El bloqueo instalado en San Julián, sobre la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, no solo mantiene paralizado el tránsito de camiones de alto tonelaje, cisternas y transporte interdepartamental. También se ha convertido en una zona de riesgo para la cobertura periodística, según los testimonios del periodista Juan Delgadillo y del fotoperiodista Juan Carlos Torrejón, ambos del grupo EL DEBER, quienes relataron —una vez que retornaron a Santa Cruz— que equipos de prensa fueron vigilados, interrogados e intimidados por personas movilizadas en motocicletas, algunas de ellas armadas.
Delgadillo y Torrejón retornaron el fin de semana a Santa Cruz después de permanecer varios días en la zona, incluso tras el intento fallido de desbloqueo del sábado 6 de junio, cuando manifestantes resistieron la acción policial con armas de fuego. En esa intervención, seis policías resultaron heridos, dos de ellos por impactos de bala.
Delgadillo explicó que los movilizados habilitaron en dos ocasiones cuartos intermedios de cuatro horas, entre las 04:00 y las 08:00, para permitir el paso de vehículos. Sin embargo, una vez concluido ese plazo, los puntos de bloqueo volvieron a cerrarse. En la ruta, relató, se observaron filas de camiones de hasta 10 kilómetros, con conductores que permanecen varados durante días, sin acceso regular a alimentos, agua, higiene ni atención médica.
“Solamente con lo que ellos llevan de provisión tienen que aguantar”, relató Delgadillo tras describir la situación de los transportistas que esperan sobre la carretera la apertura temporal del paso.
También señaló que algunas personas vinculadas con la protesta lucran con la necesidad de los pasajeros. Según su testimonio, quienes deben atravesar a pie los aproximadamente 10 kilómetros entre los puntos de bloqueo recurren a motociclistas que cobran Bs 10 por persona para trasladarlos de un extremo a otro. Después, en el segundo punto, otros vehículos recogen a los pasajeros para llevarlos hacia el Beni, la Chiquitania o Santa Cruz.
“Si están bloqueando, ¿por qué los mismos bloqueadores están trabajando en motos?”, cuestionó Delgadillo para reflejar la molestia de algunos afectados.
Vigilancia
La situación se agravó en los caminos alternos. Varios transportistas intentaron evitar el bloqueo por vías vecinales o propiedades privadas, lo que implica recorridos de hasta seis horas adicionales. Pero las lluvias deterioraron esos caminos y algunos vehículos quedaron enfangados. Además, el acceso a ciertas rutas estaría controlado con trancas y candados por comunarios de la zona.
Torrejón relató que el viernes por la mañana el equipo se constituyó entre la carretera de Los Troncos y San Julián con el objetivo de llegar a una ruta alterna donde, según reportes recibidos, había camiones varados y mercadería echándose a perder. Al llegar al lugar, encontraron una reja cerrada. Intentaron ingresar, pero les dijeron que no había llave, mientras otros vehículos también esperaban autorización para pasar.
El fotoperiodista contó que, mientras otros colegas realizaban entrevistas a pasajeros perjudicados por los bloqueos en buses, él, Delgadillo y un camarógrafo retrocedieron hacia la carretera para esperar en el vehículo con el que se desplazaron hasta esa zona. En ese momento, aparecieron motociclistas.
“Clarito se escuchó que dijeron: ahí están, ahí están”, relató Torrejón. Luego, uno de los motociclistas se acercó a preguntar de qué medios eran y quiénes estaban en el lugar.
Poco después llegó otro hombre en motocicleta. Torrejón, que se encontraba sentado en la camioneta, advirtió que llevaba una escopeta en la espalda. Se bajó del vehículo y logró tomarle una fotografía. Según su relato, una colega les informó después que el hombre les increpó de forma amenazante: “¿Qué hacen aquí? Muévanse de acá, muévanse de acá”.
Ante ese escenario, el equipo decidió retirarse de la zona y regresar a Cuatro Cañadas. Ya en ese punto, los periodistas recibieron un audio que circulaba entre personas vinculadas a los movilizados, en el que se advertía sobre una camioneta con vidrios negros y se sugería que sus ocupantes podían ser retenidos e interrogados porque eran confundidos con personal de inteligencia.
“Decían que cualquier rato los van a agarrar, que nos van a interrogar, porque pensaban que éramos de inteligencia”, relató Torrejón.
El fotoperiodista también señaló que no era la primera vez que percibían tareas de vigilancia. En días anteriores, mientras realizaban unidades móviles o registraban imágenes en inmediaciones de Emapa y otros puntos de la carretera, motociclistas pasaban cerca de los equipos de prensa y les tomaban fotografías.
Delgadillo también relató que, mientras intentaban verificar una de las rutas alternativas en la zona de Villa Paraíso, aparecieron motociclistas que comenzaron a vigilar a los periodistas. Según dijo, esas personas preguntaban qué medios estaban presentes y verificaban quiénes circulaban por el lugar. El equipo optó por retirarse al advertir que podía ser retenido bajo la sospecha de realizar tareas de inteligencia.
El antecedente inmediato fue el jueves 11 de junio, cuando un militar que no llevaba uniforme fue retenido por los movilizados y acusado de ejecutar labores de inteligencia. El uniformado estuvo retenido hasta que fue liberado tras una negociación en la que intervino la Gobernación de Santa Cruz.
“Llegó una moto y empezó a interrogar qué medios estábamos presentes. La camioneta en la que nos movilizábamos ya estaba totalmente identificada”, relató Delgadillo. Añadió que luego apareció otra motocicleta con una persona que portaba un arma en la espalda, lo que obligó a los equipos de prensa a abandonar la zona.
No es caso aislado
El caso no es aislado. La jefa de prensa de ATB, Noelia Flores, denunció ante la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa que un equipo de ese canal también fue interceptado en Villa Paraíso por un hombre armado, a bordo de una motocicleta, que llevaba una escopeta en la espalda y les gritó de forma amenazante: “¡Salga de acá!”.
Durante el operativo policial del 6 de junio, desconocidos con el rostro cubierto también asaltaron un vehículo de ATB, amenazaron al conductor con un arma blanca, lo obligaron a transportarlos y luego sustrajeron pertenencias personales y equipos.
La ruta bloqueada es estratégica porque vincula a Santa Cruz con Beni y permite el traslado de GLP, gasolina, diésel, ganado, insumos ganaderos y alimentos. El Gobierno nacional había identificado esta vía como prioritaria para garantizar el abastecimiento hacia Beni y también para abrir una conexión que permita llevar productos hacia La Paz, departamento que sufre desde hace más de 40 días un cerco con escasez de combustibles, alimentos y medicamentos.
El conflicto escaló desde demandas sectoriales hasta la exigencia de acortar el mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz, posesionado hace siete meses. Mientras tanto, el bloqueo de San Julián ya supera el mes y mantiene varados a transportistas que piden una solución definitiva.
Asfixia en el Beni
Desde Beni, el gobernador Jesús Égüez Rivero advirtió que su departamento está “asfixiado y estrangulado” por el corte de la carretera en San Julián y otros puntos de Santa Cruz. Aunque en territorio beniano no existen bloqueos, la región sufre la interrupción del flujo regular de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos productivos.
“El Beni no tiene bloqueo dentro del departamento, pero estamos sufriendo la asfixia por el bloqueo en Santa Cruz”, afirmó Égüez.
La autoridad departamental alertó que la crisis golpea a la agricultura, la ganadería, la minería, la exportación de castaña y el transporte de ganado. También señaló que el combustible llega racionado y que los surtidores reciben apenas cerca del 50% del cupo necesario para abastecer al departamento.
Egüez anunció que esta semana convocará a un encuentro departamental para evaluar nuevas acciones frente a la crisis y anticipó que se analizarán medidas legales contra quienes resulten responsables de los daños económicos provocados por los bloqueos.
“Buscaremos a los responsables para iniciar el proceso legal que corresponda y exigir el resarcimiento por estos daños profundos y tremendos que están causando al departamento del Beni”, sostuvo.