Reportes de 2019: hallaron responsabilidades en la última etapa del gobierno de Evo Morales

Los plazos han vencido. Dentro de una semana comenzarán a divulgarse los resultados de la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política que estalló en 2019.

Se trata del reporte más esperado por actores políticos del país, pues llegará con un plan de reparación integral de daños que el Gobierno asume como “vinculante” y hallazgos que generan expectativa entre los opositores, además de recomendaciones para el Órgano Judicial y la Fiscalía para esclarecer los sucesos y sancionar a los responsables, especialmente, por la muerte de 37 personas.

El grupo de expertos, contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analizó los sucesos comprendidos entre septiembre y diciembre de 2019. El período, marcado por la violencia y la intolerancia política, también fue investigado por otras entidades internacionales que hallaron responsabilidades en la última etapa del gobierno del expresidente Evo Morales.

Por ejemplo, el informe que redactó la Oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la crisis política de 2019, incorpora en los antecedentes de la crisis al referéndum del 21 de febrero de 2016 (21-F).

“A finales de 2016, a pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, el entonces presidente Morales anunció su decisión de postularse a la Presidencia por un periodo adicional. El año siguiente, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia permitiéndole presentarse como candidato”, apunta el texto.

Además, la Alta Comisionada de la ONU señala que la habilitación de Morales “exacerbó la polarización existente y las demandas por el respeto a los resultados del referéndum por parte de diferentes sectores”. La entidad internacional, a requerimiento de sus relatores, solicitó en octubre de 2020 un informe al gobierno de Jeanine Áñez sobre las responsabilidades del Estado y sus instituciones para atender a las víctimas de la crisis de 2019. Áñez no respondió al requerimiento y fue el procurador Wilfredo Chávez quien tomó la posta a fines de abril. 

La respuesta responsabilizó de la crisis a la Iglesia y otros actores de la oposición que, en criterio del gobierno, propiciaron un “golpe de Estado”.

La organización no gubernamental Human Rights Watch señaló que “la administración de Morales había generado un entorno hostil para los defensores de derechos humanos y promovió cambios en el Poder Judicial que supusieron una grave amenaza al Estado de derecho”.

La entidad cuestionó que en 2019 el 80 % de los jueces y del 90 % de los fiscales eran provisionales, “lo que aumenta el riesgo de que se tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y permanecer en el cargo”. El documento señala que el gobierno de Áñez tuvo la oportunidad de promover cambios en la justicia, pero en los 11 meses de transición “se documentaron casos de cargos infundados, violaciones a la libertad de expresión y del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.

Gabriela Ugarte, especialista en gestión constructiva de conflictos, señaló que el papel de la justicia es clave para poder reparar de manera integral los daños causados por la crisis de 2019 y lamentó que el clima de polarización aún siga vigente en el país. ´

“La crisis todavía no se ha resuelto. Estamos al borde del precipicio y sin una reforma de la justicia nos vamos a ir al barranco. Una condición para la definición de Estado frágil es que la institucionalidad, basada en la justicia, no funcione. Hay una tendencia de judicializar todo. Si tenemos esa forma de gestionar nuestros conflictos, debemos tomar medidas al respecto”, dijo.

Las acciones legales para esclarecer las muertes y otras graves afectaciones por la violencia política de 2019 avanzaron con mayor velocidad contra opositores a Morales y exjefes militares que tuvieron mando en el último trimestre de 2019.

David Inca, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, señaló que la CIDH optó por llamar a un grupo independiente, como el GIEI, “porque identificaron que las autoridades del país no eran idóneas, pues tenían un sesgo, sea a favor del gobierno de transición como de los intereses del MAS”. Los especialistas recibieron el 4 de agosto los comentarios del Gobierno sobre el reporte, el cual será presentado el 16 de agosto en Senkata y luego en el resto del país.