Según Gobierno, los decretos derogados crearon déficit fiscal de Bs 593 millones; empresarios censuran la medida
Los decretos anulados son, el 4272, 4198, 4211, 4298, 4139, 4181, además del 4339 que fue suprimido parcialmente
Mientras el Gobierno afirma que los seis decretos firmados por Jeanine Áñez y derogados en el último Gabinete ocasionaron un déficit fiscal que alcanzaría a Bs 593 millones; los empresarios afirman que recortar las exportaciones provocará mayor crisis y perjudicará a los pequeños productores.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, detalló que fueron seis normas las que se derogaron en esta sesión de gabinete. Los decretos 4198, 4211 y 4298 provocaron el “sacrificio fiscal enorme por la implementación del incentivo tributario, el diferimiento de gravamen arancelario, el diferimiento del IVA y la deuda tributaria".
“Con el diferimiento del pago del IVA de este año, se ha generado una deuda tributaria de Bs 525 millones, por la otorgación de facilidades de pago en el gravamen arancelario, tributos pendientes que alcanzó a Bs 68 millones, haciendo un total, a noviembre de 2019, de Bs 593 millones", detalló el ministro de Economía en conferencia de prensa.
Pero el ex presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, José Alberti, afirmó que en este tiempo de crisis lo que el país necesita es exportar más y que estos recortes lo único que generan es problemas para los pequeños productores.
A media máquina
“La agroindustria que abastece el mercado tiene una capacidad de producción de entre 55 a 60 %, entonces no se está aprovechando toda la capacidad que tienen los empresarios y estamos cayendo en esta política de controlar a los productores y los precios”, replicó el experto.
En su opinión en este momento, Bolivia necesita un programa agresivo de reactivación económica y que estos recortes ponen cortapisas a los pequeños productores principalmente porque tendrán más limitaciones a la hora de vender a un precio interesante a la industria porque estos no tendrán un incentivo para colocar esos productos en los mercados internacionales.
Aseguró que el Gobierno tomó sus propias medidas de forma unilateral y que nunca fueron consultados sobre estos cambios que realizarían, “lo que debía hacer es llamar a los productores, a la agroindustria para sentarse y ver la mejor solución y no hacerlo de forma unilateral, eso demuestra la poca confianza que tiene en los agentes económicos”.
En su análisis, la abrogación provocará de nuevo el retorno de la burocracia y el peregrinaje que realizaban los empresarios hasta antes que Jeanine Áñez decidiera promulgar esas normas. Esta burocracia, dijo Alberti, provoca costos a los empresarios y cuando llegan a mercados internacionales no tienen precios competitivos ya que en otros países los empresarios tienen incentivos para las exportaciones.
De ese modo, añadió, se incentivará el contrabando de productos porque los precios no pueden competir ni siquiera con los de los países vecinos. Este problema se agrava porque no existe el suficiente control en las fronteras que tiene Bolivia con sus cinco vecinos.
Recuperar tributos
La teoría del Gobierno es simple, afirma que con la supresión de los decretos volverán parte de las recaudaciones que tenían, “la idea es que el Estado tenga un método de financiamiento genuino que son los tributos”.
Esa fórmula permitirá dejar recursos más amplios para la inversión pública que es la idea fundamental, además de apoyar a la recuperación de las empresas públicas. Relató que en el caso de la fábrica de urea, la pérdida es de Bs 252 millones por la mala administración. “Se ha quemado una turbina, de paso han querido arreglar, hemos perdido el seguro, nos han generado un daño enorme que significará de 2 a 3 meses de dinero no percibido por el Estado”, manifestó Montenegro.
