Seis de ocho ministros de la cartera de Desarrollo Rural fueron acusados de corrupción

Cuatro de los seis ministros de Desarrollo Rural durante el gobierno de Evo Morales y los dos del corto período de Luis Arce salieron con denuncias de corrupción. Casi todos estuvieron o están entre rejas.

Solamente Susana Rivero y Carlos Romero se salvaron. Hugo Salvatierra, Julia Ramos, Nemesia Achacollo y César Cocarico fueron acusados y tres de ellos estuvieron encarcelados.

Mientras, en el período presidencial de cinco meses de Luis Arce Catacora (asumió en noviembre de 2020), dos dirigentes interculturales han salido mal de esa repartición del Estado. Wilson Cáceres estuvo solo 22 días en el cargo. Fue acusado de nepotismo y de maltrato a los funcionarios.

Su sucesor, Edwin Characayo, asumió funciones a principios de diciembre del año pasado. Esta semana fue detenido en la ciudad de La Paz después de recibir $us 20.000 en un café del céntrico paseo El Prado, como parte de una presunta coima de $us 380.000 para apurar un proceso de saneamiento de tierras en Santa Cruz.

El caso generó estupor. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que, de acuerdo a la denuncia contra la exautoridad, los dirigentes de comunidades interculturales (que pusieron a Characayo en el Gobierno) iban a recibir $us 200.000 por la presunta extorsión y pidió a los dirigentes de ese sector social que aclaren ese caso.

Los hechos

Durante el gobierno de Evo Morales, el primer ministro de Desarrollo rural y agropecuario, desde que asumió el mando desde el 23 de enero de 2006 hasta el 2007 fue Hugo Salvatierra.

Una auditoría realizada por su sucesora, la entonces ministra y luego diputada por el MAS Susana Rivero, detectó presunto incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica atribuida al exministro Salvatierra que, junto a algunos de sus colaboradores, supuestamente entregaron tractores a una población cruceña, pero esa maquinaria nunca llegó a su destino, ni cumplió con la finalidad para la que fue comprada.

El valor de los 99 tractores FIAT era de Bs 924.000. Debieron ser destinados a organizaciones sociales de personas que habían sufrido los efectos del desastre natural de 2006. El saldo por cobrar es de Bs 581.000 y ese fue el monto del daño económico causado por este hecho.

El proceso contra Hugo Salvatierra fue remitido por el Órgano Judicial al Parlamento hace más de 10 años; sin embargo, desde entonces, la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el MAS no debatió el tema. El poder legislativo tendría que autorizar el inicio del juicio.

Sin embargo, este viernes, el diputado nacional y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Rolando Cuéllar, presentó un memorial en Sucre para exigir a la Fiscalía General que reactive la denuncia del caso de los 99 tractores en contra del exministro Hugo Salvatierra, padre de la exsenadora y excandidata a la alcaldía cruceña, Adriana Salvatierra.

El diputado Cuéllar anunció que los nuevos diputados reactivarán las denuncias de corrupción contra la “vieja rosca” del MAS que hace mucho daño al país. “Como autoridad fiscalizadora requerimos al fiscal general (Juan Lanchipa) que nos remita fotocopias legalizadas del expediente y pedimos reabrir el proceso de los tractores contra el exministro Salvatierra. No puede quedar en la impunidad cuando hay daño económico al Estado que no prescribe y por eso aplicaremos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, sostuvo.

Cuéllar dijo que acudirá también a la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que este caso no quede en la impunidad.

El diputado oficialista anunció que habrá otros casos de investigación sobre la actuación de la “vieja rosca” del MAS que tiene que ser procesada. Mencionó al exvicepresidente Álvaro García Linera, a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.

Otros casos

Después de la salida de Hugo Salvatierra, en 2007, la cartera de Desarrollo Rural y Tierras tuvo posteriormente cinco ministros. Del 23 de enero de 2007 al 8 de septiembre de 2008 esa cartera de Estado fue manejada por Susana Rivero Guzmán, quien fue la acusadora de Salvatierra, pero luego se olvidó del tema cuando asumió como diputada del MAS, partido que tenía los dos tercios en la Asamblea Legislativa.

Del 8 de septiembre de 2008 a la misma fecha del 2009, el ministerio fue conducido por Carlos Romero Bonifaz, que después asumió como titular en el Ministerio de Gobierno. Luego, del 8 de febrero de 2009 al 23 de enero de 2010, por Julia Damiana Ramos; del 23 de enero de 2010 al 31 de agosto de 2015, por Nemesia Achacollo, ambas dirigentes de las bartolinas.

Ramos y Achacollo fueron acusadas y procesadas por el desvío de recursos del Fondo Indígena (Fondioc), que, según las investigaciones, registró un daño económico al Estado estimado en Bs 200 millones.

Por este caso, Achacollo estuvo detenida en el penal de Miraflores, mienra que Ramos permaneció recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, de la ciudad de La Paz, acusadas por el desfalco.

El caso consistió en que se depositaron diferentes montos de dinero en cuentas privadas de dirigentes de los movimientos sociales afines al MAS para la realización de, al menos, 50 proyectos que serían financiados con recursos provenientes del Fondo Indígena, que en muchos casos ni siquiera se iniciaron.

El 2 de diciembre de 2015, después de cinco días de permanencia en celdas judiciales, la ex ministra de Justicia y dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Julia Ramos, fue enviada a la cárcel con detención preventiva por este caso de corrupción porque supuestamente manejó dos proyectos, y aprobó otros nueve, cuando era parte del Directorio del Fondioc.

El 11 de agosto de 2016, la exministra Nemesia Achacollo fue recluida en la cárcel de Miraflores, tras cinco días de estar en celdas judiciales sin que la Justicia pudiera cumplir con su traslado a un penal de Santa Cruz, presuntamente por falta de recursos económicos.

La Fiscalía la acusó de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Presidió hasta el 2015 el directorio Fondioc, que se financiaba con recursos de un impuesto cobrado a las petroleras y en el que se hallaron fraudes económicos. En ese directorio también estaba el entonces ministro de Economía y hoy presidente, Luis Arce Catacora.

Achacollo fue acusada por considerarse que actuó con pasividad a pesar de tener conocimiento de las irregularidades que se cometían en varios proyectos que fueron financiados, pero no se concretaron. Por este caso estuvieron detenidas unas 30 personas, entre ellos dirigentes del oficialismo y líderes indígenas.

Del 31 de agosto de 2015 al 10 de noviembre de 2019, asumió esa cartera el ministro César Cocarico y su gestión también tuvo denuncias de corrupción.

El 22 de febrero de 2020 fue enviado a prisión por los presuntos delitos de ejercicio indebido de la profesión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y anticipación o prolongación de funciones. Fue indagado por la designación irregular e ilegal de Juan Carlos León como titular del INRA, quien no tenía título de licenciatura ni experiencia para ocupar ese cargo.

Cocarico explicó que el exministro no designó a León como director del INRA, pues lo hizo el expresidente Evo Morales y fue “bajo las normas vigentes”.