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Rosario Canedo, abogada del exministro de Salud Marcelo Navajas, advirtió que quedan solo tres días para que el Gobierno pueda disolver el contrato que hizo la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud, para la compra de 170 respiradores, supuestamente con sobreprecio.

“Si no estamos de acuerdo con los equipos, lo que se puede hacer es disolver el contrato y pedir la devolución inmediata (de los recursos que se pagaron). Son normas de la Comunidad Europea. Pueden devolver ese dinero al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que es el que ha pagado. Y en estos momentos no sirven porque faltan artefactos esenciales, como las baterías que no las han mandado porque no se les habría pagado el 50%”, señaló a EL DEBER la abogada Canedo.

Indicó que, si no se disuelve el contrato -como es la prerrogativa de las autoridades del Gobierno-, hasta el 29 de mayo, el Estado incurriría en incumplimiento de deberes.

Contrato está en manos de la Fiscalía

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró a EL DEBER, que la disolución se la está coordinando con Aisem, que fue la entidad que pidió al BID que compre esos aparatos médicos. Sin embargo, la documentación original se encuentra en manos del Ministerio Público, a raíz de la investigación al personal que estuvo involucrado en la compra de los equipos.

“Lamentablemente, toda esa documentación ha sido secuestrada por el Ministerio Público”, aseguró. Se consultó al Ministerio de Salud sobre esta situación, pero no hubo respuesta. El director general de Aisem, Geovanni Pacheco se encuentra con detención preventiva por este caso.

Aisem es la responsable

El DEBER consultó también al procurador General del Estado, José María Cabrera, sobre la responsabilidad del cumplimiento del contrato y apuntó a los funcionarios de Aisem.

“La responsabilidad y la titularidad por la ejecución del cumplimiento y las controversias por esta adquisición de los respiradores, le corresponde a la Aisem. Se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, para los fines de fiscalización que el que tiene que asumir el control de ese contrato es la propia Aisem. Ninguna otra entidad del Estado. La Procuraduría está monitoreando el cumplimiento de esa responsabilidad por parte de esta entidad del Estado”, explicó el procurador José María Cabrera.