El Gobierno aseguró que ya tiene listo el paquete de reformas que se materializará en unas 12 leyes. Pero, antes de enviarlas a la Asamblea, optó por construir acuerdos previos con legisladores y facilitar su tratamiento después del 21 de julio, cuando concluya el receso “constitucional”.
La iniciativa incluye nuevas leyes de inversiones, hidrocarburos, minería, energía y energías verdes. El objetivo, según el Ejecutivo, es atraer capitales, reactivar la exploración y comenzar a modificar las reglas heredadas de 20 años de gobiernos del MAS.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el presidente Rodrigo Paz ya se reunió con diputados de diferentes bancadas para presentar los lineamientos del paquete y avanzar en una coordinación política.
“Están previstas esas leyes y, al final, será un paquete de 10 o 12 leyes las que se están trabajando”, afirmó Gálvez. Añadió que el Ejecutivo no pretende enviar los proyectos como decisión unilateral. “Más que una simple iniciativa del Ejecutivo de decir que este es el paquete de leyes que se tiene que tratar, queremos que sea una acción conjunta”, sostuvo.
A su turno, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, precisó que la Ley de Inversiones ya está diseñada y atraviesa una etapa de revisión y consulta antes de su envío al Legislativo. Esa norma será la base del resto de las reformas. “Esta ley de inversiones es el paraguas sobre el cual se van a asentar varias otras leyes: hidrocarburos, minería y demás”, señaló Espinoza. También indicó que el Gobierno tiene en cartera las leyes de Hidrocarburos, Energía y Energías Verdes, que espera presentar en los próximos días o semanas.
El paquete se prepara después de una crisis social de 53 días y en medio de dificultades de abastecimiento de combustibles que volvieron a mostrar la caída de la producción de gas, la falta de exploración y la creciente dependencia de las importaciones.
En ese contexto, la urgencia se concentra en hidrocarburos. Bolivia pasó de ser un exportador estratégico de gas a registrar menores volúmenes de venta, reducción de reservas y una mayor presión fiscal por la compra externa de carburantes.
En paralelo, el Ejecutivo abrió conversaciones con Petrobras para ampliar su participación en exploración y producción y analizar una posible cooperación en la reestructuración de YPFB. Espinoza sostuvo que la intención es generar condiciones para que empresas extranjeras amplíen su presencia en Bolivia desde 2027.
El presidente de Diputados, Roberto Castro, admitió que los ministerios proyectistas todavía trabajan en la redacción final de las normas y que la Cámara espera un cronograma específico para iniciar su tratamiento una vez concluido el receso.
Desde la oposición también surgieron señales de apertura. Legisladores de Libre, Unidad y el PDC pidieron acelerar las reformas en inversiones, hidrocarburos y minería, aunque advirtieron que algunos cambios pueden tropezar con límites legales y constitucionales.
En criterio de Francesco Zaratti, un físico y especialista en materia de hidrocarburos, Bolivia no tiene tiempo para una reforma larga y debe aprobar una ley corta que modifique el régimen tributario para atraer inversión petrolera. “Estamos en una situación de emergencia y, por tanto, las medidas tienen que ser inmediatas”, afirmó ante las urgencias que avizoran una mayor crisis enegética en el país.
Ley de inversiones y plan económico
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que la nueva Ley de Inversiones será la base de la segunda etapa del programa económico del Gobierno. El proyecto ya está diseñado y atraviesa una fase de revisión y consulta antes de ser remitido a la Asamblea Legislativa.
El ministro vinculó estas reformas con las conversaciones abiertas con empresas internacionales, entre ellas Petrobras, y señaló que el Ejecutivo espera ampliar su presencia en el país desde 2027.
El presidente Rodrigo Paz defendió, por su lado, esta orientación al sostener que la economía necesita capital, inversión y herramientas reales para producir. “Con capital se mueve la economía”, afirmó durante una reunión con representantes de distintas fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa.
Paz aseguró que el Gobierno construye un gran acuerdo nacional para impulsar reformas estructurales, transformar el denominado “Estado tranca”, abrir Bolivia al mundo, captar recursos internacionales y consolidar la seguridad jurídica. El desafío será equilibrar los incentivos al capital privado con la participación estatal en los recursos naturales en un momento de crisis enérgetica y cambios estructurales.