Reaparece el activismo con protestas que ahora llegan al trópico de Cochabamba

Una jornada de movilización marcará al inicio de la semana. En Santa Cruz, La Paz y el trópico de Cochabamba hay convocatorias para este lunes para protestar con un ‘cacerolazo’ por la falta de carburantes, la cotización del dólar en un mercado paralelo y el incremento del precio de alimentos.

En los municipios de Ivirgarzama, Entre Ríos, Shinahota, Chimoré y Villa Tunari del departamento de Cochabamba también habrá protestas encabezados por activistas y las juntas vecinales.

La medida tendrá lugar a una semana del bloqueo de 48 horas que protagonizaron los camioneros que operan el comercio internacional a través de las rutas que vinculan al país con los puertos del Pacífico. Desde allí se importa diésel y crudo para su refinación. El país no los produce en las cantidades requeridas para el mercado interno y el sector productivo.

El ‘cacerolazo’ coincidirá con un ampliado nacional por parte del Transporte Pesado en Oruro y la del sector gremial. Ambos sectores definirán las medidas de presión y otras movilizaciones, según anticiparon sus portavoces.

Desde el Gobierno y los sectores sociales que lo respaldan observan la intención de una “desestabilización” contra el gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

Precisamente, el Jefe de Estado buscó en Rusia un nuevo proveedor de hidrocarburos con la idea de abastecer el mercado interno. Aún no se conocen los detalles logísticos de esa operación que motivó varias reuniones de Arce durante su periplo en Rusia.

Pero Pamela Flores, activista de las plataformas ‘Hijos de la Patria’, manifestó que, a pesar de los anuncios oficiales, “la actual situación económica está asfixiando a la población porque se ha tocado el bolsillo de cada uno”.

“¿Hasta cuándo más vamos a permitir que el MAS haga lo que le dé la gana con este país? Hay madres y padres que están vulnerados porque los precios de la canasta familiar están por las nubes, no hay dólar, no hay gasolina, ni diésel ni garrafas”, expresó en contacto con EL DEBER.

Flores anticipó que, si el Gobierno no da una respuesta oportuna a las exigencias de la ciudadanía, las medidas de presión que organizarán los activistas subirán de tono, porque es necesaria ante “la crisis económica y política” del país y que “ha tocado fondo”.

‘El cacerolazo’ fue convocado para las 18:00 de hoy en la plaza 24 de Septiembre. Ahí habrá un pronunciamiento por parte de los activistas, que reaparecieron en un escenario complejo de la agenda política del país.

De esta movilización en Santa Cruz participará el Comité Cívico Femenino, las Juntas Vecinales, y activistas tanto de la capital como de municipios como Puerto Suárez, Camiri y Charagua. Mientras que, en La Paz, un grupo de activistas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también prepara un ‘cacerolazo’, aunque aún no se definió el lugar y el horario de la movilización.

Manuel Morales, representante del Conade, dijo a EL DEBER que esta acción es en exigencia para que desde el Estado tome acciones ante la subida de precios de los alimentos. El activista advirtió que esta situación puede agravarse si el Gobierno no corrige el camino de su política económica.

“Es urgente y necesario este ‘cacerolazo’ porque el incremento ataca a las economías de los ciudadanos, además muestra la pérdida de la seguridad alimentaria que se suma a la falta de dólares y carburantes. Es parte de las políticas del Movimiento Al Socialismo”, expresó Morales.

Además, adelantó que, este lunes, representantes del Magisterio Urbano y de los profesionales en salud saldrán en marcha en contra de la Gestora Pública por la inversión o compra de $us 200 millones que corresponden a los bonos emitidos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

En tanto que, en Cochabamba, la Federación de Juntas Vecinales protagonizarán un ‘cacerolazo’ en cinco municipios del trópico exigiendo atención a sus demandas.

Feliciano Mamani, presidente cívico de Villa Tunari, informó que el ‘cacerolazo’ tiene amparo porque demandan el suministro de diésel, gas, además rechazan el Decreto Supremo 4723 y exigen un mayor despliegue de efectivos policiales hasta el trópico para garantizar seguridad de esa región.

“Vamos a movilizarnos con reclamos al Gobierno central”, dijo en contacto con la radio Kawsachun Coca, desde Lauca Ñ.

En esta coyuntura reflota el activismo que emergió en 2015 con la insignia ‘Bolivia dijo No’, cuando estos grupos de ciudadanos sin militancia partidaria se agruparon ante el referéndum que promovió Evo Morales para ajustar la Constitución Política del Estado (CPE) en favor de la reelección. La consulta tuvo lugar el 21 de febrero de 2016 y los consultados rechazaron la reelección. Aun así, Evo insistió a través de un recurso planteado ante el Tribunal Constitucional que le reconoció “su derecho político” de ser elegido en el contexto de la jurisdicción internacional. El 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la “reelección presidencial” no es un derecho que deba ser protegido.

Otro hito fue el paro de 21 días en 2019, cuando los activistas respaldaron esta protesta en Santa Cruz que rechazó la reelección de Morales que en ya había sido reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de entonces.

Morales renunció en ese contexto y lo hizo luego que la OEA detectará “una manipulación dolosa” en la transmisión de votos de la elección nacional de ese año.

Una de las últimas movilizaciones que acompañó el activismo fue el paro de los 36 días, cuando se pedía la realización del Censo de Población y Vivienda.

En los tres años que lleva en el poder, el presidente Luis Arce abrogó varias normativas, precisamente, por efecto de la movilización de activistas ciudadanos y sectores como los gremiales. El 14 de mayo, por ejemplo, Arce dispuso la anulación del Decreto 5143, la norma que establecía la reforma de Derechos Reales.

Por esta iniciativa, los gremiales y los activistas recorrieron las calles pidiendo al mandatario la anulación de este decreto. Esta medida tomó musculatura y finalmente el dignatario retrocedió señalando que decidieron escuchar a las organizaciones sociales para evitar una convulsión.

​​Alcón destaca esfuerzo del Gobierno para
evitar el alza de precios​​​

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó que algunos productos experimentaron un incremento de precios en el mercado, pero lo atribuyó a factores externos, como el contrabando y las heladas que afectaron la producción.

“Hay una subida de precios de algunos productos, no de todos”, aclaró. “Sin embargo, nuestro modelo económico está funcionando para contener la inflación y evitar que el impacto sea mayor para la población”, afirmó en contacto con los medios de prensa.

Destacó que la inflación acumulada en Bolivia, a mayo se sitúa en 1.9%, por debajo del promedio regional del 5.4%. Comparó esta cifra con la inflación en Argentina, que supera el 65%. “Estamos subvencionando productos y fomentando la producción, para evitar que los precios se disparen”, precisó.

Sobre el desabastecimiento de combustible, Alcón aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar el abastecimiento a escala nacional. Señaló que, durante el fin de semana pasado, se destinaron 2.000 millones de litros adicionales de gasolina y diésel, además de la apertura de cinco plantas de distribución.

“Le decimos al país que el combustible está garantizado”, afirmó. “Estamos tomando acciones para regularizar la situación y evitar que se generen nuevos bloqueos que afecten a la población”, agregó.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirmó que el fenómeno climático El Niño es el principal causante de la subida del precio de los productos agrícolas no solo en Bolivia, sino en la región. Y el ejemplo más claro, dijo, es el precio del tomate.

Según datos de un reportaje que hizo EL DEBER en la frontera con Argentina, el comercio “se invirtió”, especialmente para los alimentos. Ahora llegan ciudadanos de esa nación vecina a comprar productos agrícolas y otros alimentos. Esto sucede en Bermejo y Yacuiba. Por esas ciudades fronterizas, ingresaban productos argentinos hasta antes de los ajustes que hizo Javier Milei desde diciembre de 2023.

Según la explicación de Arandia, los precios han subido en Bolivia, esencialmente por fenómenos climatológicos, inflación importada y “contrabando a la inversa”. En octubre de 2023 las precipitaciones fueron un 33% menos que el promedio, en noviembre un 15%, en diciembre 34%, en enero un 18% menos y el único mes cuando fueron superiores a la media fue en febrero (4%), pero en marzo volvieron a bajar (-36%), en abril un 11% y en mayo un 35% menos.

Sumado a ello, llegó el fenómeno La Niña, que trae un adelantamiento del invierno, con una reducción abrupta de las temperaturas. Perú vive un fenómeno similar que también afecta a los productos agrícolas. El comportamiento del precio del tomate, concluye Arandia, no es aislado sino un fenómeno generalizado.

Indicó que, en cuanto a la inflación, al mes de abril en Argentina estaba en 65%, en Bolivia “tan solo” el 1,3%, en Perú 1,4%, en Chile 2,2%, en Paraguay 2,8%, en Brasil 2%, Ecuador 1.8%, Colombia 3,3% y Venezuela un 6,3%.

Análisis

Paúl Coca, constitucionalista y experto en el análisis político, afirmó que estas movilizaciones jugaron un papel importante en Bolivia, teniendo un gran éxito en las calles en 2016 y 2019.

Consideró que, con la movilización por la falta de dólares y el incremento de alimentos, existe un reflejo de una molestia aún mayor porque se trata de temas que perjudican al ciudadano de a pie que no distingue el color político.

“El rol de muchos activistas no es solo de la protesta sino de propuesta, porque son profesionales y vienen de sectores. El Gobierno debería tomar en cuenta todas las movilizaciones”, indicó Coca.