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La Cámara de Senadores sancionó esta madrugada la Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. Se trata de una norma que delega al Instituto Nacional de Estadística (INE) la difusión de información oficial del Estado.

La ley también crea la figura de “informantes” para recabar datos de casi todos los agentes naturales y jurídicos de la sociedad, señaló la senadora Cecilia Requena, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), en un contacto con EL DEBER.

El artículo cuarto de esa ley establece los sujetos que podrán entregar información al INE. “Es toda personal natural o jurídica, pública, privada o mixta, organizaciones autónomas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades religiosas y de creencias espirituales, organismos internacionales, agencias de cooperación y otras”, señala la norma.

De acuerdo con Requena, la norma indica que “el INE establece el formato y los plazos para que esa información sea entregada”. En caso de incumplimiento, se estipulan hasta 7.000 UFV (unos Bs 10.000) de multa para los sujetos nacionales.

La legisladora señaló que, en caso de entidades internacionales, se aplicarán otros mecanismos de control en coordinación con la Cancillería.

La ley es hipercentralista porque de manera transversal reserva para el nivel central del Estado y el INE la prerrogativa de divulgar datos oficiales, dejando de lado las iniciativas regionales y de gobernaciones que también producen estadísticas”, afirmó Requena.

La senadora consideró que está ley forma parte del “paquetazo” de leyes que promovió el Ejecutivo para ejercer “un mayor control del Estado sobre la sociedad”.

En el artículo 3, la norma señala como ámbito de aplicación a todo el territorio de Bolivia, incluyendo a entidades productoras de estadísticas oficiales; informantes y usuarios de las estadísticas. Además, la ley —en su artículo 5— establece el Secreto Estadístico.

“La información proporcionada por informantes no podrá ser revelada en forma individual y solo podrá ser publicada de norma anonimizada”, señala el cuerpo legal, que aclara que no podrá ser utilizada con propósitos tributarios, judiciales administrativos o policiales, aunque medie orden administrativa o judicial.

La normativa decreta atribuciones del INE, funciones del director ejecutivo y principios de la información estadística. “Hemos lamentado, durante el debate que la ley no contenga requisitos para ser titular de esta institución”, comentó Requena y recordó que el estatuto del MAS, en su artículo 67, establece que los cargos públicos están reservados al MAS.

La ley cuenta con 33 artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y una disposición final única. Tras cumplir con su tratamiento en el Legislativo fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

"Resulta que a los ciudadanos ya nos han sacado nuestro nombre de ciudadanos o persona jurídica o natural; somos informantes, somos testigos eficaces. Somos delatores los unos de los otros. Estamos en camino a ser un Estado policial", comentó luego la senadora Centa Rek (Creemos) sobre esta ley.

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