Se inicia juicio contra López y Murillo por compra ilegal de gases lacrimógenos
La audiencia fue convocada en ausencia de ambos acusados. La Fiscalía solicitará la detención preventiva. La jueza que lleva el caso es la misma que se declaró competente para procesar a Jeanine Áñez y liberó a Evo del fraude electoral
Este viernes se realizará en La Paz una audiencia cautelar en contra de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, acusados de conducta antieconómica y de ocasionar daño económico al Estado. Ambos deben responder por la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos y armas no letales para la Policía durante la crisis política de noviembre de 2019, después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales por el fraude detectado por la OEA en las elecciones generales del 19 de octubre de ese año.
El acto fue convocado por la jueza tercera anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, a pesar de que el extitular de Gobierno se encuentra detenido en una cárcel federal de Miami acusado de conspiración y lavado de dinero por la adquisición, a través de una empresa estadounidense, de gases lacrimógenos con un sobreprecio de más de $us 2,6 millones. Por su lado, el exministro de Defensa está refugiado en Brasil, según fuentes oficiales.
“Se está solicitando la detención de los exministros por el lapso de seis meses porque se trata de una investigación compleja y el Ministerio Público requiere de este tiempo para realizar los actos investigativos necesarios, también en atención de que se trata de varias personas involucradas en el mismo caso”, dijo en conferencia de prensa la fiscal Anticorrupción de La Paz, Magaly Bustamante.
El 4 de junio de 2020 un grupo diputados del MAS presentó la denuncia en contra de los dos exministros que fueron convocados a declarar en agosto del mismo año. Ambos acusados deslindaron responsabilidades en esos hechos y en octubre salieron del país, antes de que Luis Arce asumiera la Presidencia del país.
La fiscal Bustamante explicó que hasta el momento fueron colectados varios elementos para acusar y llevar a cautelares a los acusados respecto de la compra presuntamente irregular de los gases lacrimógenos. Entre las pruebas figuran declaraciones testificales e informes legales que han sido emitidos por las instituciones legales.
El exministro Murillo se encuentra detenido en Miami, acusado junto a otras cuatro personas, incluido su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, de conspiración y lavado de dinero porque pagaron sobornos e hicieron pagos irregulares en Estados Unidos para adquirir, en Brasil, gases lacrimógenos y armas no letales. En la operación fueron desembolsados más de $us 5,6 millones que salieron de una cuenta del Banco Central de Bolivia, pero las autoridades estadounidenses determinaron que el costo del material era de $us 3,3 millones.
Mientras tanto, López se encuentra en Brasil. Este jueves, el comandante de la Policía, Johnny Aguilera, explicó que la institución trabaja en ubicar las figuras penales que “se traduzcan en un exhorto suplicatorio. La interpol se dedica a establecer el estatus migratorio y las condiciones que tiene de residencia en ese país. Para ello se genera una serie de alertas que forman parte de una comunidad de 132 naciones que obligan a los estados a brindar esa información”.
En ese sentido, complementó, que la Interpol envió un informe “de carácter formal que nos hace conocer que el señor exministro se encuentra en Brasil”. Explicó que uno de los requisitos para solicitar la extradición es que ambos países consideren como delitos los cometidos por la exautoridad.
Además, la Fiscalía abrió un proceso contra López, por los audios en los que menciona un supuesto plan de conspiración para evitar que Luis Arce asumiera la presidencia. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sostuvo que ese despacho podría constituirse en parte querellante y hará seguimiento a los avances de la investigación.
“El Ministerio Público ya ha iniciado un proceso de oficio. Estamos a la espera de los avances de investigación y si fuera necesario el Ministerio de Gobierno se va a convertir en parte querellante”, sostuvo la autoridad.
La jueza
La jueza Claudia Castro fue denunciada el martes por la defensa de Jeanine Áñez al declararse competente para iniciar un proceso en contra de la exmandataria por una denuncia de supuesta designación irregular de un funcionario en la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), cuando, en criterio de los defensores de la expresidenta, en este caso correspondía un juicio de responsabilidades porque la ahora detenida en la cárcel de Miraflores se encontraba en funciones de jefa de Estado.
Como antecedente, Castro emitió la resolución 408/2020 en la que ordenó la anulación y archivo de la investigación contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero y otros involucrados en el caso fraude electoral, proceso abierto a denuncia del expresidente Carlos Mesa. La resolución fue emitida el 23 de noviembre dentro del proceso que se investiga a los mencionados por los presuntos delitos de alteración u ocultación de resultados, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias.
