuncia y el oficialismo apuró un desmentido sobre la existencia del anteproyecto.

“Claro que no está en el Senado, porque el documento ingresó por la Cámara de Diputados y lo que se hace es una alerta sobre lo que puede realizar el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobando una ley sin el menor consenso. Lo peor es que con esta ley el Ejecutivo toma el control en la designación de jueces”, dijo Paz Pereira a tiempo de describir el documento.

Se trata de un anteproyecto de ley de apenas dos artículos y que modifica 13 artículos de la Ley del Órgano Judicial, que es una de las normas de desarrollo de la Constitución Política del Estado (CPE). Modifica los artículos 112, 121, 149, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 227 y 230 de esta normativa.

El cambio más polémico sería el 221, pues señala que el director de la Escuela de Jueces del Estado será designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de votos de los presentes de la terna propuesta por el Presidente del Estado Plurinacional.

Esa es la injerencia directa del Ejecutivo que denunció el senador Paz. La actual norma establece que tal designación está en manos del Órgano Judicial sin ninguna intervención de otros poderes del Estado.

“La Directora o el Director de la Escuela de Jueces del Estado, será designada o designado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura y es la Máxima Autoridad Ejecutiva de dicha entidad”, señala el actual artículo 221 de la Ley del Órgano Judicial.

La segunda parte de la denuncia que realizó el senador tarijeño se refiere a la dirección administrativa de este Órgano del Estado, como en el artículo anterior, la designación estaría a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de examinar una terna enviada desde el Ejecutivo.

La Ley vigente establece que esta entidad tendrá un directorio y su presidencia estará a cargo del Órgano Judicial. Esta dependencia se ocupa del manejo de todos los recursos económicos de este Poder del Estado.

EL DEBER constató que el documento oficial PL-212-20 lleva sello y firmas de la Vicepresidencia del Estado y de la Cámara de Diputados, y que ingresó a la Vicepresidencia del Estado el 11 de junio de este año. Cuatro días más tarde fue enviado a la Cámara de Diputados y ese documento lleva la firma de Rubén Saavedra Soto, que actualmente ejerce el cargo de Secretario General de la Vicepresidencia.

La ventanilla única recibió el documento a las 12:52 del 15 de junio y cuatro horas más tarde lo derivó a la secretaría general. El escrito no fue derivado a las comisiones, que en este caso debía ser tratado por la comisión de Justicia Plural o de Constitución.



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