Relator dice que entrevistas no sustentaron “persecución política” y evita responder sobre Áñez

El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, afirmó este martes que en las entrevistas que sostuvo con actores políticos de la oposición y otras instancias no encontró sustento para afirmar que en Bolivia existe “persecución política”. También evitó ahondar criterios sobre la situación que atraviesa la expresidenta Jeanine Áñez.

Asimismo, el representante extranjero hizo énfasis a los hechos de violencia registrados en 2019, cuestionando los “escasos avances” en las investigaciones y destacó la labor de la Procuraduría en dar pronta atención a las víctimas de lo sucedido.

“Se ha hablado de persecución política, yo no he tenido entrevistas con alguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política, si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no podría responder con conocimiento de causa con sentido afirmativo a la pregunta que se me hace”, dijo casi al final de su conferencia de prensa.

Dentro de las preguntas que recibió el delegado, varias hacían mención a la situación judicial de la expresidenta Áñez, que cumple 13 días en huelga de hambre y que no pudo ser trasladada a un centro médico por un bloqueo de simpatizantes del MAS en puertas de la cárcel de Miraflores.

“Hemos recibido información acerca de la situación de la señora Jeanine Áñez, y de las dificultades que tuvo para su traslado, para poder llegar a un centro hospitalario, había impedimentos físicos para poder llegar. El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad es responsable de la integridad física y de la salud, en todos los casos, respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”, afirmó.

Sus declaraciones:

Remarcó que fue su decisión no visitar a la exautoridad, debido a que los relatores no suelen entrevistar a personas que están en la cárcel.  “Me he reunido con la defensa legal y la hija de la señora Áñez, que me dieron una cantidad importante de información y aspectos relevantes, que vale mucho más que una visita contingente, para la foto, que no es la función de una visita oficial de un relator. Lo importante es que se garantice en este y todos los demás casos el debido proceso”, precisó.

Ratificó que existe un protocolo firmado entre el Gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se realice una observación a los procesos judiciales por el denominado “golpe de Estado” y que recibió, por parte de las autoridades nacionales, el compromiso de garantizar el respeto a los derechos y el debido proceso.  

“Hay más preguntas sobre el caso Áñez que yo no puedo responder, la señora Áñez tiene su defensa legal, el relator no puede ser capaz, en este y en cualquier otro caso, de adelantar una impresión sobre inocencia o responsabilidad penal, lo único que me corresponde es pedir que se den todas las garantías judiciales y que se respete plenamente el derecho a la defensa, he recibido la seguridad de que así se hará”, acotó.

Admitió que su informe no tiene un carácter vinculante. “No estoy acá trayendo el undécimo mandamiento sino estableciendo recomendaciones para propiciar el diálogo, ante todo, entre bolivianos y sus instituciones, contribuir sin dejar de decir cosas que sean críticas”, dijo, concluyendo que “no se trata de venganza sino de justicia”.

Enfatiza los hechos de 2019

Durante su intervención, García-Sayán cuestionó la retardación en las investigaciones sobre lo ocurrido tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Destacó que sostuvo una reunión de más de tres horas con las víctimas de Sacaba, Senkata y la zona Sur de La Paz.

“Pasados los dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación (…) Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, manifestó.

Consideró que su visita “contribuirá a alentar una prioridad y una atención justa para que las personas afectadas por estos hechos de violencia puedan encontrar algo de justicia”.