Se activan bloqueos y Gobierno anuncia retiro del proyecto de ley 280

La alianza multisectorial promovida por los gremiales tomará calles y avenidas de las principales ciudades del país. Piden que el Gobierno retire de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 280 porque “penaliza el derecho a la protesta”. Pero, el Gobierno reveló ayer que ya lo hizo.

“Hace 20 días se ha retirado el proyecto de ley 280 y actualmente se encuentra en pleno proceso de socialización, por lo tanto, mientras no se logre consenso con los diferentes sectores de la población, la Asamblea Legislativa no tratará el proyecto de ley”, afirmó el viceministro de defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, en una rueda de prensa, ayer al final de la tarde.

Jesús Cahuana, el principal ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, afirmó que no había sido informados con esa acción y que la norma estaba “congelada” en la Asamblea Legislativa. “Esa norma no está en el Ejecutivo, ya no está en su poder, ¿lo pasaron a la Asamblea? Por eso, la socialización que proponen es una mentira”, apuntó el dirigente gremial, quien reveló haberse reunido la semana pasada con el ministro de Justicia, Iván Lima, para abordar este tema. 

“Socializar no debería ser para pasar el visto bueno. Deberíamos tener la capacidad de hacer sugerencias, de plantear modificaciones. Pero, cómo se pueden hacer esos ajustes en la ley si ya está en el Legislativo", señaló Cahuana.

Confirmó, en ese sentido, las movilizaciones de protesta de hoy. Afirmó que cada región se organizará para expresar su rechazo a esta ley en función de los acuerdos que lograron con varios sectores, incluidos los cívicos.

“El viernes (por mañana) tenemos otra reunión con todos los otros sectores sociales y se va a masificar y puede haber presiones radicales para que el presidente retire ese proyecto”, anunció el dirigente. Aseguró que las leyes deberían ser debatidas con todos los sectores sociales. 

Con el proyecto de ley 280 para el “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, el Gobierno plantea elevar la pena por terrorismo de 20 a 25 años de prisión. La propuesta tiene dos artículos, pero modifica el Código Penal con un desarrollo legislativo, precisamente, respecto al alcance de este delito. 

El sector gremial y los cívicos aseguran que con eso se va a restringir el derecho de asumir medidas para reclamar derechos colectivos o reclamos al poder constituido.

A este sector se sumó ayer la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). El rector Vicente Cuéllar anunció que la institución académica se declaró “en estado de emergencia” y anunció que se sumarán a los bloqueos de hoy con “un plantón” que se desarrollará en segundo anillo. 

Además, anunció que el martes, tras el feriado por el Día del Trabajo, reunirá a todos los estamentos de la universidad para asumir medidas contra la forma en la que se constituyó la Gestora Pública. Recordó que presentó observaciones puntuales sobre este este aspecto al Gobierno.

Más temprano, en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, Cuéllar señaló que la reunión del 2 de mayo también servirá para reactivar el Comité Interinstitucional ante “el peligro de que el Gobierno trate de imponer leyes que nos a coartar derechos”. 

Dijo que, dado que los temas que se abordan son de interés nacional, también se invitará a instituciones de otros departamentos y que se limitará a un representante por cada institución. “Si queremos luchar por nuestros derechos, debemos estar unidos, no es momento de buscar división entre nosotros”, remarcó.

Al respecto, el viceministro Silva aseguró que la propuesta normativa “no vincula a comerciantes gremialistas ni transportistas” y negó que exista una sanción para estos sectores en caso que se den protestas sociales. Además, insistió que el tratamiento de esta ley está toralmente detenido.

Edgar Álvarez, de los gremiales de Santa Cruz, explicó que se buscó un acercamiento con el Gobierno. Lamentó que la “socialización” aún no llegó a su sector.

“Ahora cada departamento va a realizar el bloqueo de acuerdo con los usos y costumbre de cada departamento; algunos departamentos marcharán, otros bloquearán y es un mandato que se dio para que de manera orgánica podamos cumplir para reunirnos con los otros sectores; con transporte pesado, las juntas vecinales de Santa Cruz”, afirmó el dirigente de los comerciantes.