Rodríguez Veltzé: "El Tribunal Constitucional tiene alta responsabilidad en la crisis de 2019"

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé desmenuzó los problemas del sistema de justicia y dio algunas claves para superar la crisis. Considera que es importante hacer enmiendas a la Constitución y un consenso nacional para dar respuesta a la falta de independencia del Órgano Judicial.

¿Qué problema de la justicia se asemejan a los que enfrentamos hace 30 años?
Debo admitir que hubo algunos avances, pero hay cosas que no han mejorado, más bien han sido regresivas, por ejemplo, el presupuesto al Órgano Judicial desde que nacimos como República hasta hoy ha sido ínfimo. Revela la poca disposición de quienes acceden al poder. Persiste el uso abusivo del sistema penal, a través de la detención preventiva como un mecanismo extorsivo.
Además, el Tribunal Constitucional al que se observó su exceso competencial, a mi juicio, ha generado varias de las crisis políticas del último tiempo.

¿Estamos en un momento propicio para hacer enmiendas a la Constitución?
Absolutamente. Creo que hay que recuperar el texto de la misma Constitución, que señala a los ciudadanos como titulares del poder constituyente y que muestra los caminos de reforma constitucional: el orden legislativo y las iniciativas ciudadanas.
Creo que los ciudadanos no dependen de que el Poder Ejecutivo, y menos de que el ministro de Justicia tenga o no la voluntad de generar una agenda de reformas. Me llama la atención que los medios, así lo reflejan, hagan depender las iniciativas y su seguimiento del ministro Iván Lima.
Los medios pueden indagar por qué no hay iniciativas que respalde el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca que han mantenido un silencio preocupante sobre el tema. La reforma solo podrá tener éxito solo si tiene consenso político. Si no hay esa voluntad de quienes ejercen el poder público no vamos a ir a ninguna parte. Yo reclamo por su indolencia porque con seminarios y charlas muy bonitas en la Vicepresidencia no vamos a ir a ninguna parte. 

¿Qué ocurrió para que la reforma judicial se enfoque en el Ministerio de Justicia?
En el debate sobre la independencia judicial en la región siempre fue motivo de discusión la creación de los ministerios de justicia y su papel. Yo estaba convencido, tanto que cuando fui presidente lo reduje a un viceministerio, que el Poder Ejecutivo tiene que tener ciertos límites en su intervención en el Órgano Judicial porque es el poder más independiente que existe y no tiene porqué recibir instrucciones de legisladores y menos de ministros.
Creo que el Ministerio de Justicia, sobre todo durante el gobierno del MAS, amplió esa potencia de ser el que toma la conducción de las reformas, la propiedad de los proyectos, la relación con los organismos de cooperación lo cual me parece inconducente y no contribuye a que el Órgano Judicial tome las iniciativas.
A mi juicio, la creación del Ministerio de Justicia con estas capacidades excede el entendimiento del respeto por la independencia del sistema judicial.

¿Qué se requiere para superar esta crisis?
Es un tema de voluntad política que debe encabezarla el presidente, el vicepresidente y la oposición debe secundar eso porque los ciudadanos, la academia y la gente que sufre las consecuencias de no tener este resguardo de justicia independiente, pronta y eficaz ya lo han hecho saber. Reclamo la falta de consistencia de nuestras autoridades en tomar acción.

¿El 2019 fue una época donde la crisis de la justicia estuvo en la cúspide?
El 2019 puso en evidencia que el Tribunal Constitucional ha contribuido con dos decisiones funestas del respeto al orden constituido y democrático. La primera, en el fallo que autorizó una reelección por considera un derecho humano, lo cual ha sido desmentido por la Corte IDH.
La otra decisión fue el comunicado del mismo Tribunal que da por bien hecha la sucesión de la senadora Jeanine Añez. Fue otro tropiezo gravísimo. Yo atribuyo a ese Tribunal una alta responsabilidad en la crisis política y también al Ministerio Público y al fiscal general del Estado.