Rectores preparan protestas contra jueces por liberar a Max Mendoza y sus correligionarios
Un diputado de CC avaló a Mendoza otorgando un certificado de trabajo para que acceda a la detención domiciliaria
Aglutinados en torno a la Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), los rectores emitieron un pronunciamiento mediante el cual rechazan el favorecimiento judicial al ex dirigente Max Mendoza, quien accedió a detención domiciliaria pese a la gravedad del caso que enfrenta.
“La CEUB estará pendiente de las decisiones que asuma la justicia, en caso que la misma no coincida con los precedentes de otros casos, donde se investiga actos de corrupción y sean benévolos o favorezcan a personas que hicieron un daño no solo a la economía de las universidades sino a la imagen institucional del Sistema Universitario nos veremos obligados a realizar actos de protesta”, advierte la parte central del pronunciamiento de los rectores.
Max Mendoza, un estudiante universitario a sus 52 años, accedió a ser nombrado representante de la CUB sin ser autoridad universitaria. Fue detenido en mayo de 2022 acusado de una decena de delitos. Pero, este 3 de enero, se benefició con la detención domiciliaria apoyado por un diputado opositor que le dio un certificado de trabajo.
Los rectores aprobaron el documento en contra de Mendoza luego de conocer que se había beneficiado con la detención domiciliaria. Pero no solo fue él, sino que este lunes también se conoció que otro dirigente estudiantil de La Paz, Álvaro Quelali, detenido por la misma investigación, también se benefició con la detención domiciliaria.
“El Sistema de la Universidad Boliviana no permitirá que haya injerencia y manipulación de la justicia boliviana, mucho menos cuando se traten de actos de corrupción que se hayan suscitado en el seno de la Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y por ende en el Sistema de la Universidad Boliviana”, señala otra parte del pronunciamiento de los rectores.
La CEUB se declaró en vigilia por el caso. Los abogados ya apelaron la decisión judicial pues se descubrió que la empresa del diputado, Ingvar Ellefsen (CC) en realidad no existe. Los querellantes piden que Mendoza permanezca detenido hasta que se lleve adelante el juicio.
