La industria forestal boliviana atraviesa la crisis exportadora más profunda de su historia reciente. Las ventas al exterior registradas durante el segundo trimestre de 2026 cayeron un 66,1% respecto al mismo período de 2024, considerado el último año de operación normal para el sector, con pérdidas superiores a los 16 millones de dólares. El desplome, según la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), incluso supera los niveles registrados durante la etapa más crítica de la pandemia del Covid-19.
El origen de la crisis se remonta a la difusión de una investigación iniciada por autoridades chilenas sobre presuntos envíos de madera procedente de Bolivia que habrían contenido sustancias controladas. A partir de ese momento, las cargas forestales destinadas a la exportación comenzaron a ser sometidas a procedimientos extraordinarios de inspección y análisis, lo que provocó demoras superiores a los 20 días para la obtención de resultados de laboratorio y, en la práctica, la paralización de buena parte de los despachos al exterior.
Las cifras reflejan la magnitud del impacto. En mayo de este año las exportaciones alcanzaron apenas 1,88 millones de dólares, prácticamente el mismo nivel registrado en mayo de 2020, cuando las restricciones sanitarias mantenían paralizada gran parte de la economía. La situación se agravó en junio: los datos preliminares muestran exportaciones por poco más de 1,16 millones de dólares, muy por debajo de los 4,23 millones de dólares registrados en junio de 2020.
"La actividad forestal está atravesando un escenario más complejo que el vivido durante la pandemia", afirmó Pedro Colanzi, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia.
La entidad recordó que la cadena forestal sostiene más de 200.000 empleos directos e indirectos en todo el país y constituye una de las principales fuentes de ingresos para comunidades forestales, transportistas, operadores logísticos, carpinteros y pequeñas empresas vinculadas a la transformación y comercialización de la madera.
Según estimaciones de la institución, basadas en estudios del Ministerio de Economía, la contracción de las exportaciones durante el segundo trimestre genera un efecto multiplicador negativo superior a los 183 millones de bolivianos sobre la actividad económica, con repercusiones que alcanzan a toda la cadena productiva.
La CFB sostiene que el escenario actual es el resultado de una acumulación de factores que golpearon al sector durante los últimos meses. Entre ellos menciona las restricciones logísticas, la escasez de combustibles, los bloqueos de carreteras y, más recientemente, la paralización de las exportaciones derivada de los procedimientos implementados tras conocerse la investigación sobre cargamentos de productos forestales.
Mientras tanto, alrededor de 60 contenedores permanecen retenidos en el puerto de Arica, a la espera de la conclusión de los análisis de laboratorio. Hasta la fecha tampoco se conocen oficialmente los resultados de las investigaciones desarrolladas por las autoridades bolivianas ni se ha conformado la comisión internacional de verificación anunciada semanas atrás.
Ante ese panorama, la Cámara Forestal informó que el pasado 3 de julio remitió cartas a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Gobierno y a las instituciones responsables de la investigación, el control y la fiscalización de las exportaciones, solicitando la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional.
La propuesta busca fortalecer la coordinación entre las entidades involucradas, agilizar los procedimientos técnicos y administrativos y permitir que las investigaciones avancen sin paralizar el comercio legal. El sector espera una respuesta inmediata, al considerar que se encuentra en plena temporada de producción y que cada día de retraso incrementa las pérdidas económicas, compromete nuevas fuentes de empleo y deteriora la confianza de los mercados internacionales en los productos forestales bolivianos.
"Bolivia necesita demostrar que puede investigar con todo el rigor que corresponde y, al mismo tiempo, proteger el trabajo, las exportaciones y la confianza en un sector que genera más de 200.000 empleos. Ese es el desafío que hoy tenemos como país", sostuvo Colanzi.