En el día 40 del conflicto, el asedio sobre La Paz volvió a intensificarse con la llegada de nuevos grupos de campesinos a El Alto, mientras crece la demanda ciudadana e institucional para que el Gobierno declare estado de excepción y restituya el orden en las carreteras bloqueadas por grupos afines a Evo Morales.
Cientos de campesinos provenientes de Cochabamba y de varias provincias del norte de Potosí arribaron ayer El Alto en una caravana de autobuses que —a diferencia de cientos de camiones y cisternas atrapados por los bloqueos— sí pudieron desplazarse para sumarse a una gran marcha convocada por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. La convocatoria fija como punto de concentración el Multifuncional de la Ceja de El Alto y llama a centrales, subcentrales, sindicatos agrarios y organizaciones sociales de la denominada Alianza de Unidad que se firmó el 5 de mayo con la Central Obrera Boliviana (COB), dirigentes vecinales y sectores radicales afines al evismo con el único objetivo de derrocar al gobierno de Rodrigo Paz elegido en las urnas hace siete meses.
Los movilizados vienen de territorios donde Paz junto a la dupla que armó con Edmand Lara logró hasta el 80% de los votos en el balotaje de 2025, como es el caso del municipio potosino de Pocoata.
De hecho, videos difundidos en redes sociales mostraron a comunarios identificados como provenientes de Pocoata, Chayanta, en el norte de Potosí, y de Carrasco, en Cochabamba, ingresando a El Alto con montera tradicional del tinku, un accesorio de danza asociado con la lucha; banderas, pancartas y palos de madera. “El único pedido es la renuncia del presidente Rodrigo Paz”, se escuchó decir a uno de los marchistas en una grabación atribuida a la radio Kausachun Coca, controlada por el expresidente Evo Morales. Otro movilizado aseguró que su columna llegará al Kilómetro Cero de La Paz, un sitio emblemático de la Plaza Murillo, en el centro del poder polítco de país, que sin embargo permanece desde hace un mes bajo resguardo militar.
De todas maneras, los movilizados encontraron a las ciudades de La Paz y El Alto golpeados por la falta de combustible, con filas interminables en los surtidores y falta de alimentos de primera necesidad en los mercados y medicamentos en los hospitales. En las imágenes divulgadas ayer, los movilizados llevaban consigo botellas y palos.
Anoche, miles de ciudadanos salieron también a las calles de La Paz con globos y pañuelos blancos para pedir paz, rechazar los bloqueos y exigir que se levanten las medidas de presión. En un cabildo, vecinos y organizaciones ciudadanas reclamaron al Gobierno la declaratoria del estado de excepción como mecanismo constitucional para recuperar la libre transitabilidad, además de una ley contra los bloqueos.
El pedido fue respaldado por voces religiosas. El arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, consideró que el Gobierno puede aplicar un estado de excepción regionalizado, con especial atención en el trópico de Cochabamba. Según el prelado, en el conflicto confluyen demandas sindicales, intereses políticos desestabilizadores y grupos presuntamente vinculados con economías ilegales. A su juicio, la medida no debe entenderse como uso indiscriminado de la fuerza, sino para aplicar con rigor la ley.
En la misma línea, Iglesias Evangélicas Unidas presentó a la Justicia una Acción Popular para exigir que el presidente Paz emita el decreto correspondiente y active el estado de excepción por “conmoción interna”. Su presidente, Luis Aruquipa, sostuvo que la Ley 1740 ya fue promulgada y que ahora corresponde precisar territorialmente.
Mientras tanto, desde el trópico de Cochabamba, sectores leales a Morales anunciaron vigilias y tomas “efectivas” de cuarteles militares, además de controles y requisas a “visitantes”. Un vocero de la Federación de Shinaota difundió un video en el que dijo que no se harán responsables si las bases reaccionan contra supuestos infiltrados.
Frente a este escenario, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que Bolivia ya no enfrenta únicamente un conflicto interno, sino una amenaza con componentes transnacionales vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico y financiamientos oscuros.
Justiniano sostuvo que la respuesta estatal “no será improvisada”, sino “institucional, democrática y de Estado” sobre la base de un plan.