Quiebre del MAS acerca al Gobierno a Adepcoca; las bases cocaleras ven traición

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en uno de sus momentos más críticos por una presunta fractura entre ‘evistas’ y ‘arcistas’, se acerca a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de Yungas tras una fallida estrategia con Arnold Alanez, a quien le dio la espalda con el cierre de su mercado.

Todas las corrientes, hasta los dirigentes actuales de Adepcoca admiten la táctica del Gobierno, y la aceptan, pero no así los exrepresentantes y las bases cocaleras que desde Yungas de La Paz ven ese pacto como una “traición” a su sector y califican a la actual dirigencia como “vendida” al Gobierno.

En cambio, los dirigentes responden que no es una traición, sino un paso necesario porque después de todo, el Gobierno admitió que el mercado paralelo de coca de Villa El Carmen es ilegal, y validó al mercado de Villa Fátima como el único, en cumplimiento de la norma 906, Ley General de la Coca. Para ellos, el siguiente paso, es lograr la libertad de todos los dirigentes encarcelados y procesados.

Molesto e indignado, así reaccionó el expresidente de Adepcoca, Armin Lluta, cuando EL DEBER le consultó sobre el tema. Arremetió contra el actual directorio de Adepcoca por politizarse e incumplir el reglamento y dijo que las bases rechazan el pacto con el Gobierno.

“La dirigencia de Freddy Machicado y su directorio ha traicionado a los yungueños, a los productores de la hoja de coca. Los vendidos, los que le dan apoyo al Gobierno solamente son los de este directorio. Los que somos la base de Yungas, nunca vamos a estar al lado del Gobierno. Nosotros, como bases, como Yungas, no somos ‘arcistas’, peor masistas”, afirmó Lluta.

El exdirigente recordó la fuerte represión policial de julio, agosto y septiembre de 2022 cuando los cocaleros de Yungas marchaban exigiendo al Gobierno el cierre del mercado paralelo.

“Este Gobierno ha golpeado a los yungueños, ha pateado a las mujeres, ha encarcelado a inocentes y ha destripado al señor (Plácido) Cota. Nosotros, a este Gobierno y al Movimiento Al Socialismo nunca le vamos a perdonar que hayan atropellado a Yungas”, aseguró el exdirigente.

Y es que 2022 estuvo marcado por una fuerte represión policial por las constantes movilizaciones de los cocaleros que exigían el cierre del mercado de Alanez, y terminó con la toma y quema de dicho mercado tras lo cual, sus principales dirigentes como Freddy Machicado y César Apaza, entre otros, fueron apresados.

Con esto, el objetivo del Gobierno de desarticular la movilización cocalera se cumplió y meses después, el 28 de abril de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo participaba de un ampliado de Adepcoca, pedía “permiso” a las bases de coordinar con los dirigentes, solucionar los problemas y trabajar “codo a codo” por Yungas.

Ese romance no fue bien recibido por algunos dirigentes de las federaciones regionales de Adepcoca, tal es el caso del presidente de la regional Chamaca, René Llojlla, quien aseguró que todas las regionales de cocaleros no están de acuerdo en que la directiva se politice a favor del gobierno de turno.

“Que le quede bien claro al Gobierno central que nosotros no somos ‘arcistas’, no somos del partido en función de Gobierno, somos una organización privada de productores”, puntualizó el representante.

Subrayó que como el Gobierno de Arce cerró el mercado paralelo y admitió que es ilegal, lo que procede es que todos los dirigentes cocaleros detenidos sean liberados. El pedido se realizará en un ampliado yungueño este fin de semana en Chamaca.

“La familia cocalera de Yungas, por un lado, estamos molestos y, por otro lado, decimos que por lo menos ha reflexionado el Gobierno central al decir que nosotros somos la organización legalmente constituida”, agregó Llojlla.

De su lado, el presidente de la regional Irupana, Estanislao Pañuni, defendió a la dirigencia de Adepcoca y afirmó que en el estatuto de la entidad se da luz verde y se pide realizar tareas de coordinación con el Gobierno central y que de ninguna manera aquello significa que es “traición”.

“Adepcoca dice en su estatuto que con cualquier gobierno de turno podemos hacer un acercamiento, pero eso no quiere decir que nos van a someter políticamente. Piensan que por este acercamiento ya nos hemos vendido al Gobierno y eso no es así”, subrayó Pañuni a EL DEBER.

En ese contexto, defendió su postura y dijo que si no hubieran aceptado acercarse al Gobierno, “nuestros socios hubieran seguido sufriendo la represión del Estado”, sostuvo y cuestionó: “hablan de traición y ¿en qué se ha traicionado al socio productor?, en nada. Pedíamos el cierre del mercado ilegal y eso estamos logrando, no es todo de golpe”.

Desde Yungas, la antropóloga y productora cocalera Alison Spedding, en contacto telefónico con EL DEBER, destacó que después de todo lo sucedido el año pasado el Gobierno decidió cumplir lo que dice la Ley 906, pero recalcó que claramente esto obedece a “una movida dentro de los conflictos fraccionales del MAS”, es decir, a intereses políticos.

“Lo que ha hecho el Gobierno es legal y deberían haberlo hecho mucho más antes, así se hubieran ahorrado todos los conflictos y los heridos y detenidos”, dijo Spedding quien radica en Yungas paceños más de 30 años.

Ahora, destaca que el punto de preocupación en Yungas, en especial en Chulumani, es la situación de César Apaza que además de estar con detención preventiva en San Pedro, está con un estado de salud muy delicado con grado de invalidez producto del abuso policial al momento de su detención, según un informe de la Defensoría de Pueblo.

Desde el Gobierno de Luis Arce, el discurso parte por reconocer la legalidad del mercado de Villa Fátima y desconocer el de Arnold Alanez. En cambio, los actuales dirigentes no son considerados legales por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.

“Adepcoca como dirigencia, ninguna está reconocida (de forma legal) pero sí el mercado que está en Villa Fátima”, dijo la autoridad y agregó que los dirigentes “nunca” pudieron comprobar su legalidad. No obstante, manifestó que el trabajo del Gobierno es hacer un control estricto de la comercialización de coca y evitar acusaciones de que la misma va a parar al narcotráfico.

Para el dirigente cocalero de la línea ‘evista’ Arnold Alanez, que el Gobierno de Arce le diera la espalda y cerrara su mercado, responde únicamente a intereses políticos de copar Adepcoca a favor de Arce. “Quieren tener a todos los cocaleros de los Yungas sometidos para convocar bajo presión y sanción a un supuesto congreso paralelo al de Lauca ñ en El Alto”, dijo a EL DEBER.

Pero su sector no se conforma con la decisión impuesta por el Gobierno de Arce y Alanez anunció que este lunes 21 de agosto, en un ampliado en Villa El Carmen los cocaleros definirán qué acciones de protesta tomarán para exigir que se respete el mercado paralelo.

En este escenario, el analista político Gregorio Lanza identifica al ministro Eduardo Del Castillo con un rol protagónico y polémico. “Lo primero que se confirma es que el ministro Del Castillo ha hecho un manejo totalmente irregular del poder porque se ha vulnerado la ley con un alto costo social para la institucionalidad de Adepcoca”, dijo Lanza.

El primer costo, dice el experto, es que Adepcoca como organización de productores ha perdido su institucionalidad y la credibilidad de sus bases, aspectos que le costarán recuperar.

“Se debería exigir a los dirigentes actuales de Adepcoca que ya han llegado a un acuerdo con Del Castillo que se dé libertad inmediata a César Apaza que está paralítico y con consecuencias muy serias de las golpizas que le ha infringido la Policía Boliviana”, señaló.