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La lucha por el poder en Bolivia no se circunscribe a las elecciones generales, convocadas en 2018, anuladas en 2019 por irregularidades que son investigadas como fraude electoral y que están programadas para el 18 de octubre de este año. 

Con un proceso electoral tan largo y un cambio de presidente en noviembre, por la renuncia de Evo Morales, empujado por las revueltas tras las fallidas elecciones y el retiro del apoyo militar, con una transición cada vez más larga a causa de la pandemia y con dos postergaciones de los comicios por medidas sanitarias, la disputa por saber quién manda en Bolivia se ha trasladado a las calles -bloqueos de caminos y pedidos de renuncia de Jeanine Áñez tras la segunda postergación de las elecciones generales- y a lo institucional, con un cada vez más marcado distanciamiento entre el Ejecutivo, controlado por Áñez y Demócratas, y el Legislativo, bajo dominio de los dos tercios que consiguió el MAS en una cada vez más lejana elección de 2014.

Para los opositores a Áñez, todo esto pudo evitarse si no se presentaba como candidata. Para sus leales, las acciones desestabilizadoras son un intento de golpe de Estado, que ella supo capear sin un solo gas y si un solo muerto.

¿Por qué ahora?

Adriana Salvatierra, senadora del MAS que no es candidata a nada en octubre, explica esta disputa por la “latencia de un proceso electoral”, tanto para las generales de octubre como para las subnacionales del próximo año. Ella -que tiene un título en Ciencias Políticas- entiende esta disputa de quién define en estos momentos los destinos del país como “formas de candidatearse”.

Recuerda además que ambos poderes –el Ejecutivo y el Legislativo- son parte de la prórroga de mandato, pero a diferencia de los senadores y diputados, para ella la legitimidad y el liderazgo institucional que intenta ejercer Jeanine Áñez son cuestionables.

Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante al menos los tres primeros meses de mandato hubo una correcta coordinación entre poderes, con Óscar Ortiz en papel de articulador entre Palacio Quemado y el Legislativo. ¿Qué fue lo que cortó esta interacción? Para Salvatierra, fue la decisión de Áñez de ser candidata. “Eso rompe el sentido de transitoriedad del proceso. Ellos tenían vocación de poder, pese a que carecían de estructuras y de legitimidad ciudadana. Eso hace que su factor de medición sea electoral”, opina la senadora.

Del lado de sus colegas parlamentarios masistas, Salvatierra asegura que menos de una decena son candidatos a preservar su curul, pero no niega que muchos tienen apetitos para las subnacionales.

Los leales a Jeanine no están de acuerdo con nada de lo dicho por Salvatierra. Gonzalo Barrientos, diputado potosino y una de las figuras más visibles de Demócratas, cree que lo que quieren -no solo los masistas- es que se dé un golpe y se voltee el Gobierno de Jeanine Áñez. “Eso se buscó en la masacre del oxígeno, pero la presidenta, sin usar un solo gas ni recurrir a la fuerza, logró pacificar al país”, dijo Barrientos.

Y no solo se refería a los campesinos e indígenas que protestaban en las carreteras del país, sino que incluye en ese grupo al resto de los adversarios electorales de Áñez, como los expresidentes Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y Jorge Quiroga (Libre 21), a los que acusa de atacar a la presidenta en medio del conflicto.

En su opinión, la actual colisión de poderes, que hace que las leyes sean promulgadas por Eva Copa y no por Jeanine Áñez, son una forma de disputa política que no piensa en los ciudadanos, “mientras otros le echan gasolina al fuego atacando a Jeanine Áñez”, dice.

Barrientos se refiere a Mesa como pirómano. Se pregunta dónde estaba el expresidente y se responde él mismo: “atacando a Áñez”.

Él no cree que la decisión de la presidenta de postularse a seguir en el cargo haya hecho cambiar la decisión del MAS de cooperar con la transición, sino que atribuye el cambio de actitud a que “Evo y el MAS se recuperaron de la situación difícil por la que pasaron” y que a partir de allí pusieron en marcha “un plan de golpe a la democracia, a la salud y a la economía de los bolivianos”. 

Barrientos no reconoce ningún error de la administración de Áñez y se refiere a la cuestionada compra de respiradores españoles que no sirven para terapia intensiva como “una conspiración del MAS”. “Imagínese con la masacre del oxígeno -las protestas por la segunda postergación de las elecciones- han querido juntar la pandemia con octubre negro”, ejemplificó. “Y con Mesa y con Quiroga como amplificadores”, sumó.

Juntos debe mirar hacia ambos lados del espectro político. Mientras mantiene su disputa callejera e institucional con el MAS, también debe cuidar que ni Mesa ni Quiroga crezcan lo suficiente como para desatar el llamado voto útil que ya hundió al partido en octubre hasta el 4%.

Los otros actores

Pero este baile no es de dos. Si bien son Juntos y el MAS los que se disputan quién manda en este momento en el país, en octubre se definirá quién mandará en los próximos cinco años. Y en eso también tienen que ver otros partidos políticos. Así como Barrientos insistió en nombrar a Mesa y Quiroga como resonadores del MAS, Pablo Banegas, vocero de Tuto en Santa Cruz, ve que este “desgobierno fue causado por la misma presidenta cuando decidió postularse”.

“La ven más como candidata que como presidenta, por eso le torpedean sus cosas. Hay que buscar despolitizar esto en el poco tiempo que queda, porque pareciera que nos va a llevar a un desastre. Ella está haciendo campaña, no gobernando. Ofrece bonos, no solucionar los problemas de la gente”, dispara Banegas.

Si en algo parecen estar de acuerdo los adversarios de Áñez -sean masistas o no- es que la disputa del poder real se originó con la decisión de la presidenta en ser candidata. “Ahora se pelean por dar bonos, que si se llama del hambre o si se llama de la salud. La poca legitimidad que existía en la transición, la presidenta la sacrifica al ser candidata”, dice Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana.

Esa “poca legitimidad” de la que habla el vocero de la alianza de Carlos Mesa en Santa Cruz estaba dada por el apoyo de lo que el politólogo Diego Ayo llamó “bloque de noviembre”, una especie de respaldo tácito a la transición entre Demócratas, Camacho, Quiroga y Mesa. Quiroga y gente cercana a Camacho incluso fueron parte del Gobierno, pero terminaron saliéndose cuando Áñez comenzó a perfilar su candidatura. 

Ese bloque, por ejemplo, llevó al Gobierno a tener la suficiente fuerza como para las intervenciones de Sacaba y Senkata, sin críticas del espectro antimasista de la política, algo que no hubiera sido posible en los bloqueos de 11 días durante la pandemia.

Guiteras dice que Comunidad Ciudadana no amplifica las críticas del MAS a Áñez, pero defiende el derecho de “cualquier ciudadano a denunciar la corrupción, el abuso de poder y el nepotismo”. 

Recuerda que Mesa pidió en marzo un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia, que sugirió la compra de pruebas rápidas y test masivos PCR, la distribución de kits de medicamentos gratuitos y que los llamados al diálogo de la presidenta fueron tardíos y para abordar cuestiones que deben ser definidos por otros órganos del Estado, o para políticas puntuales, como un bono.

Para Centa Rek, candidata a senadora por Creemos, el enfrentamiento entre Juntos y el MAS es puro cálculo político en una transición que se hizo más larga de lo esperado y permitió la recuperación del Movimiento Al Socialismo en el Legislativo. 

“Es un tiempo electoral muy duro, con determinaciones que quienes tuvieron el poder y de la que accedió al poder. No se piensa en el país, sino en conservar el poder, sin medir las consecuencias ni tener un plan”, sentenció la candidata de la coalición que propone a Luis Fernando Camacho como presidente.