El Ministerio de Gobierno abrió una investigación interna para esclarecer quién autorizó la liberación de cinco personas involucradas en el caso de las cuatro maletas que contenían 189,5 kilogramos de oro, incautadas cuando pretendían ser exportadas desde el aeropuerto internacional Viru Viru hacia Dubái. La autoridad también exigió un informe detallado sobre la actuación de los funcionarios que participaron en el procedimiento
El Ministerio de Gobierno abrió una investigación interna para esclarecer quién autorizó la liberación de cinco personas involucradas en el caso de las cuatro maletas que contenían 189,5 kilogramos de oro, incautadas cuando pretendían ser exportadas desde el aeropuerto internacional de Viru Viru hacia Dubái. La autoridad también exigió un informe detallado sobre la actuación de los funcionarios que participaron en el procedimiento.
En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que instruyó a la Policía Boliviana la elaboración de un informe circunstanciado que detalle cronológicamente todo el operativo, las actas de requisa, los registros de secuestro y la actuación de cada funcionario que intervino desde la detección del cargamento hasta la liberación de cinco de los involucrados.
"Debe quedar claro que este Gobierno no va a encubrir ningún caso de corrupción o hecho ilícito", afirmó la autoridad.
Actualmente, el único aprehendido es Adrián L. R., quien enfrenta una investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y compra y venta ilegal de recursos minerales.
Oviedo explicó que el caso comenzó alrededor de las 00:30 del miércoles 22 de julio, cuando personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) alertó a la Policía sobre cuatro maletas sospechosas que se encontraban bajo custodia de Adrián L. R. en la zona de Rayos X del aeropuerto Viru Viru.
Según el informe oficial, junto al investigado se encontraban un funcionario de Aduana, otro de Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el gerente comercial del vuelo chárter en el que sería transportado el cargamento.
Tras revisar la documentación presentada para exportar el oro, los policías consultaron a Senarecom y detectaron que el registro no existía. Posteriormente verificaron el código QR de la documentación, que tampoco pudo ser validado, mientras que el formulario DEX no figuraba en el Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA).
La documentación señalaba que la empresa exportadora era Emporio Dorado SRL y declaraba el envío de 77 lingotes de oro con un peso de 189,42 kilogramos hacia Emiratos Árabes Unidos.
Revisarán la liberación de cinco personas
Uno de los principales aspectos que ahora busca esclarecer el Ministerio de Gobierno es la liberación de cinco personas que inicialmente fueron arrestadas durante el procedimiento.
Oviedo informó que solicitó copia de todos los registros policiales y administrativos para establecer quién tomó esa decisión y bajo qué fundamentos. "Pedimos que se informe las causas para la liberación de los cinco implicados y, si hubiera responsabilidad, sean puestos a disposición del Comando General de la Policía Boliviana", sostuvo.
Asimismo, ordenó verificar el paradero de los dispositivos electrónicos secuestrados durante el operativo y confirmar, mediante documentación técnica, la cantidad exacta del oro incautado.
El ministro también destacó la actuación del teniente Claire Espinosa López, oficial que, según relató, detectó inconsistencias en la documentación presentada para exportar el mineral y decidió impedir la salida del cargamento.
Indicó que, tras recibir el reporte en la madrugada del miércoles, instruyó que se actuara "en estricto cumplimiento de la ley", por lo que felicitó públicamente al uniformado por evitar que el oro abandonara el país.
De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), seis personas fueron conducidas inicialmente desde Viru Viru a dependencias policiales de Satélite Norte, en el municipio de Warnes.
Tres de ellas eran funcionarios que participaron en los controles documentales: un servidor de Aduana, otro de Senarecom y el encargado del trámite del vuelo chárter. Los otros dos eran un primo y un amigo del principal investigado, quienes, según la Policía, colaboraron trasladando las maletas hasta el área de Aduana.
Los cinco recuperaron su libertad después de prestar declaración informativa, mientras que Adrián L. R, permanece aprehendido a la espera de ser puesto ante un juez cautelar.
Las investigaciones continúan para identificar a los propietarios del cargamento, verificar la autenticidad de la documentación presentada y establecer si existen más personas involucradas en el intento de exportar de manera presuntamente irregular los 189,5 kilogramos de oro que permanecen bajo custodia del Ministerio Público.