El gobernador hizo un intenso lobby con autoridades originarias de la región y con legisladores del MAS. Prometió proyectos a varios sectores y volvió a pedir disculpas a la prensa. Se excusó de ir a la Fiscalía

11 de febrero de 2022, 8:45 AM
11 de febrero de 2022, 8:45 AM

Sube la presión para que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, se aleje del cargo a raíz de la compra irregular de las 41 ambulancias para cada municipio del departamento. Los campesinos nortepotosinos llegaron ayer hasta La Paz para expresar su molestia y anunciaron un bloqueo de caminos a partir del lunes 14 de febrero. La Asamblea Departamental analizará este caso hoy.

“Por ética debería renunciar. Uno, por hacer quedar mal departamento, por hacer quedar al mal instrumento y dos, por hacer quedar mal binomio de Luis Arce y David Choquehuanca. Creo que en ningún lugar podemos tolerar la corrupción. ¿Dónde están las ambulancias?”, preguntó ayer Ambrosio Anarata Beltrán, dirigente de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí.

Anarata sostuvo que hay “una decisión orgánica” para ejecutar el bloqueo departamental de caminos. “Que Mamani aclare sus denuncias, pero no desde su oficina de gobernador; eso es lo más ético. Que dé el ejemplo, que demuestre que tiene la ética para ser parte del MAS”, afirmó.

La medida de presión debería comenzar ayer, pero los campesinos optaron por demorarla hasta conocer el pronunciamiento formal de la Asamblea Legislativa Departamental que sesionará desde las 10:00 de este viernes, de manera extraordinaria, para tratar las irregularidades en la compra de 41 ambulancias a una empresa de reciente creación por un monto de Bs 20,5 millones. Mamani firmó ese contrato.

Estefals Logistics, la empresa con la que la Gobernación potosina cerró el trato, usó un Número de Identificación Tributaria (NIT) “prestado” y adquirió los motorizados de un “proveedor” de vehículos Toyota ubicado en Dubái.

Los vehículos adquiridos tienen un motor de tecnología Euro-5 que no se emplea en el país y son “reacondicionados”, de manera que su ingreso estaba previsto a través de la Zona Franca Industrial de Patacamaya, donde el impuesto es menor para el Estado.

El precio por cada unidad es de Bs 500.000 o $us 72.000, un monto mayor a la oferta de las importadoras que tienen relación directa con los fabricantes de vehículos, según pudo conocer EL DEBER.

La empresa, según un acta firmada por personal de la Gobernación, “entregó” los motorizados el 31 de diciembre de 2021. No obstante, los vehículos no llegaron. Ese día, se generó un orden de pago que luego fue revertida.

La asambleísta que representa Villazón, Silvana Yáñez, anunció que en la sesión de hoy se conocerá el informe de la comisión que analizó las irregularidades. Detalló que en la investigación “se llegó hasta las oficinas de varios funcionarios que tuvieron que ver con el proceso de contratación”.

Azucena Fuertes, asambleísta del reducido bloque de oposición regional, también confirmó esa convocatoria y espera que la investigación refleje con claridad “la magnitud de las irregularidades”.

Mamani, por su lado, se reunió con representantes originarios de varios sectores del departamento, así como con asambleístas de su partido, tras el anuncio de movilizaciones en su contra. El lobby se intensificó ayer durante una reunión con representantes de varios municipios, quienes luego expresaron el respaldo a la autoridad. Además, volvió a disculparse con los periodistas por el “carajazo” del pasado 2 de febrero.

Por su lado, Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista, denunció que Mamani se excusó dos veces de declarar en la Fiscalía. “Dijo que estaba enfermo y luego que viajó y por eso este caso está demorando mucho”, apuntó.