Relator Especial de la ONU: “Los Estados han estado más orientados a facilitar la actividad extractiva que a proteger los derechos de las personas”

“Nada de lo que haga o deje de hacer una empresa puede absolver al Estado de su responsabilidad de garantizar los derechos humanos”, dice enfáticamente el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, aludiendo a los graves daños ambientales que industrias como la petrolera han dejado en los territorios de Latinoamérica. Su mirada sobre el impacto de las malas prácticas ambientales de estas operaciones y la falta de sanciones disuasivas no ha cambiado desde la última vez que estuvo en Perú, en febrero de 2022.

Entonces acababa de visitar el lote 192, espacio petrolero en la región amazónica de Loreto que aloja 126 sitios impactados de los cerca de 171 reconocidos por el Estado peruano, y en una entrevista con Mongabay dijo: “¿Qué conducta empresarial se puede denominar responsable si frente a pasivos ambientales simplemente alistan sus maletas y se van? Eso es un abuso”.

Un año después, en medio del ajetreo de sus actividades en Washington, volvió a referirse a los problemas detrás de la explotación de hidrocarburos, la falta de fiscalización estatal y la necesidad de establecer políticas públicas para que estas historias no se vuelvan a repetir. Pero también se refirió a los hallazgos de la investigación Las Deudas del Petróleo, que ha logrado mapear 8278 desechos tóxicos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con La Barra Espaciadora, Rutas del Conflicto, Cuestión Pública y EL DEBER reveló, además, que 6371 de los desechos detectados no han sido remediados y que en menos de un tercio del total de casos se han hallado responsables.

​—¿Cuál es el mensaje que se le da a las empresas petroleras cuando los Estados no las responsabilizan de los pasivos ambientales y, además, se les sigue ofreciendo lotes petroleros?

—Las empresas petroleras han causado una grave emergencia planetaria que pone en riesgo el goce efectivo de los derechos humanos a escala mundial. Esta situación afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, quienes dependen física y espiritualmente de sus bosques y medio ambiente. Además, la exposición a los contaminantes peligrosos generados por la industria petrolera ha causado enfermedades en millares de personas, y muchas de ellas han perdido la vida. Esto es incompatible con la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y con la responsabilidad que tienen los Estados de garantizar estos derechos a través de leyes robustas y eficaces.

Esta situación pone de relieve la importancia que tiene la primacía de los derechos humanos por sobre consideraciones empresariales, y en particular en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente no tóxico. Pero muchas veces los Estados le dan prioridad a las industrias contaminantes, sea porque sus estructuras están capturadas por conflictos de interés, sea porque los costos ambientales no se encuentran contabilizados apropiadamente, o sea porque las personas afectadas no tienen voz en los procesos de toma de decisiones. Eso es lo que sucede en las zonas de sacrificio: las personas son sacrificadas en sus derechos para que ciertas empresas tengan ganancias económicas.

—Además de los pasivos ambientales, cada país tiene sus propias denominaciones para los desechos petroleros en sus territorios: en Ecuador hay fuentes de contaminación; en Perú existen sitios impactados, en Bolivia tenemos pozos abandonados y en Colombia están los impactos no resueltos. ¿Cree que estas diversas denominaciones obedecen a decisiones políticas?

—Cuando en las negociaciones del Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe se abordaron los pasivos ambientales, se empezó a usar el concepto ‘zonas contaminadas’ como una terminología genérica que pudiera albergar las diversas precisiones que se utilizan en los países de la región. No obstante, las palabras y los términos que se emplean en las políticas ambientales y energéticas sin duda pueden tener un carácter político. En ese sentido, los pasivos ambientales reflejan la debilidad institucional y normativa de los Estados y, cuando estos pasivos ambientales son de la magnitud que ha revelado la investigación de Mongabay Latam, uno observa que los Estados han estado más orientados a facilitar la actividad extractiva que a proteger los derechos de las personas directamente afectadas por estas industrias.

—En la investigación encontramos que en menos de un tercio de los más de 8 mil impactos petroleros de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú se han hallado responsables. ¿Cómo ve que los países están respondiendo a estos vacíos de información?

—La responsabilidad principal de garantizar los derechos le corresponde al Estado. Esto incluye la obligación de establecer un marco regulatorio eficaz que asegure el respeto a los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente saludable. Además tiene la obligación de informar sobre los pasivos ambientales y las empresas responsables de generarlos. Sin embargo, muchas veces vemos que los Estados no tienen esta información, no tienen programas para generarla o incluso si la tienen rechazan pedidos de información. Cabe recalcar que nada de lo que haga o deje de hacer una empresa puede absolver al Estado de su responsabilidad de garantizar los derechos humanos. Dicho eso, las empresas también tienen que responder: tienen la responsabilidad de respetar derechos y eso implica que al menos eviten prácticas que se encuentren prohibidas en sus países de origen. Hemos visto dobles estándares una y otra vez en los países de la región amazónica. Ese respeto de derechos por parte de las empresas también se debe traducir en evitar buscar ganancias a costa de los derechos de las personas y del medio ambiente.

—En su informe sobre la repercusión de las sustancias tóxicas en los derechos humanos de los pueblos indígenas, se destaca la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en estas zonas de contaminación. En Las Deudas del Petróleo encontramos que 670 impactos petroleros se encuentran en 50 territorios indígenas y 15 áreas protegidas en los cuatro países abordados. ¿Cree que en este escenario está ocurriendo “violencia e injusticia ambiental”, como señala en su informe?

—Los pasivos ambientales dan cuenta de una tremenda injusticia ambiental en la región. Frente al ingreso de empresas petroleras, los pueblos indígenas que viven en la Amazonía han sufrido los graves impactos de la contaminación, con consecuencias adversas en sus cuerpos, sus viviendas, sus fuentes de agua y alimentación, y también en sus prácticas culturales y el acceso a plantas medicinales, por ejemplo. Es una negación sistemática y de gran escala de los derechos de los pueblos indígenas. El enfoque de derechos humanos a los procesos de desarrollo busca mirar la realidad desde la óptica de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y sufren la negación de sus derechos. Es por eso que mi informe sobre tóxicos y los derechos de los pueblos indígenas aborda las fuentes de contaminación que les niegan a los pueblos indígenas el goce efectivo de sus derechos, incluidas las actividades petroleras, la minería aurífera con mercurio, las aspersiones de plaguicidas altamente peligrosos, entre otras actividades altamente contaminantes.

—Usted habla sobre el impacto petrolero en la salud de las personas. Sin embargo, hay empresas que señalan que no hay “datos creíbles” que relacionen enfermedades con las operaciones petroleras, como es el caso de la empresa Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en Perú. Desde su relatoría, ¿cómo observa esto?

—Las actividades de extracción de hidrocarburos generan contaminantes peligrosos, y muchas empresas simplemente los descargan al medio ambiente. Esto ha generado la proliferación de zonas de sacrificio, que son áreas extremadamente contaminadas. La ciencia ha revelado la relación causal que tiene la exposición a estos contaminantes peligrosos con diversas afectaciones a la salud, muchas de ellas graves e incluso fatales. Sin embargo, los sistemas legales de los países todavía no dan respuesta adecuada a los desafíos de la sociedad contemporánea donde los químicos invisibles generan riesgos y daños. Hay muchos casos de personas que viven en lugares contaminados y no saben por qué se enfermaron. No lo saben porque no cuentan con los medios para probar sus afectaciones. Es ahí donde los sistemas legales de los países deben evolucionar para garantizar el acceso a la justicia, incluida la prueba dinámica de un hecho, como han establecido cortes en Argentina y México, la que le exige a una empresa demostrar que no es responsable de una afectación.

—Tras la visita que hizo en 2022 al lote 192 en Loreto, Perú, ¿encontró algunos aprendizajes que puedan servir para otros casos de contaminación petrolera?

—La situación del Lote 192 da cuenta de continuos derrames de petróleo, falta de remediación y falta de asistencia médica adecuada, entre otras falencias que reflejan el abandono del Estado de su deber de garantizar los derechos de los pueblos indígenas que han sido afectados. La gran lección para otros casos es la importancia de la prevención de la contaminación y la necesidad imperiosa de que el Estado garantice el respeto al derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado.

Las tareas pendientes de los Estados

—¿Conoce alguna experiencia exitosa donde el Estado haya avanzado en resolver estos problemas de pasivos ambientales?

—Varios países han empezado por identificar cuál es el grado y tipo de contaminación en las zonas contaminadas para implementar planes de restauración. Pero la restauración de estos daños pueden ser altísimos. Un caso específico es el de Italia, país al que visité de forma oficial y que tiene sitios contaminados y pasivos ambientales de gran escala, incluyendo contaminantes orgánicos persistentes como las dioxinas y bifenilos policlorados. El gobierno italiano, con algunas demoras y falencias, ha impulsado programas de limpieza que demuestran una conciencia acerca de la gravedad del problema y la necesidad de tomar acción.

—¿Cuál es su opinión sobre lo que están haciendo los gobiernos de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia con respecto a estos pasivos petroleros?

—Las cifras que revela la investigación Las deudas del petróleo reflejan una gran contaminación por pasivos ambientales y esto da cuenta de la falencias y debilidades institucionales y normativas del Estado. No obstante, en la región veo que hay países que se encuentran encaminados a implementar el acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Este compromiso me parece importante resaltarlo, porque muchas veces los pasivos ambientales son el resultado de la aplicación mal entendida del desarrollo sostenible. Además, el Acuerdo de Escazú expresamente requiere que cada parte cuente con sistemas de información actualizados. Estos sistemas pueden incluir el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización.

—Los expertos de nuestro especial señalaban que las empresas y los países tienen una visión muy reducida del impacto ambiental de estos desechos petroleros. ¿Qué recomienda a los gobiernos con respecto a estas zonas de contaminación petrolera?

—En varios países, el centralismo que caracteriza a los gobiernos significa que las dinámicas políticas muchas veces se centran en pugnas de poder en las capitales. Lo que sucede lejos de la capital con frecuencia no es visible para el público ni para las autoridades. De ahí la importancia de asumir el compromiso de generar y divulgar información detallada y acabada acerca de zonas contaminadas: el tipo de contaminante y localización. Esta información también debe identificar a las empresas responsables, así como las medidas requeridas para la reparación integral, y los procesos de participación de las comunidades en la reparación.

—¿Cuál sería la solución para frenar la generación de más desechos tóxicos petroleros considerando que los países siguen dependiendo de esta industria?

—La prevención de la contaminación requiere de marcos regulatorios fuertes y esto significa el fortalecimiento de aquellas instituciones del Estado que tienen como mandato la protección del medio ambiente, la evaluación de los impactos ambientales y la fiscalización del cumplimiento de la normativa. También pasa por el fortalecimiento de las entidades judiciales, porque en muchos países se judicializan las multas u otras medidas que toman las autoridades para perseguir el cumplimiento de la normativa ambiental.

—¿Es posible salir de la dependencia petrolera y completar la transición energética en Latinoamérica?

—De acuerdo con la evidencia científica, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha llevado a que la humanidad se encuentre frente a una verdadera emergencia climática. Frente a la amenaza planetaria que supone el cambio climático, esta transición energética no es una opción, sino un imperativo para la supervivencia de la especie humana en el planeta.

—En las próximas elecciones de Ecuador se debe decidir si se prohíbe o permite la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní y la explotación minera en la reserva de la biosfera del Chocó Andino. El presidente Lasso ha dicho que esto provocaría un problema económico grande. ¿Cómo equilibrar la economía y la conservación del medio ambiente tomando un caso como este?

—Desde la Cumbre de la Tierra de 1992, el desarrollo sostenible ha sido el paradigma utilizado para reconciliar desarrollo y medio ambiente. Sin embargo, las cifras de pasivos ambientales en la investigación de Mongabay Latam reflejan que este paradigma se encuentra descalibrado en la región. O sea que, el desarrollo sostenible ha servido para promover actividades contaminantes en desmedro de la integridad ambiental y los derechos de las personas, sobre todo de los pueblos indígenas. Recalibrar el paradigma del desarrollo sostenible supone la articulación real de los derechos de acceso a la información, a la participación informada en la toma de decisiones ambientales, y al acceso a la justicia y remedios reales y efectivos. También supone reconocer que el proceso de desarrollo debe estar encaminado al respeto de los derechos humanos. La vida y la salud de las personas dependen de ecosistemas saludables. La civilización humana depende de un medio ambiente sano, limpio y sostenible.