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La Fiscalía imputó al ministro de Educación, Adrián Quelca, y decidió la “medida extrema” de detención domiciliaria para la autoridad acusada de favorecer a maestros que se postularon en cargos directivos en la estructura del Magisterio. Ahora exigen su destitución debido a que puede obstaculizar la indagación por el cargo que tiene.

En julio de esta gestión, la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrana, formalizó una denuncia penal contra Quelca y el director de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística del Ministerio de Educación, Agustín Tarifa, por tráfico de influencias que se habría dado para direccionar y manipular el proceso de Institucionalización de Cargos Directivos del Sistema Educativo.

La acusación establece que existen conversaciones de WhatsApp entre Quelca y Tarifa que confirman los delitos. Tarifa se encuentra en el penal de San Pedro de La Paz con detención preventiva.

En el historial de conversaciones virtuales que investiga la Fiscalía figuran como protagonistas además de Quelca, al menos otros 46 docentes y postulantes a cargos directivos.

“Consideramos que, en este momento, ya en calidad de imputado, corresponde que se le pueda apartar del cargo (a Quelca) de manera inmediata porque él puede proceder a modificar información en el Ministerio de Educación que puede ser de mucho valor en la investigación”, afirmó Abel Loma, abogado de la viceministra Balderrama.

Derecho al silencio

El ministro de Educación no contestó ayer su teléfono celular. Quelca no prestó su declaración informativa ante la Fiscalía, se acogió al derecho al silencio y “obstaculizó el proceso”, según denunció Loma.

Según el jurista, el ministro Quelca, desde sus dos teléfonos celulares -uno particular y otro corporativo- procedió entre enero y abril de 2021 a enviar mensajes de WhatsApp a Tarifa para perjudicar o favorecer postulantes.

Tarifa habría procedido a favorecer a unas 45 personas en el marco del supuesto apoyo que brindó Quelca. El exfuncionario es acusado de enviar a los beneficiados los exámenes escritos antes de las pruebas. Varios maestros también se sumaron a la querella argumentando que ellos obtuvieron la calificación para acceder a los puestos, pero no se efectivizó debido a que Quelca se decidió por otros nombres.

En la imputación, firmada por la fiscal Rocío Feraudi, se establece que existen elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado Quelca es, con probabilidad, autor o partícipe de hechos punibles.

La Fiscalía también argumenta que, de seguir libre, el ministro podría influir en forma negativa en testigos cuya declaración aún no se ha tomado. En ese marco, el Ministerio Público solicitó que el juez disponga para Quelca las siguientes medidas cautelares: presentación periódica cada diez días, obligación de no comunicarse con coautores y testigos, arraigo y detención domiciliaria.

Loma explicó que ahora corresponde notificar y solicitar la audiencia de medidas cautelares contra el ministro Quelca.

El reporte de Inteligencia señala que Tarifa dejó abierta su cuenta de WhatsApp en una tableta del Ministerio de Educación. De ese equipo se sacaron más de mil impresiones de las conversaciones, audios y videos que luego fueron presentados ante la Fiscalía.

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