Santa Cruz asume el desafío de aportar con casi medio millón de firmas para reformar la justicia

“¡Basta de injusticia!” Así se llama la iniciativa ciudadana que busca reformar la justicia boliviana a través de un referéndum y para ello se requiere reunir 1,5 millones de firmas en todo el país, 460.000 en Santa Cruz. La campaña comenzó en la plaza 24 de Septiembre.

La primera en estampar su firma fue la periodista y politóloga Susana Seleme. Al hacerlo, ella animó a la ciudadanía a participar de la cruzada que apunta a despolitizar el sistema judicial y “evitar que sumen los presos políticos”.

También estuvo allí Roberto Tórrez Amusquivar, un ciudadano de 80 años que nació en Sucre y que vive en Santa Cruz desde hace 50 años. “Es importante participar porque tenemos que cuidar y velar por nuestro futuro y nuestra libertad”, afirmó.   

Rubén Darío Cuéllar, quien es parte del grupo de Juristas Independientes que puso en marcha la iniciativa, lamentó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya demorado en aprobar los libros con los que se recogerán las firmas que deben llegar al 20% del padrón electoral.

El lanzamiento de la iniciativa fue protagonizada por dirigentes cívicos, indígenas, juristas y activistas de plataformas ciudadanas que se harán cargo de llevar los libros a todo el departamento. Esta tarde, por ejemplo, se instalarán 20 mesas cerca del Cristo Redentor, donde tendrá lugar el cabildo.

“Asumimos el desafío a pesar de que este sea un procedimiento largo y tedioso, que es llenar a pulso estos libros y luego llenar estos mismos datos en una base de datos digital; lo vamos a hacer”, aseguró Cuéllar poco después de destacar la necesidad de llevar adelante esta reforma.

“Los ciudadanos no queremos una justicia corrupta, una justicia extorsiva, queremos una justicia real y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para logarlo”, anotó el abogado.

Hay un plazo de 90 días para llenar los libros notariados del TSE. Cada ciudadano debe detallar varios datos personales y luego imprimir las huellas digitales de sus dos dedos pulgares. Posteriormente, el Tribunal Constitucional debe validar las preguntas para que se realice el referéndum.

“Tuvimos sumo cuidado a través de la participación de destacados abogados constitucionalistas en todo el país de no afectar ninguna de las bases fundamentales del núcleo de la Constitución. Mantenemos el derecho de los ciudadanos a elegir magistrados, mantenemos la capacidad del Órgano Legislativo para seleccionar a los candidatos”, dijo Cuéllar.

Precisó que los cambios apuntan a la forma en la que se seleccionan candidatos. “Estamos cambiando la competencia del poder político, la asignación presupuestaria, estamos cambiando con la verdadera revitalización de la justicia indígena originaria y la creación de justicia de paz”, explicó el jurista.

La idea de la iniciativa ciudadana es llevar adelante la consulta ciudadana en todo el país antes de las lecciones de magistrados del Órgano Judicial. Actualmente, la selección de candidatos está en manos de la Asamblea Legislativa, cuyas decisiones están bajo el control del MAS.

“Ahora, si el Tribunal Constitucional se demora, se va a enfrentar a la decisión de más de un millón y medio de ciudadanos que le van a pedir cuentas. Las elecciones del Órgano Judicial se van a realizar no antes de noviembre y el referéndum debería realizarse, si se cumple la ley, en julio, máximo en agosto”, anotó.

Si la reforma judicial prospera, se ajustarán 15 artículos de la Constitución y se van a incorporar otros dos. Para ello se requiere de la aprobación de cuatro preguntas.

LAS PREGUNTAS

1. ¿Está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para garantizar una Justicia con jueces y magistrados independiente, imparciales, transformando radicalmente la selección y designación de estas autoridades, sobre la base de comprobación pública de la capacidad de la idoneidad y probidad de los postulantes?

2. ¿Está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para garantizar una asignación presupuestaria mínima, pero digna, al Órgano Judicial con un 3% de todo el presupuesto general, de forma anual y bajo la administración de un Consejo de la Magistratura reinstitucionalizado?

3. ¿Se debe reformar parcialmente o no la Constitución para garantizar que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de aplicación de su derecho consuetudinario?

4. ¿Está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para crear la justicia de paz, con jueces de paz en cada barrio de las ciudades que puedan resolver de manera oportuna pronta y efectiva los conflictos menores, sobre la base de la equidad, evitando la retardación de justicia, evitando los gastos innecesarios?