Reportan 57 casos en que defensores de derechos humanos en Bolivia sufrieron ataques

En Bolivia, de manera recurrente, se registran agresiones verbales, físicas, amenazas a la integridad, obstaculización al trabajo y criminalización de defensores de derechos humanos. Son 57 defensores que sufrieron represalias, amenazas y ataques; algunos tienen sentencias judiciales y otros todavía están en situación de riesgo por defender sus causas y ejercer el derecho a defender derechos en lo que va del año.

Todas las vulneraciones sufridas por varios defensores desde el 1 de enero hasta el 25 de noviembre de 2022, se distribuyen en cinco categorías: obstaculización en la realización de sus actividades, agresiones, criminalización, desprotección en situaciones de riesgo y amenazas.

Uno de los 57 casos es el de Rosalba Vargas, vicepresidenta del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). La dirigente fue detenida el 11 de octubre en la zona Periférica de la ciudad de La Paz por dos policías vestidos de civil que le seguían. Ella es madre de una hija que sufre epilepsia. Luego de seis días en prisión obtuvo detención domiciliaria, pero sin derecho al trabajo. Ahora está en su domicilio en el municipio de Irupana, en los Yungas de La Paz.

Evelyn Cossío es la abogada que representa a Adepcoca. La jurista, sobre el caso de Vargas, explicó que se realizó la gestión para que la dirigente pueda trabajar en su comunidad ya que de ella depende toda su familia.

“Ella (Vargas) fue detenida sin que se respeten sus derechos. El hecho de que una persona esté sometida a un proceso no quiere decir que sus derechos sean conculcados, más al contrario, tienen que garantizarse”, detalló Cossío.

El día de la detención, Vargas y otros dirigentes cocaleros iban a bordo de un minibús del sindicato de Chulumani hacía sus domicilios. Pero el motorizado fue interceptado por dos vehículos con policías vestidos de civil. Solo pudieron detener a Vargas, ya que los otros escaparon.

En la base de datos también están los dirigentes cocaleros Freddy Machicado, presidente de Adepcoca con detención en el penal de San Pedro, y Juan Cocarico, también con detención.

Franco Albarracín es activista de derechos humanos. El experto expresó su preocupación por el aumento de defensores que sufren vulneraciones de sus derechos y detalló que los datos arrojados por Unitas deben ser denunciados en el ámbito internacional para que haya conocimiento de las violaciones a sus derechos que sufren los defensores. Albarracín consideró que las defensoras y defensores que sufren más hostigamiento y ataques son los que defienden el medio ambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos. 

“En el caso de la defensa de los derechos humanos un ejemplo es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), que este año ha sido atacada constantemente a través del ataque directo de Impuestos Nacionales, a través de campañas de desprestigio, de (organizaciones) paralelas creadas por parte de grupos afines al partido de Gobierno, bueno un sinfín de acciones que lamentablemente ha dañado el trabajo que realiza la Asamblea de Derechos Humanos y que al final de cuentas termina también afectando a la población en general, que es la que se beneficia del trabajo de entidades que defienden los derechos humanos”, recalcó Albarracín.    

La activista Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb sufrió vulneraciones como las agresiones y la desprotección en situaciones de riesgo. “La asamblea (de Derechos Humanos) fue tomada, ha ingresado la (organización) paralela ahí, y me dicen que soy una ladrona, me han insultado, me dijeron de todo. Me gritaron, me lastimaron y la justicia no hizo nada hasta ahora. Nos quitaron la representación legal de la asamblea y tampoco dijeron nada” lamentó Carvajal en comunicación con este medio.

Desde el exterior existe una mirada cauta sobre esta temática. César Muñoz, investigador para América Latina de Human Rights Watch (HRW), afirmó a este medio que desconoce los datos concretos de defensores y defensoras que sufren vulneraciones de sus derechos en Bolivia, pero enfocó sus críticas en el sistema judicial boliviano como punto de partida para la defensa de derechos humanos en el país.

Muñoz cuestionó que el sistema judicial boliviano está debilitado y que está funcionalizado al partido de turno en el Gobierno, ya sea en esta gestión o gestiones pasadas. El investigador de HRW insistió en que se necesita una reforma en la justicia para avanzar en la defensa de los derechos humanos en el país.

Se solicitó una postura a Paulo Abrao, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el experto prefirió no emitir un comentario debido a que no siguió –dijo- el tema a fondo.    

En el Gobierno hay voces que dicen respetar los derechos humanos no solo de líderes sociales, sino también de todos los bolivianos. El ministro de Justicia, Iván Lima, en septiembre de este año, afirmó que los derechos humanos en Bolivia están garantizados y que en democracia pueden existir disentimientos. Se intentó conocer la posición del viceministro de Justicia, César Siles, pero no respondió los mensajes. 

Defensa del medio ambiente

En la defensa del medio ambiente también existen varias vulneraciones. 17 mujeres guardaparques de áreas protegidas sufrieron violaciones de sus derechos como despidos injustificados y hostigamiento labora denunciados por la Federación Internacional de Guardaparques. La carta enviada al presidente Luis Arce, en la que se denuncia persecución y hostigamiento hacia 17 mujeres guardaparques de las áreas protegidas que dependen del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no tuvo el efecto esperado.

“En esta gestión se ha contratado por tres meses a Nancy Barba y Ciciela Mercado, ambas del equipo de Otuquis y con más de 15 años de experiencia en el terreno, lo que pone en peligro la economía de sus familias (...). Damos nuestro respaldo a todos los guardaparques de Bolivia”, refiere parte de la carta.

Al respecto, la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), que también es activista en la defensa del medio ambiente, ve un doble discurso en las autoridades del Gobierno ya que —dijo— se jactan con palabras de defender a la Madre Tierra y no hacen nada para combatir la minería en áreas protegidas, como el caso del parque nacional Madidi. Siente esa misma impotencia con lo que pasa en el parque nacional de Tariquía.

“En Bolivia fracasó la política medioambiental. Tener que comer hoy destruyendo el piso para mañana. Marcelo Quiroga Santa Cruz decía ‘pan para hoy, hambre para mañana’. Eso estamos haciendo, por comer hoy estamos destruyendo nuestros cultivos de toda la vida. Y acá están los líderes, los defensores y defensoras que defienden su territorio, que defienden el medio ambiente y por eso son atacados. Hay muchos casos de vulneraciones a los defensores y es correcto hacerlo notar”, destacó Requena.

Genoveva Espinoza es otro caso de defensa ambiental. Ella fue destituida como subgobernadora de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz por el Gobernador Santos Quispe por denunciar la explotación ilegal de oro en la reserva del parque Madidi y en el norte paceño.

“El día 30 de junio (de 2022) me llega sorpresivamente la destitución de mi cargo por parte de la gobernación de La Paz”, señaló. Luego, la exfuncionaria añadió que solo defendió la entrada al Madidi y que después empezó a recibir amenazas de mineros y hasta de comunarios que están a favor de la explotación minera aurífera.

“Me atacaron, me amenazaron y hasta me cortaron el derecho al trabajo. Todo eso por denunciar y hacer notar que están atacando nuestro parque Madidi, un área protegida que es una de las más biodiversas del mundo. Sufrí vulneraciones que la justicia no tomó en cuenta para nada”, lamentó Espinoza. 

En otro caso se evidencia que dos personas fueron retenidas por bloqueadores que instalaron un punto de control en el ingreso a la reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija. Las víctimas son sobrinos de una comunaria de la comunidad El Cajón que llegaron desde Argentina para visitarla, pero no pudieron verla e incluso fueron detenidos por la Policía y llevados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de Bermejo.

Defensa de los derechos de la mujer

Gabriela Arce, representante del colectivo Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz, denunció que en abril de este año 13 integrantes de la organización que dirige fueron detenidas por la Policía por protestar por una denuncia de abuso sexual contra una niña de seis años al interior de una unidad educativa en la zona de Villa Copacabana en La Paz. La activista recordó que incluso fueron gasificadas por efectivos policiales.

“En esa época hemos convocado para protestar por la violación a una niña en el colegio, pero llegaron padres de familia que nos agredieron; luego llamaron incluso a la Policía que arrestó a 13 de nuestras integrantes y también nos gasificó. La niña fue violada por alumnos del nivel de secundaria y nunca hubo una denuncia. Los padres callaron y la familia de la víctima era amedrentada. Hubo varias vulneraciones a nuestros derechos, pero también a los derechos de la víctima y su familia”, resaltó Arce.

Mónica Bayá, directora de la Comunidad de Derechos Humanos, tiene una mirada similar a la de César Muñoz: la defensa de los derechos humanos debe iniciar con un cambio radical en el sistema judicial. Bayá criticó que varios casos de feminicidios y ataques a defensoras feministas y del colectivo LGBT quedan impunes porque la justicia en Bolivia “está debilitada”.

“Muchos casos duran más del tiempo establecido debido a que en el proceso no se respetaron los protocolos y eso genera cierta discrecionalidad. Hay casos de defensoras que están a la deriva y que no avanzan para nada. Las vulneraciones de los derechos de cualquier tipo de defensor o defensora deben ser sancionados”, afirmó Bayá. 

En el último paro en Santa Cruz también hubo casos de defensores que sufrieron vulneraciones. Javier Abad Sánchez, Jaime Algarañaz y Samuel Rojas son tres dirigentes cívicos de Puerto Quijarro que fueron aprehendidos por la Policía a principios del paro. Ellos fueron sindicados por la presunta muerte de Julio Pablo Taborga durante los enfrentamientos.

A su vez, hay militantes del MAS que sufrieron la violación de sus derechos como Angélica Ponce, directora de la Autoridad de la Madre Tierra, quien criticó a Evo Morales y luego fue agredida por el diputado Héctor Arce. “Yo sufrí discriminación y acoso político por parte del diputado Arce. Dañó mi dignidad y vulneró mis derechos. Incluso recibí amenazas de muerte”, denunció Ponce.

Asimismo, está el caso de la concejala del MAS, Silvia Soliz, en Cochabamba, quien fue hostigada por militantes del exalcalde José María Leyes. La autoridad denunció hechos de corrupción de la anterior gestión edil y hubo un tiempo que no pudo ingresar a su fuente laboral porque obstaculizaron su ingreso al Concejo Municipal. 

De los 57 casos de defensores que sufrieron vulneraciones. Muchos están en prisión y otros tienen temor a ser detenidos. En Bolivia la cifra de defensores vulnerados va en aumento y no existe una política que evite ese ascenso.