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El plazo que expuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para aplazar las elecciones, no fue el único, incluso la senadora Mirtha Arce (UD) propuso que el plazo debía ser hasta octubre. Las observaciones que tienen abogados y activistas quedaron desvirtuadas por los mismos senadores de ambos bandos.


“Yo incluso planteaba que el plazo sea octubre porque me parece que hasta ahí la situación podrá volver a cierta normalidad, mientras que el Tribunal (Supremo Electoral) pidió otros 120 días y el MAS decidió recortar a 90 días el plazo”, dijo la senadora tarijeña.


El MAS apresuró la sanción de la Ley de Postergación de Elecciones desde el miércoles cuando Diputados aprobó el proyecto de ley. El jueves 30 de abril, el Senado sesionó y el documento fue tratado de inmediato. Fue sancionado y remitido a las 21:00 de ese mismo día y después de recibir las observaciones del Ejecutivo decidieron rechazar las mismas y la presidenta de la Asamblea, Eva Copa, promulgó la ley.


El senador Efraín Chambi (MAS), dijo que ellos cumplieron con todo el procedimiento legal y recordó que la ley no establece una fecha de elecciones sino que fija un plazo para que sea el TSE el que ponga la fecha de los comicios, “lo mismo pusimos en la Ley de Convocatoria, fijamos un plazo y los vocales fijaron la fecha que era el 3 de mayo”, dijo.


Las observaciones


Los masistas aseguran que no se podía prolongar el tratamiento de la ley, porque la anterior norma mandaba a los vocales a realizar las elecciones el 3 de mayo, si no había ley, los vocales serían procesados por incumplimiento de deberes.


La premura de la Asamblea para tratar las observaciones del Ejecutivo, con respecto de la ley, fue otra de las observaciones. La senadora Arce dijo que en este tiempo de emergencia, todas las acciones del legislativo, o la mayoría de ellas, son consideradas “extraordinarias” y que una convocatoria a la Asamblea en estas condiciones no podría realizarse en toda la semana; por lo tanto, justificó el tratamiento de la norma observada.


La legitimidad e idoneidad del cargo de Eva Copa al frente de la Asamblea, también fue observada. Pero Arce dijo que ya hubo otras convocatorias de esta instancia a cargo de la senadora del MAS y que nunca nadie objetó la legitimidad e idoneidad.


El senador Chambi recordó el artículo 4 del reglamento de debates de la Asamblea. La suplencia a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Legislativa, la ejercerán la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Senadores y la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación”, señala el texto de este reglamento.  


Con respecto de la vulneración de derechos de los nuevos electores que pueden surgir hasta las elecciones de julio o agosto, fue el especialista en temas electorales, Paul Antonio Coca, quien recordó que este proceso electoral está postergado y no suspendido.


Explicó que ya hubo una situación similar en el país en dos procesos electorales, en 1985 cuando se eligió por primera vez a alcaldes y se tuvo que unir las dos elecciones en un solo proceso. En ese caso también se postergó y no se modificó el calendario.


El otro caso, fue el de 2005 cuando se convocó a elecciones, pero la pelea regional por los escaños parlamentarios llevó a postergar las elecciones, sin que surjan reclamos de derechos vulnerados porque el país, en ese entonces, vivía una coyuntura política compleja; lo mismo que ahora ocurre con la emergencia sanitaria.


Recurrir al Tribunal Constitucional


El abogado constitucionalista, Ricardo Maldonado, dijo que el camino para invalidar la aplicación de esta ley es recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que puede interpretar la norma.


Sin embargo, la senadora Arce alertó sobre la posibilidad de que la Asamblea tenga que abordar de nuevo esta ley. “Toda ley siempre se puede modificar y nadie puede decir que en julio o agosto haya terminado la emergencia. Si la situación empeora o sigue como ahora, la Asamblea no tendrá más remedio que volverse a reunir y alterar de nuevo el plazo, eso es seguro”, adelantó.