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El exdiputado potosino Gonzalo Barrientos criticó al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) por viabilizar el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa, incluso por encima de su proyecto político basado en la recuperación de los recursos naturales.

Mesa está acusado por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado por haber revertido en 2004, la concesión que tenía la empresa chilena Quiborax en el salar de Uyuni. La compañía cobró, tras un proceso internacional de arbitraje, $us 42 millones.

“Lo que hizo la empresa Quiborax fue comprar cuatro carretillas y construir un cuarto de adobe y por sólo eso ha recibido $us 42 millones de  dólares”, cuestionó Barrientos, luego de recordar que la reversión de esta concesión fue una demanda del pueblo potosino.

En ese marco, el exlegislador afirmó que el proceso contra Mesa “está en función de una estrategia perversa y abusiva del MAS para condenar a la expresidenta Jeanine Áñez”.

“Durante años, el MAS nos dijo que eran defensores de los recursos naturales y en los hechos están peor que los 'vendepatrias' que tanto ellos critican”, cuestionó el político potosino.

“Evo Morales, el dictador fugado, apañó el infame negociado de Quiborax que, por incapacidad y/o corrupción de su gobierno, le costó al país $us 42 millones. Por eso ordenó a sus parlamentarios que me inicien juicio para ocultar esta traición a la patria que algún día pagará”, escribió el expresidente Mesa este viernes en su cuenta Twitter.

“Carlos Mesa, el historiador golpista, insulta y protesta porque será procesado por el caso Quiborax. Verdadera canallada es haber provocado el golpe que derivó en masacres de Senkata y Sacaba y haber protegido a su jefe Sánchez de Lozada, en el juicio por la masacre de Octubre”, escribió por su lado Evo Morales.

El pasado martes, la comisión mixta de Justicia Plural del Legislativo aprobó el proceso en contra de Mesa por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el denominado caso Quiborax. El denunciante de este proceso es el exprocurador general del Estado Pablo Menacho.

Quiborax comenzó a operar en Bolivia en 2001 con la exploración del mineral no metálico de ulexita en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.

En 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.

Dos años después, la minera chilena, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por $us 66 millones.

En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en $us 48,6 millones del monto de indemnización. Bolivia apeló la decisión; sin embargo, en 2018 se desahució el laudo nacional. Al final, en la gestión de Evo Morales se pagó $us 42,6 millones a Quiborax tras un acuerdo entre partes.


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