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Cualquier ciudadano que pretenda acceder al servicio público debe acreditar el conocimiento de al menos una lengua originaria de la región de donde procede y en ese marco, el viceministro de Descolonización, Rafael Quispe envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que este ente exija a los que accedan a cargos electivos verificar si cumplen ese requisito establecido en la propia Constitución Política del Estado. Los que no cumplan deben ser inhabilitados. 


“Hay jurisprudencia, cuando se ha elegido al Defensor del Pueblo, el señor periodista John Arandia por no presentar un certificado, por no hablar un idioma (de lengua originaria), fue inhabilitado y en varios procesos de selección fueron inhabilitados los que no cumplían con ese requisito, entonces lo que corresponde es la inhabilitación, eso dice la norma”, refirió el viceministro.


El numeral 7 del artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece que para acceder al desempeño de funciones públicas, los interesados requieren hablar al menos dos idiomas oficiales del país.


El reglamento de registro de candidaturas ante el TSE señala en su artículo 4 que los candidatos debían presentar una declaración jurada ante un notario de Fe Pública sobre el conocimiento de dos idiomas oficiales, especificando cuáles.


Según Quispe los candidatos que accedan a cargos y no demuestren su conocimiento de un idioma deben ser inhabilitados. Este requisito siempre fue el problema para el gobierno del MAS y en 2015 obligó a los funcionarios públicos tomar clases para conservar sus puestos de trabajo.


Para el viceministro, el TSE debería realizar un convenio con la carrera de Lingüística de la UMSA para que sea esta instancia que tome un examen a todos los candidatos que quieren acceder al servicio público.


Dijo que el ente electoral tiene 48 horas para responder a la carta que envió sobre este punto específico.