El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM) remitieron a la Cámara de Diputados seis proyectos de ley destinados a modernizar el sistema judicial, fortalecer su independencia financiera y generar nuevas fuentes de recursos. Sin embargo, hasta la fecha ninguna de las propuestas fue tratada por la comisión correspondiente y todas permanecen pendientes.
Cuatro iniciativas fueron entregadas en marzo por el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, al titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. Las otras dos fueron presentadas en abril por el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, y recibidas oficialmente por Diputados el 8 de mayo.
Después de más de dos meses sin avances, el Órgano Judicial conminó al Legislativo a revisar y aprobar las propuestas. De no existir una respuesta, sus autoridades advirtieron que podrían recurrir a medidas de presión, entre ellas paros escalonados.
Independencia presupuestaria
Uno de los proyectos centrales del TSJ es el 441, que plantea modificar la Ley 025 del Órgano Judicial para garantizar su independencia financiera y presupuestaria.
La propuesta establece que el Presupuesto General del Estado (PGE) asigne cada año un mínimo del 5% al funcionamiento, fortalecimiento institucional y modernización de la administración judicial.
Saucedo afirmó que actualmente el Órgano Judicial recibe apenas el 0,35% del presupuesto nacional, monto que considera insuficiente para atender las necesidades del sistema.
Bs 106 millones para digitalizar la Justicia
El proyecto de ley 440 propone crear un mecanismo de financiamiento para la modernización tecnológica del sistema judicial. Su objetivo es avanzar hacia el “uso cero de papel”, agilizar los trámites, reducir los cobros irregulares y eliminar obstáculos de la normativa procesal.
De acuerdo con el presidente del TSJ, la transformación tecnológica requiere Bs 106 millones. El planteamiento es que esos recursos provengan, de manera excepcional y por única vez, del Impuesto a los Consumos Específicos, que recauda aproximadamente Bs 200 millones al año.
“No le pedimos más al Estado boliviano. Reitero: los Bs 106 millones serían de manera excepcional y por única vez”, explicó Saucedo.
Depósitos judiciales sin reclamar
La tercera iniciativa es el proyecto 438, denominado Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.
La norma busca mejorar la administración de esos recursos, evitar que permanezcan inmovilizados indefinidamente en cuentas judiciales y fortalecer las finanzas del Órgano Judicial.
La propuesta establece que los depósitos cuya devolución haya sido ordenada, pero que no sean reclamados por las partes durante cinco años, pasen a formar parte de los recursos propios de la institución.
“Lo que proponemos es que, si después de cinco años de haberse ordenado la devolución las partes no reclaman esos depósitos, estos pasen a formar parte de los recursos propios del Órgano Judicial”, explicó Saucedo.
Juicios de responsabilidades y doble instancia
El cuarto proyecto presentado por el TSJ es el 493, que modifica la Ley 044, del 8 de octubre de 2010, referida al juzgamiento de altas autoridades mediante juicios de responsabilidades.
La propuesta busca restablecer la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para tramitar estos procesos, después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera, el 20 de noviembre de 2024, la Sentencia Constitucional 075/2024.
Ese fallo restringió la continuidad de los juicios de responsabilidades debido a que la norma vigente no garantiza la doble instancia, es decir, la posibilidad de que una sentencia sea revisada por una autoridad judicial superior.
Saucedo señaló que el proyecto subsana esa observación y también incorpora los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Arboleda Gómez versus Colombia, de 2024.
Cambios al régimen disciplinario
El Consejo de la Magistratura presentó otros dos proyectos. El primero es el 459, que propone eliminar la participación de jueces ciudadanos en los tribunales disciplinarios y modificar el procedimiento aplicable a las faltas gravísimas y sus sanciones.
Actualmente, para procesar administrativamente a jueces denunciados por faltas graves se debe convocar a jueces ciudadanos para integrar el Tribunal Disciplinario. Según Spencer, este mecanismo demora las causas y puede extenderlas durante varios años.
“No se puede dar una respuesta en un plazo breve y los procesos llegan a durar uno, dos, tres y hasta cinco años sin sentencia. Queremos retirar a los jueces ciudadanos y que el Tribunal Disciplinario determine directamente las faltas gravísimas para destituir a una autoridad judicial”, explicó a EL DEBER.
La propuesta plantea ampliar las competencias de los jueces disciplinarios para agilizar los procesos y resolver con mayor rapidez las denuncias contra servidores judiciales.
Martilleros bajo dependencia judicial
El segundo proyecto del Consejo de la Magistratura es el 458, que modifica los artículos 418 y 428 del Código Procesal Civil para cambiar la figura del martillero judicial y el sistema de pago por sus servicios.
La propuesta establece que los martilleros pasen a ser funcionarios del Consejo de la Magistratura y dejen de operar como particulares o integrantes de firmas privadas.
El objetivo es que los recursos generados por los remates judiciales ingresen directamente a las arcas del Órgano Judicial.
“Que los martilleros sean parte del Órgano Judicial y que los recursos que ahora recibe un privado por los remates vayan a la institución”, explicó Spencer.
Según el presidente del Consejo de la Magistratura, un estudio técnico determinó que el sistema es viable y sostenible. Los ingresos obtenidos permitirían contratar a más de 300 jueces.
El martillero judicial es la persona encargada de dirigir las subastas públicas o remates de bienes muebles e inmuebles ordenados por una autoridad jurisdiccional.
Mientras las autoridades judiciales reclaman presupuesto y reformas, los seis proyectos continúan sin fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados.