Se inhabilitaron candidatos a Defensor por tener militancia, denuncias en la justicia, o por falta de idiomas
Ocho candidatos no cumplían con ninguno de los 18 requisitos; otros 35 tenían denuncias de violencia intrafamiliar o denuncia penal
52 candidatos tenían militancia política, 51 no pudieron certificar conocimiento de dos idiomas oficiales y 35 postulantes resultaron tener a sus espaldas denuncias de violencia intrafamiliar o juicios penales; esos fueron los motivos de sus inhabilitaciones para ser Defensor del Pueblo. Este reporte se desprende de las conclusiones de la comisión Mixta de Constitución que analizó cada una de las postulaciones.
“Algunos solo presentaron fotocopias simples de sus documentos y en otros casos fue peor, solo había una carta dirigida a la Comisión con alguna propuesta de trabajo, que no podía considerarse serio”, resumió el presidente, senador Rubén Gutiérrez (MAS).
A la convocatoria de la Asamblea Legislativa para elegir a un nuevo Defensor del Pueblo se presentaron 198 candidatos, 126 quedaron en el camino y solo 72 cumplieron los 18 requisitos que exigía la convocatoria. Estos 126 inhabilitados salieron de esta competencia por no cumplir alguna o varias de las exigencias.
El caso más curioso es del primer candidato que se presentó a esta convocatoria, Cyborg Kanashiro, quien ya se presentó en tres oportunidades a este tipo de concursos y este candidato incumplió los 18 requisitos, porque debía presentar documentos originales y solo presentó fotocopias.
Como él, otros siete candidatos fueron separados de esta carrera por no cumplir ninguno de las 18 exigencias; otros 15 postulantes presentaron solo tres documentos: certificados de nacimiento, fotocopia de liberta de Servicio Militar y fotocopias del resto de documentos.
En el caso de los 35 candidatos excluidos por denuncias de violencia intrafamiliar o denuncia penal, establecido en el requisito 13, estos presentaron su declaración jurada indicando que no tenían procesos; sin embargo, la misma convocatoria establecía que la Comisión pediría informes a la Fiscalía. El senador Gutiérrez dijo que recibieron el informe sobre todas las personas que tuvieran casos abiertos o denuncias de violencia intrafamiliar, lo que provocó la inhabilitación.
Lo mismo sucedió para el requisito 9 que pide saber dos idiomas oficiales. En ese caso, muchos postulantes presentaron su declaración jurada o un certificado de algún instituto de idiomas; sin embargo, estos deberían tener autorización de una entidad estatal como la EGPP y al no tener aval, ese certificado carecía de valor.
El informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la militancia política también fue lapidario para los candidatos, pues estos tenían que presentar ese documento y la Comisión solicitó un ‘cruce de información’, lo que puso en evidencia a muchos exmilitantes de distintos partidos.
