Rechazan denuncia contra dirigentes por cerco a Santa Cruz y ven justicia desigual

La Fiscalía de La Paz desestimó la denuncia contra los dirigentes afines al MAS que cercaron, por 12 días, la capital cruceña para impedir el abastecimiento de alimentos y combustible, además de generar violencia en los puntos de bloqueo. El abogado de los legisladores de Creemos, Juan Carlos Camacho, observó que el fiscal asignado actuó sin respetar la jurisprudencia y cumplió “el rol de peón del Gobierno”.

“Nos sorprende que luego de presentar la denuncia contra dirigentes afines al MAS por el cerco a Santa Cruz y que ha sido flagrantemente un delito de terrorismo, de atentados contra la salud, pero haya sido desestimada en cinco días. Hay una clara selectividad que tiene el Ministerio Público para no admitir esta denuncia”, manifestó el jurista.

El 25 de octubre, el dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígena Originarios de Santa Cruz, Edwin Arce, informó que a la medianoche de ese miércoles empezaba el cerco a la ciudad cruceña, como respuesta al paro iniciado por los cívicos a favor del censo 2023.

Los transportistas intermunicipales bloquearon la vía entre los municipios de Paila y Santa Cruz. Otro sector del transporte tomó la vía La Guardia donde sucedió mayor violencia y luego cercaron la refinería de Palmasola.

Camacho sostuvo que el fiscal de la Unidad de Análisis, Osmar Pereira, fue quien rechazó la denuncia, pero adelantó que presentarán otra demanda. “El fiscal dice que no se adjuntaron elementos de pruebas, pero según la jurisprudencia eso se va a obtener en el transcurso de la investigación. Lo que hace Osmar Pereira es cumplir su rol de peón del gobierno y de fiscal de parte del oficialismo”.

Al contrario, la denuncia presentada por Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, fue admitida al día siguiente de ser presentada.

Acusan a las tres autoridades de cometer delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra mandatarios y otros. Asimismo, se conoce que ya se emitieron alertas migratorias contra los tres denunciados.

Al respecto, el abogado del gobernador, Martín Camacho, aseveró que el caso fue admitido en La Paz, lo que no procede ya que los supuestos hechos ocurrieron en Santa Cruz.

El rector Vicente Cuéllar informó que aún no fue notificado y aseguró que la denuncia busca amedrentarlos.

“No fuimos notificados y observamos que quien ha denunciado no tiene la legitimidad activa. Es una persona que no vive en Santa Cruz, seguramente ni siquiera se ha enterado de los acontecimientos. Somos respetuosos de la ley y cuando seamos notificados vamos a responder, pero es una forma de amedrentar y acallar a una comisión que ha pedido censo para todos”, dijo.

La autoridad universitaria recordó que el origen del conflicto fue la “ineficiencia” del Gobierno y del Instituto Nacional de Estadística (INE) que postergaron el censo hasta 2024.